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La Proposición 22 se declara inconstitucional, un golpe a la ley de economía de conciertos de California

Las gigantescas empresas de transporte y entrega de California sufrieron un revés el viernes cuando un juez de la Corte Superior estatal anuló una propuesta de votación de 2020 que permitió a Uber, Lyft, DoorDash, Instacart y otras empresas basadas en aplicaciones clasificar a sus trabajadores como contratistas independientes.

En una demanda presentada por el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios y varios conductores, el juez de la Corte Superior del Condado de Alameda, Frank Roesch, dictaminó que la Proposición 22 es inconstitucional e inaplicable.

Eso es en parte porque la ley, escribió Roesch, infringe el poder de la Legislatura otorgado explícitamente por la Constitución estatal para regular la compensación por lesiones de los trabajadores.

“Si el pueblo desea usar su poder de iniciativa para restringir o calificar un poder ‘plenario’ e ‘ilimitado’ otorgado a la Legislatura, primero debe hacerlo por iniciativa de enmienda constitucional, no por iniciativa de ley”, escribió el juez.

Al incluir un lenguaje destinado a evitar que los conductores se sindicalicen, la medida de la boleta electoral también viola una disposición constitucional que requiere que las leyes e iniciativas se limiten a un solo tema, dictaminó Roesch.

La Proposición 22 afirma proteger a los californianos que eligen trabajar como contratistas independientes, pero también les impide “oblicua e indirectamente” negociar colectivamente, escribió.

Esa prohibición “parece solo proteger los intereses económicos de las empresas de la red de tener una fuerza laboral dividida y no sindicalizada, lo cual no es un objetivo declarado de la legislación”.

Dado que una iniciativa de votación no puede enmendarse después de que sea aprobada por los votantes, cualquier disposición inconstitucional la hace inaplicable.

La empresa de transporte privado Uber prometió apelar. “Este fallo ignora la voluntad de la abrumadora mayoría de los votantes de California y desafía tanto la lógica como la ley”, dijo el portavoz Noah Edwardsen. “Apelaremos y esperamos ganar”.

Uber y otras empresas de gig economy gastaron más de $ 220 millones el año pasado en la campaña electoral más costosa de la nación para eximir a sus conductores de una ley de 2019, AB 5, que requiere que los trabajadores de gig en muchas industrias sean clasificados como empleados con beneficios como mínimo. salario, horas extraordinarias y compensación laboral en caso de lesión.

Los californianos aprobaron por abrumadora mayoría la medida en la boleta electoral, que ganó con el 58% de los votos en las elecciones de noviembre.

“Intentaron aumentar sus ganancias socavando la democracia y la Constitución estatal”, dijo Bob Schoonover, presidente del Consejo Estatal de SEIU California, al aplaudir el fallo. “Durante dos años, los conductores han dicho que la democracia no se compra. Y la decisión de hoy demuestra que tenían razón “.

La experta en derecho de UC Berkeley, Catherine Fisk, quien presentó un escrito de amicus en el caso en nombre de los demandantes, dijo que es probable que las compañías obtengan una suspensión del fallo del juez en las próximas dos semanas.

Después de que la corte de apelaciones del estado lo considere, finalmente lo decidirá la Corte Suprema de California, dijo, y agregó que el proceso podría demorar un año.

La Corte Suprema de California se negó previamente a escuchar una impugnación constitucional a la Proposición 22 en febrero, ordenando a los demandantes que primero presentaran la demanda en un lugar inferior.

Los expertos han dicho que la mayoría de las medidas que aparecen en la boleta electoral a través de un proceso de recopilación de firmas en California inevitablemente enfrentan un desafío legal. Y tradicionalmente, los tribunales de California a menudo dudan en revocar las medidas electorales porque se puede considerar que la medida desafía la voluntad del pueblo.

Geoff Vetter, portavoz de la coalición Protect App-Based Drivers & Services, formada por las empresas para liderar la campaña pro-Proposition 22 el año pasado, calificó la decisión de “indignante” y “una afrenta a la abrumadora mayoría de votantes de California que aprobaron Prop. 22. ”

La Proposición 22 dividió amargamente a los conductores, algunos respaldaron la iniciativa y otros, en grupos como Rideshare Drivers United con sede en Los Ángeles y Gig Workers Rising and Mobile Workers Alliance con sede en San Francisco, presentaron un amicus brief contra la medida.

Las empresas operan “muy por debajo de los estándares laborales”, dijo Nicole Moore, organizadora del grupo de Los Ángeles. “La mayoría de los votantes pensaban que estaban ayudando a los conductores. Los conductores han visto todo lo contrario de la ayuda “.

Veena Dubal, profesora de la Facultad de Derecho de UC Hastings y crítica desde hace mucho tiempo de las empresas de transporte compartido, dijo que la Proposición 22 “es una ley extremadamente, demasiado completa. Esta es la primera decisión de muchas que creo que mostrará su extralimitación empresarial “.

El fallo llega en un momento en que las empresas están luchando contra los esfuerzos en Massachusetts y otros estados para clasificar a sus trabajadores como empleados en lugar de contratistas independientes.

Con información de: LA Times

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