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Mi diario y yo (12)

Mérida, Yuc., Mex., a 15 de agosto de 2021.

Querido Tobiholoch:

“Los yucatecos somos privilegiados porque radicamos en el estado más seguro del país”. “Mérida es la mejor ciudad de México para vivir”. “Aquí nunca pasa nada”. “Yucatán cuenta con la mejor policía del orbe”. “Los huaches que no estén a gusto aquí, mejor que se regresen de donde vinieron”, etc., etc., etc. Estas son unas cuantas de las aseveraciones más comunes que se escuchan en ciertos círculos elitistas, hasta que a sus integrantes les toca enfrentar alguna manifestación de anomia. Solo entonces se dan cuenta de que la sociedad color de rosa en la que transcurre cotidianamente su existencia no es más que un producto de la propaganda gubernamental.

Curiosamente los que vienen de otras latitudes a radicar entre nosotros son los primeros que perciben que la “sociedad ideal” que tanto pregonan las autoridades estatales y municipales yucatecas no es tal, sobre todo cuando tienen qué vérselas con los cuerpos de seguridad.

El caso del joven veracruzano José Eduardo Ravelo Echevarría, que murió días después de ser detenido por varios agentes de la Policía Municipal de Mérida, es paradigmático en este sentido.

Comencemos por poner sobre la mesa un hecho incontrovertible: en Yucatán, los agentes de policía no han internalizado ni respetan los derechos humanos, desde el momento mismo en que detienen a un ciudadano. Me ha tocado presenciar el exceso de fuerza que emplean para someter a una persona aún cuando esta no oponga resistencia. ¿Qué sucede durante su traslado a la sede policial? Nadie lo sabe. Por otra parte, cada año mueren personas bajo custodia de la policía en circunstancias nunca del todo aclaradas. No están seguras ni en las cárceles públicas.

Otro hecho aún más preocupante: al margen de la ley, los policías llevan a cabo, todos los días y por toda la ciudad, cientos de “revisiones preventivas” a transeúntes y conductores de vehículos, con base en la simple “sospecha” de los agentes. Sus principales víctimas: jóvenes que llevan tatuajes, portan mochilas o conducen vehículos con placas de otras entidades. El poder Judicial no ha dicho ni pío sobre esta práctica claramente anticonstitucional y más propia de un estado totalitario que de un régimen democrático. Los dirigentes de la IP también mantienen el pico cerrado. Según se ve, no hemos superado el paradigma lombrosiano. ¿Quién garantiza que la policía no te “siembre” droga o armas en tu mochila o en tu vehículo durante estas “revisiones preventivas? Nadie, obviamente.

Cuando ocurren hechos escandalosos como el del joven veracruzano que comentamos, la declaración de cajón de las autoridades es que se hará justicia a los deudos y que se investigará el hecho hasta sus últimas consecuencias, caiga quien caiga.

Pero ¿quién investiga las denuncias contra la policía? ¿Lo hace un panel de expertos independientes del poder? ¡No, la policía solo rinde cuentes a su comandante y este al gobernador o al alcalde, en el caso del municipio! ¡La policía se investiga a sí misma! Y ya sabemos que los cuerpos de seguridad tienden, en principio, a protegerse, a lavar la ropa sucia en casa, pues no les conviene proyectar una mala imagen.

Cada vez que ocurren decesos vinculados con la acción de las fuerzas de seguridad, los medios tradicionales –prensa escrita, radio y TV—se muestran parcos y reservados y solo difunden las versiones oficiales; en cambio, en las redes sociales abundan los comentarios condenatorios e incluso infamantes contra los cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno, ya que allí el gobierno, aunque utilice troles y organice contra-campañas, en la práctica no puede controlar el flujo de la información.

Recuerdo que hace algunos años, cuando se intensificaron las críticas contra el ejército mexicano por el exceso en que incurrían algunos de sus elementos, sobre todo los que participaban en la guerra contra el narco, en todos sus operativos participaba un agente del ministerio público y una persona que grababa lo que sucedía en ellos.

Bueno, como al parecer las cámaras del oneroso programa gubernamental Yucatán Seguro no son suficientes para lograr la vinculación a proceso de los presuntos responsables del homicidio que sacude hoy a la sociedad yucateca, el gobierno del Estado podría dedicar una partida para dotar a los policías municipales y estatales de cámaras de videograbación, como las que portan los agentes estadounidenses, por ejemplo, las cuales permitirían no perder de vista en ningún momento qué les sucede y cómo tratan los policías a las personas desde el momento mismo en que las detienen, trasladan y llegan a los separos de las corporaciones.

En el caso del joven Ravelo Echevarría los delitos de violación y tortura que comentó a su madre días antes de su deceso al parecer tuvieron lugar precisamente durante su traslado a la corporación municipal, aunque también se sospecha de otra que la autoridad no investigó en su momento, pero que ahora tendrá que hacerlo ante la decisión del juez de control. ¿Y qué se consignó en el parte médico de la Policía de Mérida sobre las lesiones que presentaba este joven?

Finalmente, ya es hora, antes de que las cosas se salgan de cauce, someter a rendición de cuentas a las corporaciones policiacas y que lo hagan ante una instancia independiente del poder, pues las “investigaciones internas” no convencen y ni siquiera tenemos la certeza de que en efecto se lleven a cabo en forma profesional.

¡Ah, lo bueno es que aquí en Yucatán nunca pasa nada!

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