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Reformas impulsadas por Morena para disminuir zona federal, “estocada” para municipios costeros de México, alertan en Quintana Roo

23 de agosto/ Cancún, Q. Roo.- Con el rechazo de la Comisión Permanente a convocar un tercer periodo extraordinario de sesiones, fue frenada la aprobación “fast track” de la iniciativa de reforma a la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN), aprobada por el Senado para disminuir 10 metros la franja de zona federal marítimo terrestre (Zofemat).

De aprobarse dicha iniciativa, sería una “estocada” para las finanzas de los municipios costeros de México, aseguraron hoy el aún diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Pool Mo y el regidor, José Luis Acosta.

Pool Mo indicó que el grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, intentó incluir en el nuevo periodo extraordinario, el dictamen que con las reformas que restan a la zona federal, 10 de los 20 metros de playa concesionada, lo que disminuye a la mitad los recursos recaudados por el uso, goce y aprovechamiento de esa franja costera.

Si bien la disminución no será inmediata, se concretará en un promedio de cinco años, cuando pierdan vigencia las concesiones actuales.

En conferencia de prensa, el legislador federal indicó que pese a frenar la convocatoria a un nuevo periodo extraordinario, la discusión de la iniciativa será retomada por la siguiente legislatura federal que inicia en septiembre.

Las reformas planteadas impactarían negativamente a los municipios de entidades costeras y a 10 de los 11 municipios con playa en Quintana Roo, el estado que más recauda por el cobro de ese derecho.

La zona federal marítimo terrestre es una franja de 20 metros, medida desde donde rompe la ola, hacia tierra dentro.

Es propiedad de la nación y puede ser concesionada para su uso y aprovechamiento a dueños de propiedades en zonas costeras, que pagan de acuerdo a tarifas establecidas en la Ley Federal de Derechos. También es utilizada para conservación o protección, mediante acuerdos de destino otorgados a dependencias públicas.

De acuerdo con el Convenio de Colaboración Fiscal federal, los ayuntamientos recaudan el derecho de zona federal y lo enteran a los estados.

Del 100 por ciento de lo recaudado, el 70 por ciento se queda en los municipios para su gasto corriente; el otro 30 por ciento se divide en partes iguales entre municipio, estado y federación para conformar el 30 por ciento del fondo de zona federal, utilizado para la administración, vigilancia, limpieza e inspección de las playas.

En números, tan solo en Cancún se recaudaron 163 millones de pesos, de acuerdo con la Ley de Ingresos 2021, citada por Acosta Toledo. El gobierno estatal recaudó a través de los 10 municipios costeros, 280 millones, dijo.

Estos montos se reducirían a la mitad, una vez que se aprobase y entrase en vigor la reforma.

Pool Mo recordó que el gobierno desapareció el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), lo que dejó al país sin recursos para la promoción institucional de sus destinos turísticos; eliminó también el Fondo de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), minando los recursos en la materia; y anuló el Fondo de Desastres Nacionales (Fonden), necesario para afrontar el embate del huracán Grace en Veracruz, por ejemplo.

“Ahora quieren reducir esta franja de zona federal y le quieren pegar una estocada a las finanzas municipales.

“Hemos decidido, las y los diputados federales, que no vamos a permitirlo, así como no permitimos el Tercer Período Extraordinario en el que Morena, PES, PT y Verde, querían hacer para pasar la Revocación de Mandato, reformas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y estas reformas a la Ley General de Bienes Nacionales, todas hechas al vapor”, advirtió.

Pool Mo y el regidor Acosta Toledo llamaron a las y los diputados por Quintana Roo, Anahí González, Laura Fernández, Alberto Batún y Juan Carrillo, todos de Morena y del Partido Verde (PVEM), a no ceder ante la presión partidista, ni a votar pensando en respaldar la iniciativa de un militante, dañando con ello al estado.

