- A la funcionaria le retiraron su facultad como representante legal del ayuntamiento
- Acusa represalias por respaldar a víctima de agresión sexual que acusa a asesor amigo del edil
02 de agosto/ Cancún, Q. Roo.- La sindico de Bacalar, Vanessa Piña, denunció hoy en Cancún actos de Violencia Política de Género y violaciones a la Constitución y a la Ley de los Municipios, cometidos en su agravio por el alcalde de aquella demarcación, José “Chepe” Contreras e integrantes del Cabildo.
El edil y el cuerpo cabildar votaron para retirarle –indebidamente– sus facultades legales como representante jurídica del ayuntamiento, luego de siete meses de presiones y hostigamiento laboral.
En conferencia de prensa, la funcionaria expuso que el 11 de julio el edil convocó a una sesión de precabildeo en la cual fue informada de que le sería revocada la representación jurídica de Bacalar, una facultad inherente a su cargo, que no puede ser cancelada por el cuerpo cabildar.
Sin embargo, en fast track, tan solo una hora después, siete regidores votaron a favor de degradar su función, violentando así la Constitución y la Ley de los Municipios.
Ante ello, la sindico interpuso un recurso ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) para defender sus derechos políticos y combatir el acto del Cabildo.
Además anunció que presentará una denuncia ante el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) en contra del alcalde, por el delito de Violencia Política contra la Mujer por Razón de Género, pues durante siete meses ha sufrido “represalias” por no ceder a las imposiciones del “Chepe” Contreras Méndez.
En aquella sesión extraordinaria, el Cabildo le retiró la facultad mencionada, con base en el artículo 66 del Reglamento Interior de los Municipios, bajo el argumento de haber violentado la Ley General de Responsabilidades, al negarse a firmar documentos de la cuenta pública del cuarto trimestre del 2021 y del primer trimestre del 2022.
También se habría negado a signar un documento para que fuese la Dirección Jurídica la que ostentase la representación legal de la comuna, en dos juicios laborales. Además, se habría resistido a firmar observaciones realizadas por auditorias externas.
En un hecho inédito, el Cabildo decidió que una regidora –Rosa García González– sería depositaria de las facultades retiradas a la sindico, como representante legal del municipio. La funcionaria la ubicó como “incondicional” del alcalde.
“El Chepe Contreras pretende tener una sindicatura de adorno, de membrete; una sindicatura que calladita se vea más bonita”, manifestó.
Luego de que Piña recurriera al TEQROO, éste emitió una serie de medidas de protección el pasado 20 de julio, que deben acatar el alcalde y el Cabildo, con el fin de inhibir conductas que puedan lesionar los derechos humanos y el correcto ejercicio del cargo que ostenta la síndico.
El origen de la vendeta –explicó Vanessa Piña– se remonta a diciembre del 2021, cuando una empleada encargada de la limpieza del Palacio municipal, le notificó que había sido víctima de una agresión sexual por parte de Arturo Calderón Gómez, un asesor “y amigo” de “Chepe” Contreras.
La sindico la llevó a la Contraloría para denunciar lo sucedido, pero nada pasó, debido a que el agresor es protegido por la administración del edil, debido a la relación de amistad que existe entre ambos, atribuyó la funcionaria. La víctima acudió entonces a denunciar ante la Fiscalía General del estado.
“Lo que le incomodó fue que le dé acompañamiento a una trabajadora de limpieza del municipio que señala como su agresor sexual a un amigo y asesor de la presidencia. Esa fue la molestia principal, puesto que la indicación era dejar pasar el tema”, sostuvo.
Las represalias inmediatas ante su desobediencia fueron que le retiraron personal en la sindicatura; a un familiar le mandaron una inspección, le clausuraron el negocio y para levantar la medida le indicaron que debía llamarle al edil para pedírselo como un favor.
A pregunta expresa, la sindico señaló que la víctima de agresión sexual se desistió de la denuncia, por miedo y se mantiene en la plantilla laboral de Bacalar.
Reprueban Violencia Política de Género
La queja expresada por la sindico fue acompañada por el Colectivo 50+1 de Quintana Roo, que pidió la intervención del gobernador, Carlos Joaquín González, para garantizar su seguridad y que la Fiscalía General del estado (FGE) analice con perspectiva de género las carpetas y expedientes del caso.
También se exigió a la Contraloría municipal a conducirse con respeto y apego al debido proceso, además de garantizar que la funcionaria cuente con herramientas, personal, documentación e infraestructura necesaria para que pueda cumplir con sus funciones.
“En este caso, se trasgrede la Constitución y las leyes electorales al justificar un asunto con argucias ilegales para arrebatarle y degradar a una representante popular, electa, por igual que el alcalde José Contreras y todo su Cabildo, usando el poder presidencial autoritariamente”, expresó Ludivina Menchaca Castellanos, presidenta de la agrupación.
Rosa María Márquez, integrante del Colectivo 50+1, consideró que lo que evidencia el caso es que “a capricho de alguna autoridad municipal, te quito, te pongo, te doy o no te doy”.
También mencionó que ha crecido la versión de que en Bacalar existen actividades de abuso de poder, de acoso y hostigamiento sexual en el área laboral y remarcó que el hecho de que una mujer que denunció haber sido víctima de violencia sexual por parte de alguien ligado a la administración, y luego se desdiga, “evidencia muchas cosas”, como el retractarse al ver cómo ha sido castigada la síndico.
“En este sentido, la Fiscalía del estado deberá de hacer las investigaciones correspondientes”, sostuvo, al señalar que en cuanto a la sindico, deben garantizarse sus derechos políticos y humanos.
En esta esfera, llamó la atención sobre la situación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que opera con un encargado de despacho, debido a que el proceso de selección de la persona titular, está congelado.
Menchaca Castellanos se dirigió también a la gobernadora electa, “Mara” Lezama, para darle seguimiento en cuanto rinda protesta.
