Quintana Roo

Quintana Roo cuenta con el primer Programa de Implementación en materia Anticorrupción en todo México

Cancún, Q. Roo, 29 de noviembre.- El Programa de Implementación (2021-2030) de la Política Anticorrupción de Quintana Roo (PAEQROO), fue presentado hoy como el primero en su tipo a nivel nacional entre los Sistemas Anticorrupción del país y como una herramienta que marca cómo y quiénes deben aplicar las acciones, estrategias y proyectos de prevención y combate de actos de corrupción, discrecionalidad e impunidad, además de establecer mecanismos de evaluación y monitoreo.

Para dar a conocer los alcances de dicho programa –aprobado el 11 de noviembre–el Comité de Participación Ciudadana (CPC), la Comisión Ejecutiva y el Comité Coordinador (CC) del Sistema Anticorrupción del estado (SAEQROO), ofrecieron hoy una conferencia de prensa, durante la cual explicaron que su elaboración es netamente propia, es decir, no se encargó a ningún despacho u órgano de consultoría.

Janet Aguirre, integrante del CPC, expuso que este documento fue diseñado por la Comisión Ejecutiva durante más de 25 meses de trabajo y lo definió como un instrumento “auténtico” en cuanto a sus procesos de inclusión y participación ciudadana.

El Programa cuenta con más de 80 estrategias de corto, mediano y largo plazo; 81 indicadores y más de 160 líneas de acción obligatorias en sus 180 páginas.

Es un instrumento vinculante, transversal, cíclico y orientado a resultados, que se deriva de la PAEQROO, aprobada durante el 2020, que daba los qué e instruía al diseño de un documento que diese los cómo, para aplicar la Política Anticorrupción.

Posee cuatro temas transversales principales: Coordinación y comunicación institucional, Estado abierto, enfoque de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; Derechos Humanos y Perspectiva de Género y el desarrollo de inteligencia y aprovechamiento tecnológico.

Como proyectos principales, establece la Certificación de autoridades responsables para sancionar faltas administrativas; la Plataforma Ciudadana de Denuncias; el marco normativo para el Servicio Público de Carrera, la Plataforma Ciudadana de Transparencia Única de Contrataciones Públicas, entre otros.

Su aplicación se divide en plazos de cumplimiento de tres años: 2024, 2027 y 2030 y “le pertenece a la ciudadanía; a través de él la sociedad puede y tiene el derecho de comprender e involucrarse en la agenda pública del estado en materia de anticorrupción, así como exigir resultados a cada una de las instituciones que se mencionan, tanto del nivel estatal, como municipal”, resaltó Aguirre Dergal.

Mariana Bello destacó que para lograr un Programa de este nivel, se concitaron algunas condiciones específicas, entre ellas contar con perfiles y vocación eminentemente técnica, un CPC que no ha sido cooptado, y capacidad de organización centrada en apegarse a lo que mandata el marco legal.

Raúl Cazares manifestó que el Programa de Implementación, en términos más simples, es como una hoja de ruta sobre qué acciones aplicar para combatir la corrupción, “no con ocurrencias, sino con política pública”.

En tanto, Janet Aguirre agregó que el gran reto es que realmente responda a lo que establece la Política Anticorrupción.

Ambos también se refirieron al Anexo Transversal Anticorrupción, que permitirá visibilizar, a partir del 2022, los montos y el destino de los recursos públicos que reciben y aplican los entes públicos que conforman el Comité Coordinador para combatir la corrupción.

El CC está integrado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Contraloría del estado (Secoes), el Consejo de la Judicatura, el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), la Auditoria Superior del estado (ASEQROO), le Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IDAIPQROO) y está presidido por quien preside el CPC.

La titular de la Fiscalía Anticorrupción, Rosaura Villanueva Arzapalo, subrayó que la importancia de contar con el Programa de Implementación, estriba en que mejora la calidad ética y profesional de las y los servidores públicos, lo que ayuda a inhibir las prácticas de corrupción y bajar los índices de percepción sobre estos actos.

Uno de los pasos que siguen es socializar la PAEQROO y el Programa de Implementación con los ayuntamientos, para que se apeguen a los esfuerzos hechos en ese sentido a nivel estatal, dijo.

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