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Gobierno municipal revocará el PMOTEDUS de Felipe Carrillo Puerto

12 de octubre/ Cancún, Q. Roo.- El ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto someterá a votación del Cabildo la revocación del acuerdo mediante el cual la administración del ex alcalde, José Esquivel Vargas “Chak Meex”, aprobó el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano Sustentable (PMOTEDUS), publicado en el Periódico Oficial del estado el 01 de septiembre.

Este instrumento híbrido, además de no ser reconocido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), densificó zonas privilegiadas en el Ejido de Pino Suárez, en Muyil, cercanas a la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an, que es un área natural protegida federal y colindante con los terrenos en donde el gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, proyecta construir el Aeropuerto Internacional de Tulum.

“Para hacer esto no se elaboraron estudios que soportaran los cambios de uso de suelo asignados; no hubo un proceso de participación de la ciudadanía de Felipe Carrillo Puerto.

“Todo se hizo desde el escritorio, arrastrando el lápiz, sin atender las características de nuestro municipio”, expresó Maricarmen Hernández Solís, actual presidenta municipal de esa demarcación.

En entrevista con EstamosAquí.mx, la edil recordó que, siendo regidora en la pasada administración, se opuso a la aprobación del PMOTEDUS, que fue aprobado -dice- “al vapor”, “con prisas” y contraviniendo la postura fijada por la Semarnat.

Ya como alcaldesa electa sostuvo una reunión con la propia titular de la dependencia, María Luisa Albores, quien le comunicó que había girado un oficio al saliente alcalde y a su entonces director de Desarrollo Urbano, para notificarle el rechazo al instrumento ecológico-urbano, pero el ayuntamiento lo pasó por alto.

La publicación del instrumento en el Periódico Oficial del estado, fue concretada en fast track por el gobierno del estado, que encabeza la imposición de los PMOTEDUS, con base en una figura creada en 2018, en la Ley Estatal de Asentamientos Humanos, que invade competencias de la federación en materia ambiental, lo cual fue objeto de una controversia constitucional promovida por el jurídico de la presidencia de la República en el caso de Tulum.

“La secretaria Albores nos dijo que hay que modificar varias cosas. No todo está mal, pero que lo mejor es revocarlo y comenzar de cero, pero nosotros le pedimos el apoyo porque hay un techo estimado de dos millones de pesos para ese proceso y el ayuntamiento carece de recursos”, expresó, al señalar que el instrumento será revocado en sesión de Cabildo, pero no precisó en qué fecha.

La debacle financiera

El tema del PMOTEDUS es grave, por las implicaciones ambientales que conlleva, además de constituir el vehículo oficial para beneficiar intereses de políticos, funcionarios, ex funcionarios e inversionistas para el desarrollo de proyectos de corte inmobiliario, turístico, de vivienda o de otra índole en el municipio maya.

Sin embargo, existe un asunto de mayor gravedad: El colapso financiero de Felipe Carrillo Puerto.

La alcaldesa junto con su equipo de trabajo, en un análisis preliminar, han detectado adeudos de agua, luz, telefonía, proveedores y nómina, que no cubrió el gobierno anterior, por 23 millones 763 mil pesos, del 30 de agosto al cinco de octubre.

También se ubicó el probable desvío de recursos federales para el pago de una nómina inflada con “aviadores” -personas que cobran y no trabajan- por 8 millones de pesos; impago de sueldos, contraprestaciones e impuestos, lo que derivó en el bloqueo de cuentas al ayuntamiento, por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT)

“Estamos asumiendo un endeudamiento; desde el 30 de agosto a la fecha, se debe una nómina de 7 millones 12 mil pesos; el 15 de se debe una nómina de 6 millones 600 mil pesos y el 30 de septiembre, de 5 millones 304 mil pesos (…)

“Tenemos retenciones de seguros de vida por 701 mil pesos; 5 millones de pesos de ISR; y el crédito fiscal por el cual fuimos embargados de todas las cuentas, por 21 millones 857 mil pesos”, declaró.

La edil indicó que no hay dinero para la gasolina de las patrullas policiacas, ni para financiar la recolección de residuos sólidos.

Para pagar la nómina inflada, el anterior gobierno tomaba los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) -uno de los ocho fondos que conforman el Ramo 33- y luego cuando recibía lo correspondiente a sus participaciones federales, lo reponía, pero ello implica un delito penal por desvío de recursos, expuso Hernández Solis.

El dinero del FAIS está etiquetado para el financiamiento de obras y acciones sociales en beneficio directo a sectores de población en condiciones de pobreza extrema, que habita en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social o que se encuentra en zonas de atención prioritaria.

El nuevo gobierno ubicó más de 31 obras inconclusas y la que registra un mayor avance alcanza apenas el 40 por ciento.

“No hay obras concluidas”, comentó, al señalar que se adeudan 14 millones de pesos por 16 obras en desarrollo, solo de este año.

La munícipe aseguró que se requerirá la intervención de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) para investigar el probable enriquecimiento ilícito del ex alcalde y de su ex tesorero, pero además se procederá a promover las respectivas denuncias penales.

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