Acosta Toledo subrayó que este es un ejemplo sobre la importancia de contar con contrapesos, pues se corre el riesgo de que el bloque Morena-Verde vote a favor. Ambos exhortaron a la alcaldesa de Cancún, “Mara” Lezama, a pronunciarse por escrito en contra de las reformas, lo mismo que a la aún edil de Puerto Morelos, Laura Fernández.

En contexto

La iniciativa de reforma a los artículos 17 y 119 fue impulsada por el legislador, José Luis Pech, senador por Morena y por Quintana Roo, desde septiembre del 2020 y se aprobó en el Senado de la República el pasado 29 de abril, bajo el argumento falaz de que con ello “se dice adiós a las playas privadas”.

Ocurre que al disminuir 10 metros a la zona federal concesionada -de 20 metros- esos 10 restantes se suman a la superficie de la playa marítima, haciendo que sea “transitable libremente y sin reservas”.

Pool Mo -quien en esa época se encontraba haciendo campaña para la presidencia municipal de Cancún- se pronunció hasta ahora en contra de la iniciativa y confirmó lo expresado desde abril por científicos, académicos, organizaciones civiles y algunos empresarios, quienes expusieron desde entonces los impactos adversos de las reformas aprobadas por la Cámara Alta.

En su momento, el Doctor en Ciencias, Iván Cáceres, advirtió que al disminuir la recaudación, las playas quedan desprotegidas, pues de lo recaudado por zofemat emanan los recursos para el financiamiento de la vigilancia, limpieza, inspección, conservación y protección de éstas.

El Doctor Rodolfo Silva Casarín, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, alertó acerca de que la reforma está tan mal planteada, que deja abierto el libre tránsito, incluso de vehículos automotores, lo que pone en riesgo los ecosistemas costeros y la anidación de tortuga marina, además de que el texto mismo de la reforma abunda en definiciones y conceptos incorrectos.

¿Reacción tardía?

El diputado negó que la reacción de la fracción perredista haya sido tardía, pese a que las reformas fueron aprobadas a finales de abril y apenas están alzando la voz.

“No es que sea ahorita la reacción, sino que simplemente ellos arman la iniciativa y lo turnan a las Cámaras, entonces ya que está turnado nos dan visto. Cuando se nos turna la iniciativa, porque viene del Senado, a los grupos parlamentarios es cuando nos damos cuenta de lo que quieren hacer y pasarlo en un Periodo Extraordinario, el cual no se dio, querían hacerlo al vapor.

“Obviamente para que esto pueda pasar, tiene que turnarse a análisis de comisiones y estas la dictaminan y la suben al pleno, pero no iba a dar tiempo. Frenamos el periodo extraordinario y ya no se pudo”, respondió.

En su defensa, admitió que la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, fue informada de la situación desde el cuatro de mayo -a días de aprobada la iniciativa en el Senado- mediante un documento que le hizo llegar el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET)

Se reunirán con turisteros para analizar iniciativa

En el escrito, el organismo que agrupa al 96 por ciento de los principales turisteros del país, se solicita que se realicen foros y mesa de trabajo para escuchar sobre el “impacto negativo” de reformas que, “buscan resolver un problema que no existe”, en el entendido que de aplicarse el marco legal, las playas son públicas, los empresarios están obligados a garantizar el libre tránsito y habría que vigilar que “no estén invadidas por vendedores ambulantes o la delincuencia”.

El empresariado expone que las reformas carecen de sustento científico y no miden los daños que provocarán a los ecosistemas y a la fauna.

“A este respecto convendría haber realizado un parlamento abierto y escuchar la opinión y análisis de los expertos, científicos, biólogos, empresarios, autoridades locales y población en general, antes de aprobar esta modificación”, señaló el CNET.

Para escuchar al sector turístico, el próximo viernes se realizará una reunión virtual con asociaciones de hoteles, de Clubes Vacacionales, Coparmex, Consejo Coordinador Empresarial y agencias de viajes, para analizar esas reformas.

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