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Juzgado sobresee amparo contra “ayudas sociales” del Congreso de Quintana Roo

Integrantes del CPC anuncian que promoverán recurso de revisión contra resolución del juzgador

El Juzgado Octavo de Distrito, radicado en Cancún, sobreseyó el amparo promovido por integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo (SAEQROO), quienes reclaman la carencia de facultades constitucionales del Congreso local para la entrega de la millonaria partida de ayudas sociales.

Aunque el Juzgado admitió que existe un daño en torno a la discrecionalidad con la cual se entrega del recurso, su argumento para sobreseer la demanda fue que las tres ciudadanas, Cynthia Dehesa, Janet Aguirre Dergal y Mariana Belló, carecen de interés legítimo en el caso.

La resolución judicial se tomó el 24 de diciembre pasado y se publicó tres días después, explicó Belló, respecto al amparo 106/ 2021 promovido por ella y Aguirre Dergal, junto con Dehesa, en Cancún, durante el periodo de esta última como presidenta del CPC, de marzo de 2020 a marzo del 2021.

Raúl Cazares Urbán, también integrante del CPC, promovió un amparo similar en Chetumal (68/ 2021) ante el Juzgado Sexto de Distrito. El único que se negó a hacer lo propio fue Francisco del Real, quien en ese momento formaba parte del Comité y desde marzo del 2021 lo preside. En este año será relevado y toca el turno de asumir la posición a Cazares Urbán.

En conferencia de prensa, realizada hoy de forma virtual, José Roldán Xopa, Doctor en Derecho y asesor de las quejosas, explicó respecto al amparo promovido en Cancún que, a criterio del juez, no existe una afectación individual en el acto que reclamó el trío de ciudadanas, pues aún cuando reconoce que existe un manejo incorrecto de la partida, consideró que el agravio no es directo o diferenciado.

Inconformes con la decisión del juez Octavo, Roldán Xopa anunció que en próximos días será presentado un recurso de revisión ante Tribunales Colegiados.

El abogado subrayó que la discusión de fondo reclamada, es si el Congreso tiene o no competencia para dar ayudas sociales, aún cuando dentro de sus facultades está el gestionar apoyos para habitantes de sus respectivos distritos.

Aguirre, Belló y Dehesa expusieron que el amparo no busca hacer más transparente la entrega, ni que se le asignen reglas de operación, sino que se cancele, debido a que el Congreso no tiene facultades para entregar ese tipo de “ayudas sociales”, menos aún si lo hace de forma discrecional y bajo enfoques “asistencialistas” y “clientelares”.

Tan solo para el ejercicio 2021 el recurso asignado a esa partida –también de forma discrecional– ascendió a los 75.5 millones de pesos, de los cuales, hasta septiembre de ese año se habían gastado 65 millones.

Aguirre Dergal indicó que las “ayudas sociales” no se alinean, ni responden a reglas de operación, ni a programas o planes, pues se trata de acciones improvisadas que atienden necesidades identificadas por las y los legisladores, sin que medie un análisis, ni una metodología, lo que impide que se pueda seguir el rastro al recurso público o exigir resultados.

Belló resaltó que el monto de esa partida equivale al recibido en 2021 para la operación de al menos tres universidades en el estado; al Programa de Prevención y Atención de las Violencias contra las Mujeres y las Niñas tuvo un monto de casi 13 millones de pesos, contra los 75.5 millones de pesos destinados a las ayudas sociales, con la diferencia de que el programa cuenta con mecanismos de transparencia, evaluación, asignación y reglas de operación.

Además, el programa está dentro de las facultades del Poder Ejecutivo, mientras que el Congreso carece de competencias para la entrega de ayudas sociales.

Otro programa prioritario, dedicado al Rezago Educativo obtuvo casi 43 millones de pesos, monto menor a las ayudas sociales; un programa para la el Desarrollo de los Pueblos Indígenas recibió 18.2 millones de pesos; un programa de Atención a la Juventud, 15 millones de pesos; al Programa de combate de Violencia de Género, apenas tres millones de pesos y el dinero destinado a la Atención a Víctimas, alcanzó apenas los 18 millones de pesos.

“Son algunos ejemplos de los programas sociales que atiende el estado, a los cuales deberían estar asignados los recursos de las ayudas sociales, porque sus atribuciones específicas son justamente desarrollar la política social al respecto”, manifestó.

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