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Gobierno de Quintana Roo propicia “caos” urbano-ambiental e incertidumbre jurídica con los PMOTEDUS

22 de septiembre/ Cancún, Q. Roo.- Con la imposición de los Programas de Ordenamiento Municipal Territorial Ecológico y Desarrollo Urbano (PMOTEDUS), el gobierno de Quintana Roo fomenta el desorden en materia de planeación, pone en riesgo los ecosistemas del estado y agudiza la incertidumbre jurídica para la inversión, aseguró el consultor, Alfonso Ocampo, quien considera que el tema ha escalado hasta convertirse en un “duelo de poder”, con la federación.

El abogado, especializado en materia urbano-ambiental, ha sido uno de los principales opositores a la figura de estos instrumentos híbridos que fusionan lo dispuesto por los Programas Municipales de Desarrollo Urbano y los Programas de Ordenamiento Ecológico Local (Poels) para crear un solo instrumento al que bautizó en 2018 como “frankestein”, que invaden las competencias de la federación en materia ambiental.

Luego de la reciente aprobación del PMOTEDUS de Cozumel, dijo en entrevista con EstamosAquí.mx que el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus), está propiciando un “caos”, en materia ambiental y urbana y, jurídicamente, confundiendo a los particulares.

Además, la imposición de estos instrumentos híbridos, pese a la postura de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), agrava el conflicto entre el estado y la federación en esa materia -dijo- al constituir un “reto público”.

“El gobierno está aplicando aquello de ‘la Ley de Herodes”… habrá que ver cuán es la respuesta de la federación ante esto último que pasó con Cozumel, porque además vienen otros ‘frankesteins’. Pareciera que ya es un duelo de poderes”, manifestó.

En efecto, conforme a la información del propio gobierno estatal, a través del titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), Efraín Villanueva, en este año se pretende concluir y aprobar el PMOTEDUS de Bacalar, de Lázaro Cárdenas y el de Othón P. Blanco.

Hasta ahora, la federación se ha limitado a hacer pública su oposición en el caso del instrumento híbrido de Tulum, pero en el de Felipe Carrillo Puerto y el de Bacalar -uno aprobado y otro en vías de…- se ha limitado a girar oficios internos dirigidos al gobierno estatal y a los ayuntamientos, marcando su oposición.

Al margen de la figura del instrumento híbrido, creado en 2018 dentro de la Ley Estatal de Asentamientos Humanos, Ocampo explicó que, en el caso del municipio de Tulum, existen en la actualidad dos instrumentos que se contraponen entre sí y que aplican en la misma zona.

Se trata del PMOTEDUS, publicado en el Periódico Oficial del estado el 31 de marzo de este año y el Programa de Ordenamiento Territorial del Corredor Cancún-Tulum, vigente desde 2001.

“Ese es un claro conflicto jurídico porque, suponiendo que el ‘Frankestein’ esté bien, de todos modos tenemos dos instrumentos vigentes en una misma zona, con dos usos de suelo distintos, dos densidades distintas, dos alturas diferentes.

“¿Cómo sabe el inversionista que quiere desarrollar cuál es el bueno? ¿Con base en qué criterio se va a determinar cuál está por encima del otro? Lo que están provocando es un caos, sin pies ni cabeza y un conflicto de leyes en un mismo espacio, con afectación al ciudadano y a los ecosistemas”, afirmó.

Con 20 años de experiencia en la elaboración de instrumentos de planeación urbana y 18, en los instrumentos de política ambiental, manifestó que a ese conflicto se suma el deficiente contenido de los PMOTEDUS, carentes de información actualizada, sin caracterización ambiental -en el caso del de Tulum- omitiendo estudios y observaciones técnicas y científicas de la academia, en torno al recurso hídrico, los ríos y cavernas subterráneas; y densificando zonas inundables o de manglar.

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