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Declarar la inconstitucionalidad de criminalizar el aborto, reabre debate en México. Feministas en Quintana Roo celebran postura de SCJN

06 de septiembre/ Cancún, Q. Roo.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició el estudio sobre la acción de inconstitucionalidad 148/ 2017, promovida por la entonces Procuraduría General de la República (FGR), para impugnar los artículos 195 y 196 del Código Penal de Coahuila, que criminalizan la interrupción voluntaria del embarazo.

Durante la sesión que inició ayer y se repondrá hoy, ocho de los 11 ministros y ministras de la Corte, se pronunciaron a favor del proyecto presentado por el ministro Luis María Aguilar, que busca declarar inconstitucional la criminalización del aborto en Coahuila.

De votarse en ese sentido, se creará un precedente que podrá ser invocado en el resto del país por las colectivas que buscan despenalizar el aborto, como es el caso de Quintana Roo, coincidieron Yunitzilim Rodríguez, de Marea Verde y Silvia Chuc, de Gobernanza MX.

“Es de suma importancia lo que se está discutiendo en la Corte, porque establece una línea o criterio que se tendría que sostener en otros casos. Si bien solo afecta a Coahuila, establece un precedente para que otros estados lo hagamos valer respecto a las legislaturas locales o vía amparos.

“Este específicamente va en el sentido de declarar inconstitucional la criminalización de las mujeres por abortar antes de la semana 12. Nos complace escuchar un debate de nivel, de altura, en donde por fin se reconoce que, como dijo la ministra Piña, detrás de la criminalización del aborto, lo que se condena es el ejercicio de la sexualidad de las mujeres”, expresó Rodríguez.

Por separado, Chuc Aburto destacó que ocho de los 11 ministros se pronunciaron a favor del proyecto, pero también en contra al considerar que se quedaba corto en la protección de los derechos de las mujeres, proponiendo incluso, ir más allá.

“El ministro Zaldívar de plano propuso que desaparecieran todo el capítulo de aborto del Código penal de Coahuila”, manifestó, al señalar que entre los puntos que le parecieron importantes en la discusión del pleno, está la elaboración del proyecto mismo con lenguaje incluyente, al abarcar a las personas con capacidad de gestar.

También que hubiese claridad en cuanto a que la Corte no discute temas morales, ni religiosos, sino constitucionales; que se usaran argumentos científicos, laicos y sostenidos de jurisprudencias; y que se enfatizara que las mujeres son sujetas de derechos porque tienen calidad jurídica como personas, mientras que “el producto” o embrión, no.

La discusión sobre el verdadero derecho a la vida

El ministro ponente subrayó que el proyecto a votación, que recibió diferentes observaciones por parte de sus pares en la Corte, no se enfila a favor al derecho a abortar, sino al derecho humano de la mujer a decidir si interrumpe o no un embarazo, sin ser criminalizada.

“Este derecho reconoce en la mujer y en las personas con capacidad de gestar como únicas personas titulares de su plan de vida, a partir de su individualidad e identidad propia, lo que constituye la raíz de la obligación del Estado de brindarle un ámbito de protección y no de una sanción”, dijo.

Al pronunciarse a favor de declarar inconstitucional la criminalización del aborto, el ministro presidente, Arturo Zaldivar, subrayó que no compete al máximo Tribunal del país, “enjuiciar la moralidad de la interrupción del embarazo”, pues es un tema en el fuero interno de las mujeres y personas gestantes, sino si es constitucional o no, castigarlo con pena de prisión.

“He defendido el falso debate de quienes están a favor de la vida y quienes no estamos a favor de la vida. Todos estamos a favor de la vida.

“Lo único que sucede es que algunos estamos a favor de que la vida de las mujeres sea una vida en la que se respete su dignidad, en la que puedan ejercer con plenitud sus derechos, en las que estén exentas de violencia y en la que puedan autodeterminar su destino”, expuso.

Zaldívar reiteró que ha insistido consistentemente en que el aborto debe abordarse bajo una perspectiva de derechos, especialmente sensible “por las consecuencias dramáticas que genera su penalización en la vida de las mujeres forzadas a un embarazo no deseado”.

“Condenar a las mujeres a la cárcel, a la clandestinidad, a poner en riesgo su salud y su vida, no solo es profundamente injusto, sino abiertamente inconstitucional”, sostuvo.

En torno al debate de que el derecho de la mujer se contrapone con el del producto de la gestación, Zaldívar y el ministro Javier Laynez Potisek, aclararon que, en ningún tratado o convención internacional, ni en la Constitución mexicana, se le reconoce como sujeto de derecho, porque carece de la calidad de persona, contrario a la mujer que sí goza de esa protección.

“Ni la Constitución, ni los tratados internacionales han considerado al producto de la gestación como una persona en sentido jurídico, susceptible de ser titular de derechos humanos. No estamos pues frente a derechos humanos de dos personas que compiten entre sí”, aclaró.

En el mismo tenor la ministra, Norma Lucía Piña, subrayó que se entiende que existan personas que defienden lo contrario, con base en “creencias” religiosas o de otro tipo, que no pueden ser las que incidan en discusiones de corte científico y legal, pues incluso “violan el carácter laico de la República”.

“El proyecto propone que no hay razones públicas, con sustento científico que permitan equiparar al embrión con una persona titular de derechos y que equipararlo en ese momento a una persona solo puede hacerse en el transfondo a partir de creencias que no son compartidas por todos ni pueden ser usadas por el Estado para limitar los derechos de las personas sin violar el carácter laico de la República.

“El Estado no solo debe abstenerse de forma absoluta de penalizar el aborto en donde se restringe el derecho de las mujeres o gestantes a decidir sobre su cuerpo, sino que debe garantizar condiciones mínimas para que ello sea posible, porque sencillamente conforme a un Estado laico la defensa de la autonomía y privacidad de las mujeres debe ser incondicional de acuerdo con su plan de vida y de presumir que su decisión es racional, deliberada y autonómona”, detalló.

Piña Hernández destacó que, por primera vez en la historia de la SCJN, se discute si la prohibición absoluta de que las mujeres aborten voluntariamente, por razones de autonomía -aún en un estadío temprano del embarazo- es o no inconstitucional.

Explicó que el proyecto establece que la decisión de suspender un embarazo tiene un “impacto enorme para la mujer”, no solo en términos de su salud, sino para su vida.

Llevar a término el embarazo -dijo- entraña un impacto profundo en su autonomía, pues la crianza de un ser humano conlleva una enorme responsabilidad, sobre todo si no se tienen las condiciones vitales para hacerlo adecuadamente, debido a la inequidad de los roles de género asignados a hombres y mujeres, sin contar que a éstas se les ha privado históricamente del acceso igualitario a la salud, la educación y otros bienes necesarios para una vida plena y autónoma.

El ministro Alberto Pérez Dayán reiteró que el aborto no es un sistema de planificación familiar y aseguró que es a la mujer a la que le corresponde decidir si continúa o no con su embarazo, decisión que debe ser acompañada y garantizada por el Estado, al dotarle de condiciones de seguridad.

Adriana Varillas

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