EntérateQuintana Roo

Secuestro de empleado de Zofemat desnuda probable red de extorsión en playas de la Riviera Maya

28 de julio/ Cancún, Q. Roo.- Un joven notificador, empleado en la Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) del municipio de Solidaridad, fue secuestrado dentro de su propio domicilio, localizado en la ciudad de Playa del Carmen, la mañana del pasado 30 de abril.

Cuatro personas armadas irrumpieron en su casa, amordazaron a su hermano, lo encañonaron y lo ataron de las manos, al igual que a su mamá, mientras a él -en otra habitación- lo golpeaban para exigirle el pago por la droga que -le insistían- había pedido fiada, bajo el compromiso de saldar después.

Juan E.P.M. -de 26 años- intentaba hacerles entender que él no tenía nada que ver con venta de drogas, que lo estaban confundiendo o que estaban cometiendo un error, pero sus secuestradores repetían que “se había burlado del patrón” y debía saldar su deuda.

Antes de llevárselo de la casa con rumbo desconocido, sustrajeron el dinero de su sueldo, los celulares personales y de trabajo de su hermano y de su mamá, así como un auto rojo que solía utilizar para desplazarse a su trabajo, porque el que le asignaron de la Dirección de Zona Federal, sin placas ni rótulos, estaba descompuesto y estacionado en su domicilio.

Como pudo, su hermano se desató y auxilió a su mamá. Atemorizados por las amenazas de quienes en principio habían privado ilegalmente de la libertad a Juan, fueron a su centro de trabajo para notificar el robo de los celulares y a entregar el material laboral que estaba bajo su resguardo. Un familiar suyo pasó a recogerles y a ponerles a salvo en otro lugar, porque temían regresar a su casa.

Después de vencer el miedo, al mediodía del tres de mayo acudieron al ministerio público a interponer una denuncia por privación ilegal de la libertad y robo, pero los canalizaron erróneamente al área de desaparecidos.

En la tarde lograron que les tomaran su declaración y se inició la carpeta de investigación FGE/ QROO/ SOL/ 05/ 2449/ 2021.

Esa noche, recibieron un mensaje escrito, amenazante, en el celular de otro miembro de la familia, para hacer un primer contacto. Luego recibieron otro mensaje exigiéndoles un millón de pesos, suma que bajaron a 400 mil, a cambio de mostrarles “una prueba de vida”.

La denuncia

La familia lo notificó a la autoridad que decidió turnar el caso a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Secuestros, adscrita a la Fiscalía General del estado (FGE), en la ciudad de Cancún. También se quedaron con el celular al que llegaban los mensajes.

Desde entonces han aportado datos, nombres y domicilios para encontrar a personas que pudieran proporcionar elementos que arrojen pistas sobre el móvil del secuestro y el paradero del muchacho, pero nada se ha movido.

A casi tres meses de aquello, no hay noticias de Juan, los comandantes a cargo dejaron de tomarle la llamada a los familiares; si acuden a la Fiscalía no les atienden y los avances del caso son nulos.

Desesperados y emocionalmente agotados, afirman que no buscan culpar a nadie y ni siquiera persiguen que se castigue a los responsables. Lo que les interesa es recuperar a Juan y saber dónde está o qué le ocurrió.

El incidente con la Guardia Nacional

En sus propias indagatorias, la familia preguntó a Sergio C.C. si tenía idea de quién podría haber ordenado o participado en el secuestro del joven, pero no les dio respuesta.

A Sergio lo describen como “un aviador” en la Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre, quien de vez en vez se presentaba a trabajar y era compañero de Juan.

Para el relato de esta historia, citan una anécdota que les contó el propio Juan, 15 días antes de su secuestro. Un día, elementos de la Guardia Nacional le pidieron 60 mil pesos, pues pensaban que él operaba puestos de masaje en las playas. El joven les aclaró que esos sitios ni le pertenecían, ni los operaba.

