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Alcaldes de Quintana Roo rechazan recomendaciones de Derechos Humanos

CDHEQROO da vista a Legislatura

29 de septiembre/ Cancún, Q. Roo.- Los ayuntamientos de Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Lázaro Cárdenas rechazaron recomendaciones que les fueron dirigidas por la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo (CDHEQROO), por uso excesivo de fuerza de elementos de Seguridad Pública, violaciones a la integridad personal durante una detención y al establecer “toque de queda”, violentando así el derecho a la movilidad, respectivamente.

La negativa de los gobiernos municipales, presididos aún por José Esquivel Vargas, Alexander Zetina Aguiluz y Nivardo Mena Villanueva, propiciaron hoy, un pronunciamiento del Consejo Consultivo de la CDHEQROO, reprobando la omisión y no aceptación respectiva de las recomendaciones emitidas.

“Quienes conformamos este Consejo Consultivo nos pronunciamos respecto de la gravedad de las actuaciones de quienes presiden en esta fecha, los ayuntamientos de Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Lázaro Cárdenas.

“El primero al ser omiso en su respuesta respecto de la recomendación CDHEQROO/04/2021/I y el segundo y tercero al no haber aceptado, respectivamente, las recomendaciones CDHEQROO/12/2020/I y CDHEQROO/07/2021/II”, expresó el Consejo.

Este organismo está integrado por Alejandro Baeza Ruiz, Israel Canto Viana, Edgar Ricardo Mora Ucan, Sheena Merle Ucan Yeh, Rafael Barragán Vázquez, Alma Rosa Soledad Freyre Reinhardt y presidido por Marco Antonio Tóh Euán, ombudsperson de la propia Comisión de Derechos Humanos.

“Hacemos un llamado enérgico dirigido a los presidentes municipales para que consideren redireccionar su actuar en función de las obligaciones esenciales del estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de la población, así como el respeto al sistema de protección no jurisdiccional de los derechos humanos en México.

“La presidencia de esta Comisión de Derechos Humanos ha determinado, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por ley, dar vista a la legislatura para seguir el procedimiento, para que en la agenda legislativa se incluyan las comparecencias y las autoridades recomendadas expliquen la no aceptación de las recomendaciones”, indicó el Consejo Consultivo.

Los casos

La resolución CDHEQROO/04/2021/I, dirigida a José Esquivel Vargas, alcalde de Felipe Carrillo Puerto, fue por violaciones al derecho humano a la integridad personal, debido al uso excesivo de la fuerza por personal de la Dirección General de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos.

En ese expediente se indica que las autoridades responsables acudieron a un domicilio, en respuesta a una solicitud de auxilio para realizar el aseguramiento de un hombre que se encontraba en estado de ebriedad.

Sin embargo, al realizar el aseguramiento, una persona salió de la casa y les pidió a los agentes que no golpearan al detenido; en respuesta, un agente disparó dos veces con su arma de cargo, hiriendo a la persona que les había pedido no agredir al detenido.

La recomendación CDHEQROO/12/2020/I, dirigida a Alexander Zetina Aguiluz, alcalde de Bacalar, refiere que una persona que fue puesta a disposición del Juez Calificador y estando al interior de la Cárcel municipal en calidad de detenido por una falta administrativa, fue abordado por un elemento de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, quien le roció el rostro con gas pimienta, exigiéndole callar que estaba siendo agredido y amenazándole con provocarle más daño si lo denunciaba.

“En este caso, se ha dado parte a la Legislatura y reiteramos nueva y respetuosamente nuestra petición al H. Congreso para que comparezca el actual alcalde de ese municipio y dé razón de su incumplimiento”, señaló el Consejo Consultivo.

Finalmente, la recomendación CDHEQROO/07/2021/II para el edil de Lázaro Cárdenas, Nivardo Mena, da cuenta de la resolución a favor de nueve víctimas por violaciones al derecho a la legalidad y a la libertad, en su modalidad de libre tránsito por el establecimiento de un “toque de queda”.

“Las autoridades señaladas como responsables se extralimitaron y no respetaron facultades y competencias constitucionales y legales puesto que impusieron una restricción de garantías constitucionales, sin que ninguna norma los faculte para ello.

“Estas violaciones durante la pandemia han sido consideradas como graves ya que denotan una arbitrariedad total e incluso de invasión de facultades constitucionales establecidas en nuestra Carta Magna federal”, se expuso.

El Consejo Consultivo recordó que una recomendación es el resultado de la investigación formal y jurídica que realiza la Comisión, y en ella se estudia y acredita que las personas quejosas efectivamente fueron víctimas de violaciones a derechos humanos, ya sea por una actuación indebida u omisión de las autoridades.

Dicho documento, además de señalar jurídicamente cada uno de los hechos violatorios, es un medio para reparar integralmente a las víctimas mediante medidas de compensación, rehabilitación, restitución, satisfacción y garantías de no repetición; “medidas que, en los casos hoy mencionados, no podrán efectuarse ante la negativa de aceptación de dichos ayuntamientos”.

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