Quintana Roo

Rechazan organismos empresariales de Quintana Roo extender, de 5 a 6 años, gubernatura electa en 2022

Iniciativa divide a diputados en Comisiones legislativas y declaran receso

Cancún, Q. Roo, 29 de septiembre. – La iniciativa presentada por el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Hernández Blanco, para aumentar de 5 a 6 años el periodo de la gubernatura electa en 2022, fue ampliamente rechazada por la iniciativa privada, que lo consideró contradictorio, al romper con la “armonía” electoral y falto de consenso social.

El pasado 22 de septiembre se dio lectura a la propuesta del legislador, para modificar, so pretexto del “COVID-19”, los artículos transitorios de los Decretos 100 y 97 que contienen la reforma constitucional en materia electoral y la reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales local, respectivamente, con la finalidad de ampliar de cinco a seis años el próximo período para quien ocupe la gubernatura, lo que provocará que, en 2028, la gubernatura electa dure solo dos años.

El Decreto 100 establece que la gubernatura electa en 2022 comprenderá́ del 25 de septiembre de ese año, al 24 de septiembre 2027, para hacer concurrentes las elecciones locales con las federales.

“De proceder dicha propuesta legislativa, rompería con la armonía ya establecida para que todas las elecciones en Quintana Roo sean concurrentes con la elección federal, generando costos innecesarios que finalmente los quintanarroenses seremos quienes terminaremos pagando, lo que convierte a esta propuesta algo sin un verdadero sentido”, manifestaron diversos organismos empresariales y organizaciones civiles, este miércoles.

Mediante un comunicado, expresaron que la motivación del legislador se basa en un tema “sin comprobación alguna”, como es la atención a los problemas de la pandemia del COVID-19, “y supone que a las acciones actualmente emprendidas, deban dársele continuidad mediante políticas de contención que solo pueden ser posibles si es realizado por un gobierno de seis años en lugar de uno de cinco años”.

“De nueva cuenta nos pretenden sorprender con propuestas que carecen de un consenso social, que carecen de una aceptación por quienes estaremos sujetos a un gobierno que sabíamos que sería a cinco años y que ahora, a escasos momentos de que llegue la fecha límite para que la XVI Legislatura se prenuncie sobre reformas en materia electoral, continúan las sorpresas para nosotros los ciudadanos.

“Por lo que alzamos la voz mediante el presente manifiesto y del diputado Carlos Rafael Hernández Blanco”, sostuvieron.

Discuten tema en Comisiones

En tanto, hoy mismo, en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, el tema comenzó a ser discutido y analizado; sin embargo, ante la complejidad del asunto, sus implicaciones, el rechazo social y los tiempos encima para aprobarse o no, se declaró un receso.

Los diputados Hernán Villatoro, del Partido del Trabajo (PT) y el diputado de Acción Nacional (PAN), Eduardo Martínez Arcila, quien preside la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), se pronunciaron en contra.

Villatoro Barrios, luego de dolerse nuevamente por “la campaña infame” de organismos empresariales que se oponen a las reformas de 21 de 25 legisladores para reelegirse hasta por 12 años, comentó que “por prudencia”, dejaron el tema “en suspenso” y consideró que tampoco se debe modificar la Constitución para extender el periodo de la gubernatura electa en 2022, pues la electa en 2028 solo duraría dos años.

Martínez Arcila coincidió en que aprobar la iniciativa de Hernández Blanco, no solo iría en contradicción con la ruta trazada desde la XV Legislatura y la actual, para homologar las elecciones locales con las federales, sino que implicaría añadir un proceso adicional, con un costo de 200 millones de pesos en promedio, lo que rompe con la intención de generar ahorros.

Recordó que tampoco se está en tiempos para un adecuado análisis, pues además de que se tiene que elaborar el dictamen y votarlo, éste tendrá que subir a discusión del Pleno y, además, contar con la aprobación de ocho de 11 ayuntamientos y todavía volver a la Legislatura, todo ello, antes del cinco de octubre.

La diputada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Erika Castillo, acusó el rechazo por presuntos “intereses políticos”, pero fue atajada por la diputada del PAN, Reyna Durán, quien reprochó que bajo el pretexto del COVID-19 se presenten ese tipo de iniciativas.

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