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Magistradas que revocaron suspensión definitiva en caso Riu Riviera Cancún son denunciadas ante Consejo de la Judicatura

Senadora Marybel Villegas presenta denuncia por violación a Ley de Amparo

03 de septiembre/ Cancún, Q. Roo.- Las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Selina Haidé Avante Juárez y Graciela Bonilla González, fueron denunciadas ante el Consejo de la Judicatura por violentar la Ley de Amparo en agravio de cinco menores de edad, quienes habían obtenido de un juez de Distrito la suspensión definitiva que mantenía detenidas las obras de construcción del hotel Riu Riviera Cancún, desde octubre de 2020.

La denuncia de carácter administrativo fue presentada este viernes por la senadora por Quintana Roo, Marybel Villegas Canché, con relación al voto de ambas magistradas, durante la sesión del 15 de julio, a favor de revocar y negar la suspensión definitiva otorgada por el Juzgado Quinto de Distrito, respecto al recurso de revisión 78/ 2020, interpuesto por MX RIUSA II.

El argumento de las magistradas fue que, como las credenciales escolares de los demandantes estaban vencidas y los comprobantes de domicilio para ser notificados no se encontraban a su nombre, los menores de edad no podían acreditar su interés legítimo suspensional y, por tanto, no podían promover el juicio al no demostrar que son miembros de la colectividad afectada por el proyecto.

Como resultado, se revocó y negó la suspensión definitiva que el Juzgado Quinto de Distrito concedió al quinteto de menores de edad, en octubre de 2020.

El engrose de la sentencia estuvo listo en agosto; Riu fue notificado el 11 de ese mes y el ayuntamiento de Benito Juárez ha sido notificado en esta semana.

Hoy, la senadora por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), denunció a las dos magistradas ante el Consejo de la Judicatura por haber omitido actualizar la suplencia de la deficiencia de la queja a favor de los menores de edad que se ampararon, lo que sirvió como argumento para no reconocer su interés legitimo suspensional.

De acuerdo con el articulo 79 de la Ley de Amparo, sobre la suplencia de la queja, se establece que cuando hay alguna deficiencia en el proceso -en este caso por parte de menores de edad- ésta debe ser subsanada o corregida por la autoridad para evitar una mayor violación de derechos humanos que les deje en estado de indefensión.

Bajo ese entendido -como lo expuso el magistrado Jorge Mercado Mejía durante la sesión del 15 de julio- el Tribunal debió haber revocado la suspensión definitiva, pero ordenar al Juzgado Quinto de Distrito reponer el proceso, dando oportunidad a los cinco menores para acreditar su legítima residencia e interés legítimo bajo los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

Mercado Mejía dijo entonces que el Tribunal estaba “obligado” a suplir la deficiencia de la queja, es decir, a buscar las pruebas para acreditar el interés legítimo suspensional de los demandantes o en su caso, darles oportunidad para presentarlas.

Sin embargo, Avante Juárez, al defender su ponencia, consideró que lo propuesto por Mercado Mejía implicaba “sustituir y perfeccionar” las pruebas aportadas por los demandantes, lo que a su juicio rompería el principio de equidad procesal.

En su denuncia, Villegas Canché expone que las omisiones en que incurrieron las magistradas Avante y Bonilla “pueden actualizar la comisión de faltas y responsabilidades administrativas, máxime que se incumple con los principios de legalidad, imparcialidad y eficiencia que todo servidor público debe observar”.

La senadora subraya que lo ocurrido no se puede considerar un “error judicial”, pues acarrea daños graves, mismos que deben ser sancionados, toda vez que las magistradas se “extralimitaron” en sus funciones, al haber actuado -probablemente- más allá de lo legalmente permisible.

“Las determinaciones de las magistradas Selina Haidé Avante Juárez y Graciela Bonilla González superan el límite de lo razonable, causando gravísimos perjuicios a la administración de justicia y a los quejosos, lo que permite presuponer la pérdida de imparcialidad del Tribunal”, se lee en la denuncia, que reclama la afectación al principio de progresividad que implica garantizar “la más amplia protección” a los menores de edad.

Como antecedentes en torno al proyecto hotelero involucrado, la legisladora federal evocó el punto de acuerdo presentado el 18 de marzo de 2020, para que el gobierno federal inicie un recurso de lesividad en contra de la autorización que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), expidió a favor del Hotel Riviera Cancún, el 18 de diciembre de 2015. El exhorto fue aprobado el 22 de abril del 2021.

También consigna el interés supremo de las niñas, niños y adolescentes, dentro de la Constitución mexicana y los tratados internacionales, lo que incluye garantizar su derecho humano a un medioambiente sano, pero también al acceso a la justicia.

“Los menores tropiezan con dificultades considerables para recurrir al sistema judicial a fin de que se protejan sus derechos o pedir reparación por las violaciones de sus derechos y el acceso de los niños a las organizaciones que pueden proteger sus derechos, generalmente es limitado.

“Es entonces que los derechos humanos deben garantizarse y, por lo tanto, cualquier conducta, infracción, omisión que lo vulnere, limite o transgreda, debe ser atendida y restituida con la máxima diligencia por las autoridades obligadas a garantizar los derechos humanos”, se indica.

2 Comments

  1. Cuando el rio suena, es que agua lleva… Se rumora corrupción de esta magistrada en este y en otros juicios en donde se involucran empresas o particulares muy poderosos, tipo poderoso es don dinero, luego entonces, la premisa concluye: Hay corrupción en esa instancia y en gravísimo.
    Pero la queja administrativa no revica lo ya resuelto, se debe promover una inconformidad para que atraiga el caso, por su releevan ia, la SCJN . Eso debio promover Marybel Villegas y lo debe saber. 😡

  2. Excelente trabajo legislativo Senadora Freyda Marybel Villegas Canché, usted siempre al pendiente de los problemas que aquejan al pueblo quintanarroense. No se puede pasar por alto la resolución que emitió un Órgano Colegiado en favor de los derechos de los niños. Ojalá y se haga justicia, respetando la ley y castigando a las personas, que en este caso son las responsables de aplicarlas, y al mismo tiempo las están violentando.

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