La escena fue atestiguada por Mauricio Cuevas Méndez, un antiguo empleado de la Dirección de Zona Federal. Los familiares del joven mencionan que, aunque ya no labora ahí, el ex funcionario conserva nexos que presuntamente le permiten la operación de centros de masaje en la playa, de los cuales es dueño.

De vez en vez -agregan- usurpaba la identidad de Juan para cobrar “cuotas” a otros establecimientos.

El puesto de Juan era de notificador, pero su función era inspeccionar en campo el cumplimiento de los concesionarios de zona federal en las playas.

Su familia admite que Juan tenía la instrucción de sus superiores de cobrar “cuotas” a los concesionarios que no tenían en regla sus permisos o que violentaban alguna disposición. Llegaban a algún “arreglo” para evadir el pago de una multa, a cambio de pagar solo un porcentaje (10%) de ésta, el cual se entregaba a “alguien” en la Dirección de Zona Federal.

Entre la gente a la que Juan rendía cuentas, la familia ubica a “Charly”, cuyo nombre es Carlos Martin Espinosa Preciat, un servidor público que hasta el 2018 aparecía como coordinador de Tesorería, pero en octubre de 2020 fue comisionado a la Dirección de Zona Federal.

Antes de eso, en 2014, Espinosa Preciat trabajó en la Dirección de Fiscalización, pero de Cancún, en donde con el supuesto aval del entonces director, Raymundo López Martínez, cobraba “cuotas” o “apoyos” a comercios para gestionarles prórrogas y regularizarles permisos.

Ese caso fue denunciado por la prensa, en aquella época, como una probable red de inspectores dedicados a la extorsión en la ciudad y la zona hotelera. Los señalamientos no fueron investigados oficialmente, por lo cual no se pudo determinar su veracidad.

Los familiares indican que Juan contó a “Charly” lo ocurrido con la Guardia Nacional y éste le recomendó “guardarse en su casa unos días”, mientras se calmaban las cosas. El joven obedeció, luego hizo un viaje de tres días, retornó a sus labores y 15 días después del roce con los policías, fue secuestrado.

Los intentos por negar a Juan

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía citó a declarar a Carlos Martín Espinosa, quien negó tener mayor trato con Juan.

La familia del joven señala que “Charly” manifestó que “rara vez lo veía” y que “no pasaba a checar tarjeta como los otros empleados”. Incluso, el servidor público dijo a la autoridad que no sabía siquiera si Juan estaba dado de alta como empleado de la dependencia municipal.

La Fiscalía también llamó a declarar a Marco Antonio Loeza Pacheco, director de Zona Federal, quien manifestó que a su cargo estaban 170 empleados y que no ubicaba a Juan, pese a que en su área hay entre seis y siete inspectores y notificadores.

La familia considera que ambos intentaron poner en duda que el muchacho trabajaba ahí y que tenían trato directo con él, por lo cual mostraron el gafete oficial que la dependencia municipal le proporcionó al joven para acreditarlo como notificador, del 01 de enero al 30 de septiembre.

Su contrato de trabajo era anual. No tenía mas prestaciones que el aguinaldo y sus vacaciones, pues no lo registraron ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Otra prueba de que la víctima laboraba ahí, es el auto sin placas que le prestó la dependencia para desplazarse, el cual fue recogido por el personal, cinco días después del secuestro, luego de haber dado de baja a Juan, quien evidentemente dejó de presentarse.

Juan es descrito por su familia como un joven sano, sin vicios, que no se veía atormentado, ni se desplazaba con el miedo de quien se cuida las espaldas al saberse involucrado en actividades de riesgo. Iba y venía libre y despreocupado; su mayor distracción era volver a casa para jugar Xbox.

Siguiendo el consejo de su familia, pensaba en renunciar a su trabajo y emplearse en otro lugar. Hoy los suyos le buscan con la esperanza de que aparezca con vida y se duelen de la apatía de la autoridad para dar con su paradero.

“Con todo lo que ha pasado, pasa el tiempo y las posibilidades de que aparezca, disminuyen”, lamentan.

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