Quintana Roo

Más de 90 mujeres en Q. Roo se amparan para eliminar del marco legal la criminalización del aborto

19 de julio/ Cancún, Q. Roo.- Con el objetivo de modificar el marco legal en materia de aborto en Quintana Roo, a fin de garantizar el derecho a decidir y colocar a la entidad en sintonía con los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en México, 94 mujeres radicadas en distintos municipios del estado promovieron seis amparos colectivos para dejar de criminalizar a las mujeres que opten por interrumpir voluntariamente su embarazo.

Las demandas han sido admitidas y radicadas en juzgados federales de Cancún y de Chetumal, anunciaron hoy Mariana Belló, Mónica Franco, María Rosa Ochoa y Silvia Shuc, por Gobernanza MX; Amelia Ojeda Sosa, de UNASSE y Alejandro Méndez Díaz, del proyecto AbortistasMX, estos últimos, encargados del sustento de la estrategia legal.

En esta acción participan conjuntamente Sheena Ucan Yeh, de U Mootsel Kuxtal; Viviana Caamal, de Mujer Ceiba; y Vanessa González Rizzo, de Derechos, Autonomías y Sexualidades (DAS-Cancún), presentes en la conferencia virtual de hoy.

Las agrupaciones dieron a conocer los detalles de la estrategia y explicaron que los actos reclamados en los amparos promovidos, buscan la modificación del Código Penal que criminaliza la interrupción del embarazo, para declarar la inconstitucionalidad de los artículos 92, 93 y 97, fracción II.

También se pretende que se conceda el amparo para efectos de que dichos artículos no sean aplicados en el presente o en el futuro y posibiliten que las mujeres puedan decidir autónomamente sobre el acceso al aborto voluntario, sin la amenaza de la criminalización.

Por Gobernanza MX, Mariana Belló indicó que además, se pide la eliminación del plazo límite de 90 días para que el aborto por violación, conforme a los estándares establecidos por la SCJN.

Los sujetos demandados son, por un lado, el Congreso de Quintana Roo y por otro, la Secretaría de Salud y el gobernador, Carlos Joaquín González.

De la dependencia y del mandatario estatal se solicita que pongan a disposición de las mujeres que lo requieran, servicios de salud para la práctica de abortos voluntarios, que sean gratuitos, confidenciales, seguros, expeditos, no discriminatorios y con altos estándares de calidad, así como difundir ampliamente los alcances de este derecho y de los servicios a los que se debe tener acceso en esa materia.

María Rosa Ochoa explicó que en 2021 la SCJN declaró la inconstitucionalidad de la criminalización del aborto –a propósito del análisis del caso Coahuila– y estableció que el respeto al derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes genera dos obligaciones constitucionales específicas para las autoridades estatales.

Una de ellas, garantizar que las mujeres que decidan abortar voluntariamente, puedan hacerlo sin ser criminalizadas y otra que, en el ámbito de los servicios de Salud, se disponga de servicios de aborto voluntario o electivo como parte del derecho a decidir.

“Esta decisión es un precedente obligatorio en todo el país, pero en Quintana Roo no se ha modificado el Código Penal para evitar la criminalización de mujeres, personas gestantes y personal de salud; y no se disponen de servicios de salud para el acceso voluntario”, dijo.

En función de ambas premisas y ante el incumplimiento de ambas obligaciones por parte del Estado, se promovieron los seis amparos, además de la necesidad urgente de garantizar los derechos humanos de las mujeres, agregó Mónica Franco.

“No solo es buscar torcer el brazo o hacer que el Congreso legisle, es una necesidad sensible de las mujeres el tener derecho al aborto”, reiteró.

La activista recordó que en enero de 2022 un juzgado federal otorgó el primer amparo a una mujer de Quintana Roo para acceder al aborto, lo cual abrió la puerta al resto para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos por la vía jurídica.

