Quintana Roo

Megaproyectos del gobierno mexicano son declarados por AMLO como “de interés público y seguridad nacional”

Cancún, Q. Roo, 22 de noviembre.- La Secretaría de Gobernación (SEGOB) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), un acuerdo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que declara “de interés público y seguridad nacional”, la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México, en materia de infraestructura de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos y aeropuertos.

También aquellos que, por su complejidad, objeto, características, naturaleza y magnitud, se consideren prioritarios o estratégicos para el desarrollo nacional.

En esa categoría entran desde la polémica refinería de Dos Bocas, pasando por el mega proyecto del Tren Maya, hasta el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y otros.

Mediante el acuerdo, López Obrador instruye a las dependencias y entidades de la administración pública federal, a otorgar la autorización provisional a la presentación y obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras antes mencionadas y con ello “garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados”.

La autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles contados de la presentación de la solicitud correspondiente. Transcurrido dicho plazo, sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo.

“La autorización provisional tendrá una vigencia de 12 meses, contados a partir de su emisión, periodo en el cual se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva”, se lee.

En los hechos, el acuerdo implica la extralimitación de López Obrador, en sus facultades, pues impone plazos legales competencia del Congreso de la Unión y violenta tratados internacionales y mandatos como la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), de acuerdo con abogados consultados, quienes coinciden en que el acuerdo es inconstitucional.

Con el acuerdo, López Obrador busca sacar una ventaja procesal a favor de su gobierno, ante los amparos que la sociedad civil promueve en contra de los megaproyectos cuestionados y litigados, toda vez que al ser “de interés público” un juez difícilmente otorgará una suspensión definitiva.

El tema de la autorización provisional, es equiparable a una “afirmativa ficta” de apenas cinco días para que el proyecto quede autorizado si la dependencia no ha dado respuesta, contraviene el marco legal urbano y ambiental.

El #decretazo, como se le ha bautizado en las redes sociales, surge también en plena evaluación del Tramo 4 del mega proyecto Tren Maya, para el cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), desarrolló hoy una reunión pública de información que le permitirá evaluar la obra.

La consulta pública concluye el 29 de noviembre, pero organizaciones civiles han manifestado esta misma noche, su temor a cómo el acuerdo presidencial afectará viciando el proceso.

Otra de las consecuencias negativas del decreto es en materia de transparencia, pues al establecer que los proyectos del gobierno mexicano son de “seguridad nacional”, quedan en la absoluta opacidad, pues la información y datos puede quedar reservada de acuerdo con la ley, sin que se tenga acceso a ella hasta pasados los años.

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