México

Querétaro y otros estados abren a privados el manejo del agua

El Congreso de Querétaro aprobó en fast track una Ley de Aguas que abre las puertas a la privatización de este derecho humano como ya sucede total y parcialmente en Puebla, Quintana Roo, Veracruz, Coahuila y Aguascalientes, donde los usuarios han padecido de cobros arbitrarios, cortes por impago y tandeos en manos de empresas sancionadas internacionalmente como Odebrecht o Acciona, y las francesas Suez y Veolia, han documentado académicos y colectivos.

Este 5 de junio, por ejemplo, a la par de la elección de Gobernador y Congreso estatal en Quintana Roo, también se celebrará una consulta popular sobre la permanencia de la empresa Aguakán que desde los noventa gestiona el servicio del agua en Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad con quejas ciudadanas por altas tarifas. Su dueño Jorge Ballesteros Franco fue demandado en Estados Unidos en 2001 por un abuso de información privilegiada.

El 19 de mayo los legisladores queretanos votaron a favor, sin parlamento abierto y en 48 horas, la “Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento”, la cual regula las concesión del servicio público hídrico (una competencia federal de la Comisión Nacional del Agua) y no incluye una gestión sustentable de la cuenca ante el cambio climático.

“La iniciativa aprobada fortalece la concesión del servicio público del agua a entes privados, en contrasentido de las necesidades de la realidad hídrica del estado”, observaron organizaciones como Agua para Todxs, Freshwater Action Network y Bajo Tierra Museo del Agua. “Querétaro necesita una Ley de Aguas, pero no es esta”.

Los artículos 6, 32 y 127 de esta Ley abordan que la Comisión Estatal de Aguas está facultada para otorgar concesiones para la prestación, total o parcial, de los servicios hídricos, pero ningún artículo define quiénes son o cómo se componen los concesionarios ni si será una concesión total (como sucede en Puebla y municipios de Quintana Roo) o parcial (como en Saltillo).

Para los colectivos, el Poder Legislativo estatal “perpetúa un modelo de manejo que agudiza la injusticia hídrica, el deterioro ambiental y los conflictos en un contexto de emergencia climática”, por lo que pidieron al Gobernador Mauricio Kuri González vetar la Ley, pero el Gobierno estatal del mandatario panista la publicó en el Diario oficial estatal el martes 24 de mayo.

Con información de SinEmbargo

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