27 de julio/ Cancún, Q. Roo.- La propuesta para solucionar el histórico conflicto limítrofe entre Campeche, Quintana Roo y Yucatán, por una franja territorial en disputa, concitó en Cancún una serie de alternativas que van de la concertación entre gobiernos municipales para negociar políticamente, hasta la solicitud pública a la gobernadora electa, “Mara” Lezama, para que retome la defensa jurídica del territorio estatal.
Las vías de solución surgieron a propósito de la presentación, anoche, del libro “Conflicto de Límites Territoriales en la Península de Yucatán”, escrito por el Doctor en Derecho, Ignacio Alonso Velasco.
El extenso trabajo, expuesto en la Biblioteca Nacional de la Crónica, en esta ciudad, recoge evidencia en campo y documental –jurídica y cartográfica– sobre el llamado Punto PUT, a partir del cual se establecieron los límites y colindancias del territorio de Quintana Roo, consignados en la Constitución Mexicana desde el 24 de noviembre de 1902.
El libro se nutre de documentales del viaje a Yucatán II, de John Lloyd Stephens, 1841; del decreto del territorio quintanarroense, de 1902; del decreto 164 del estado de Yucatán, fechado el 29 de septiembre de 1922; y del decreto 164 de Campeche, del 12 de septiembre de ese mismo año.
Retoma también la controversia constitucional 9/97, promovida por el entonces gobernador, Mario Villanueva, a través de su asesor jurídico, Joaquín González Castro; el decreto 303, del 22 de marzo de 2019; el mapa oficial de Quintana Roo, aprobado por el Congreso del estado, el 9 de abril de ese año; la controversia constitucional 226/ 2019 e información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), además de entrevistas y encuestas directas a la población que habita la franja en disputa.
A través de su investigación, el académico y asesor jurídico del Congreso local, pone en la mesa la aplicación de un novedoso pero complejo esquema denominado “asociacionismo municipal”, que básicamente busca una salida política entre las partes enfrentadas, ante la certeza de que la vía jurídica no ha resuelto –hasta ahora– el diferendo territorial.
La situación, dijo, ha tenido graves impactos sociales y ambientales para las y los habitantes de la zona, que abarca un polígono de 20 kilómetros de ancho por 120 kilómetros de largo, habitada por 60 mil pobladores, quienes cuentan con doble credencial de elector, reciben servicios de Campeche, pero aspiran a pertenecer a Quintana Roo.
Campeche reclama 4 mil 800 kilómetros cuadrados y Yucatán 5 mil 400 kilómetros cuadrados, lo que da un promedio de 10 mil 210 kilómetros cuadrados, que representan el 20 por ciento del territorio que Quintana Roo asume como suyo.
El limbo en el que permanece la zona, provoca que no exista dotación de agua potable, que sirva de corredor para la introducción de drogas provenientes de Centroamérica, con destino a Estados Unidos, o el aprovechamiento ilegal de los recursos maderables, ya que en el sitio se encuentran los mejores suelos y una vasta riqueza forestal, detalló el académico.
Luego de reconocer los aportes de su investigación, el cronista de Cancún, Fernando Martí Brito, admitió que su propuesta de “asociacionismo municipal”, aunque interesante, le despertaba aún muchas dudas, dado lo novedoso del esquema sugerido.
Presente en el evento, que reunió a participantes presenciales y conectados virtualmente, Joaquín González Castro se dijo “convencido de la conciliación”, pero renuente a la propuesta.
“La razón le asiste a Quintana Roo, de eso no tengo ninguna duda”, aseveró, al señalar que durante la extensa investigación geográfica, histórica, lingüística y que echó mano de otras disciplinas, en 1997, no se encontró ninguna prueba que pudiese objetar que el territorio en disputa le pertenece al estado.
Reiteró que la mojonera colocada en el llamado Punto PUT, se ubica en medio de lo que fue una iglesia, que los límites a partir de ello, fueron aceptados por los gobiernos de Yucatán y Campeche, que luego se aliaron y los desconocieron, creando ahora un “falso PUT”, “pero no hay más”.
“Tenemos una pericial arqueológica (sic) que contundentemente lo demuestra”, insistió el ex presidente del Poder Judicial de Quintana Roo, ex senador y defensor de los límites territoriales, quien sostuvo que “no se trata de ponernos de acuerdo”, sino de establecer si legalmente se tiene o no la razón. “Y nosotros la tenemos”.
Alonso Velasco aclaró que él también está convencido de que la razón jurídica le asiste al estado, pero que se ha demostrado desde 1997 que eso no solo no ha sido suficiente, sino que no ha solucionado nada.
El académico remarcó que la determinación depende de instancias judiciales que no se han pronunciado, primero porque la documentación “se extravió” y luego porque hubo modificaciones legales que quitaron facultades sobre el tema a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para pasarlas al Senado y luego se le devolvieron al máximo tribunal.
Ante el panorama, reforzó la necesidad de que exista una salida política entre municipios, porque el tiempo avanza y la población es la que sigue sufriendo las consecuencias.
Conectado al evento y bajo prisión domiciliaria, el ex gobernador, Mario Villanueva Madrid, concordó en que histórica y jurídicamente el reclamo de Quintana Roo es justo y luego de relatar cómo desobedeció la orden presidencial, comunicada por Emilio Chuayfett, de solo mandar una carta para defender el territorio y desistirse de promover una controversia constitucional, la presentó.
Para solucionar el diferendo, Villanueva Madrid convocó a la gobernadora electa, “Mara” Lezama, para que conforme un equipo jurídico comandado por González Castro, a fin de retomar y reforzar la defensa jurídica del territorio.
El asunto –dijo- se tiene que resolver durante el mandato de cinco años de Lezama Espinosa y consideró que, aunque la propuesta del “asociacionismo” “es buena”, las condiciones actuales la tornan “prácticamente imposible”.
Los municipios se pueden poner de acuerdo para brindar una atención conjunta, pero requieren de la anuencia de los estados –explicó– y al ser un problema político entre las entidades, “les cerrarían la llave (presupuestal) y los llevarían a la controversia constitucional; ahora no es viable”.