Alex Méndez aclaró que, independientemente de que los Juzgados resuelvan los amparos, el Estado ya está obligado a ofrecer los servicios gratuitos para la práctica del aborto voluntario, de acuerdo con los estándares fijados por la Corte.

“Creo que hay una idea errónea de que la obligación de prestar los servicios es esperar a que primero se despenalice”, sostuvo.

Amalia Ojeda remarcó que no se trata de crear servicios nuevos, toda vez que ya deben existir y practicarse en cada entidad federativa, invocando las causales contenidas en la ley, ya sea por violación, cuando la vida de la madre esté en riesgo o si hay peligro de alguna malformación congénita, como ocurre en la entidad.

La activista detalló que, en la actualidad, las mujeres pueden solicitar el aborto porque su práctica ha dejado de criminalizarse legalmente, por lo cual no se puede seguir deteniendo la prestación de servicios para interrumpir el embarazo.

Durante el evento virtual, Sheena Ucán aclaró que ninguna de las promoventes de los seis amparos se encuentra cursando un embarazo.

Sin embargo, subrayó que, en su condición de personas con capacidad de gestar, la criminalización del aborto representa “una amenaza punitiva que impacta en la forma en que las mujeres vivimos nuestra sexualidad, ya que existe siempre un temor de que, a pesar de la utilización de métodos anticonceptivos, éstos no sean cien por ciento efectivos, viéndonos obligadas a continuar un embarazo no deseado”.

Al dirigirse hacia las y los diputados electos, que integrarán la XVII Legislatura a partir de septiembre próximo, Silvia Chuc afirmó que ya se ha superado la etapa de debatir si el aborto es bueno o malo, debido a que la Corte ya dictaminó que es inconstitucional criminalizar la suspensión del embarazo en México.

“Así que es deber de la próxima legislatura reformarlos o derogarlos para armonizar la ley estatal con lo dispuesto por la Corte”, manifestó.

A pregunta expresa, respondió que las reformas hechas a la Constitución, años atrás, para determinar que en Quintana Roo se reconoce el derecho a la vida desde la concepción, no deben ser obstáculo para garantizar el derecho a decidir de las mujeres, toda vez que el máximo tribunal del país se pronunció ya declarando que las entidades federativas carecen de facultades para pronunciarse en ese tema.

“Una mayoría de quienes integraban la legislatura saliente, violentando derechos humanos de las mujeres, se declaró en contra de las iniciativas para eliminar la criminalización de las mujeres y personas gestantes por abortar.

“Confíamos en que ahora ustedes (diputación electa) no solo hagan lo correcto, sino lo justo, alejados y alejadas de intereses personales, de grupo o de creencias e ideologías”, respaldó Viviana Caamal.

Chuc Aburto comentó que se ha documentado que, pese a que Quintana Roo ocupa los primeros lugares en violación sexual, el sector Salud se ha negado a cumplir lo que mandata la Norma Oficial Mexicana 046 en esa materia.

Al respecto, Alex Méndez manifestó que en Morelos también hubo un caso de negativa de acceso al aborto a una víctima de violación sexual, invocando un plazo de 90 días rebasado para hacer la solicitud, plazo que la SCJN determinó que no aplica.

González Rizzo dio a conocer que dan seguimiento al caso de una niña de 10 años, con un embarazo de 20 semanas, fruto de la violación sexual por parte de un familiar.

“Como tiene 20 semanas de embarazo producto de una violación, no entra en la causal de 90 días y tiene que pasar por un Comité de Bioética para ver si le permiten abortar cuando está en riesgo su vida. Es realmente muy grave que siendo un estado con el nivel de abuso sexual infantil y de abuso sexual y violación en general, que tengamos todavía que pelear por un aborto producto de violación.

“Evidentemente lo que buscamos es que el aborto pueda practicarse en las mejores condiciones para las mujeres y producto de decisiones informadas”, expuso, al señalar que la Legislatura tiene la oportunidad de armonizar las leyes con lo que establece la Corte y reivindicar los derechos humanos de las mujeres.

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