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La despenalización del aborto, un asunto de derechos humanos

No se han extinguido las opiniones contrarias por la aprobación del matrimonio igualitario, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un nuevo campanillazo para la sociedad mexicana, el cual es recibido con gran alegría por quienes luchan por los Derechos Humanos todos los días, y hace rechinar los dientes a los sectores más conservadores de la sociedad, que están profundamente influidos por prejuicios religiosos, que son muy respetables, pero que no pueden prevalecer en el proceso de creación de leyes. Se trata del criterio que ha declarado como inconstitucional la penalización del aborto, y que, con este acuerdo mayoritario, marcan a todos los juzgadores del país, el criterio aplicable para resolver todo caso que llegue a tribunales de aquí en adelante; y esto, es un gran avance en materia de Derechos Humanos. Las opiniones adversas nos dejan sentir que, no se comprende en forma clara y precisa lo que la aprobación de este criterio conlleva, cuáles son sus alcances y que implica para la sociedad en general. Para esta finalidad, es necesario hacer algunas consideraciones.

En primer término hemos de afirmar con toda objetividad que, el aborto es una práctica mucho más frecuente de lo que se cree, y que su ejecución involucra a todas las capas de la sociedad, pero con consecuencias muy diferentes. En las capas de mayor poder económico, la práctica del aborto se efectúa con la mayor secrecía, y se habla de ello con una marcada discreción; se practica en forma segura, higiénica y en instituciones privadas que, jamás van a admitir que eso sucede a su interior. Pero es una realidad que eso sucede y que esta práctica es mucho más frecuente de lo que se pueda imaginar nadie. A contra parte, las capas más desheredadas de la sociedad, mantiene a sus mujeres sometidas a una brutalidad machista, violenta y muy agresiva. Esas mujeres no tienen decisión alguna sobre su sexualidad, no deciden cuando van a tener relaciones con su pareja, no pueden negarse a seguir teniendo hijos, así tengan ya una prole muy numerosa y vivan en condiciones de miseria extrema. En estas condiciones de este nivel social, la práctica del aborto, que es en la clandestinidad, significa muerte, y significa, muchas muertes, de mujeres inocentes.

Además, es necesario, más bien indispensable, puntualizar que, este criterio emitido por la SCJN no obliga a nadie a la práctica del aborto, no, se trata de despenalizar, no de promover, no de impulsar, ni siquiera de aconsejar a nadie su práctica; el sentido de este acuerdo de ocho de los once ministros del máximo tribunal de la nación, evitará que sean privadas de la libertad mujeres que, no sabemos que causas las llevaron a tomar una decisión que, probablemente, fue superior a sus fuerzas. Debemos enterarnos de que, en esta materia, en los diferentes estados de nuestro país, no existe una legislación uniforme. Por ejemplo, en Yucatán, desde 1938, la ley establece causas que justifican la ejecución del aborto, y que incluyen la violación, el riesgo en la vida de la madre, y también la pobreza extrema. Pero en otras entidades, como Coahuila, Querétaro y algunas más, no hay una sola excepción para el caso, y su práctica, por cualquier razón, significa cárcel para la mujer. En las opiniones de descalificación de esta decisión, se han emitido frases tan lamentables como: “Qué aprendan a cerrar las piernas”, “para eso existen las precauciones”. Verdaderamente, ¿Es tan difícil ponerse en los zapatos del otro? Es muy fácil emitir estas opiniones cuando se vive en una situación estable, económica y socialmente; pero esto es totalmente imposible para una mujer del campo, sometida a una violencia de la que no tenemos ni la más remota idea.

Es necesario subrayar también que, los argumentos que generalmente se esgrimen en contra de esta práctica, están fundamentados en criterios basados en principios religiosos, que como ya dije, son muy respetables, pero que no pueden ser sustentados como fuentes para la emisión de leyes; en un principio porque no todos los ciudadanos de la nación practican una misma religión, y las leyes, tienen que contemplar a todos los ciudadanos sin excluir a uno solo. Las leyes, se han de sustentar totalmente sobre bases científicas, y un principio o convicción religiosa no lo es. La primera objeción que no puede llegar a una aclaración total, es ¿cuál es el momento en que, un ser en proceso de formación puede ser sujeto de derechos? Quienes sustentan un criterio  religioso sostienen la convicción de que esto sucede desde el momento mismo de la concepción. Los criterios científicos establecen esta condición hasta pasadas varias semanas de este momento. En esta controversia no se va a llegar a un acuerdo total nunca. Pero la SCJN ya ha hecho un análisis profundo a este respecto, y ha llegado a una conclusión que tiene carácter de norma jurídica de observancia general, y eso es insalvable.

Pero, en conclusión, el criterio establecido por el pleno de la SCJN es en el sentido de la no penalización del aborto, no de la obligación de su práctica. Si cualquier persona tiene alguna objeción de conciencia por sus principios religiosos, la solución es muy simple: Qué no se practique nunca un aborto, nadie le obliga a ello; pero no puede pretender evitar que otra gente, en otras circunstancias, aplique este mismo criterio, y tratar de descalificarlos por ello. La violencia intrafamiliar que se vive en las zonas marginales urbanas y en las zonas rurales, alcanza niveles que no nos podemos imaginar, y la decisión que las mujeres que viven en esas condiciones tomen, no podemos juzgarlas a la luz de nuestra realidad. Hoy, el criterio establecido por el máximo tribunal de la nación, ha significado un gran avance en materia de Derechos Humanos. Todavía nos falta mucho más. Aún hay que luchar por un aborto seguro, en condiciones de higiene, y accesible a todas las mujeres, y totalmente gratuito. La lucha no ha terminado. Aún hay mucho por lograr.

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