Quintana Roo

Presentan en Quintana Roo Informe sobre situación de personas defensoras de derechos humanos y periodistas

Represión policiaca del 9N en Cancún, “una de las más graves violaciones a derechos humanos”: Amnistía Internacional México

Cancún, Q. Roo, 21 de julio. – La represión armada en Cancún, por parte de policías locales que disuadieron a balazos una protesta pacífica el nueve de noviembre de 2020 (9N), fue ubicada por Amnistía Internacional México, como una de las “más graves violaciones a los derechos humanos”, al mezclar la tortura sexual y el uso de armas de fuego en contra de mujeres que se manifestaban por la violencia contra otras mujeres.

La directora de la organización, Edith Olivares Ferreto, indicó que, hechos como estos -que se mantienen impunes a ocho meses de ocurridos- no pueden volver a repetirse, ni “podemos permitir que esas prácticas se instalen en México”.

Para evitarlo, Marion Mondain, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) informó que se trabaja con el gobierno de Quintana Roo en asistencia o capacitación sobre uso de la fuerza, reconocimiento al derecho de la reunión pacífica y en la necesidad de reconocer también la libertad de manifestación.

Ambas participaron hoy en el cuarto y último conversatorio “La defensa de los derechos humanos y la libre expresión en México, en contexto de COVID-19”, que conjuntó la presentación, en Quintana Roo, de un Informe sobre las restricciones y condiciones de riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas y que se agudizó con la pandemia.

Este ciclo de conversatorios fue organizado por el Espacio para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas (Espacio OSC), Front Line Defenders, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Con base en el Informe, Adriana Ramírez, de CIMAC, expuso que durante la pandemia ha habido un aumento de la violencia, agudizando los riesgos, a la par de un claro debilitamiento de las instituciones y mecanismos garantes de protección de los derechos humanos, esto junto a la adopción de disposiciones en distintos niveles de gobierno que han tenido un impacto negativo sobre el ejercicio de los derechos, al significar barreras y obstáculos específicos a distintos grupos y ámbitos de defensa.

La intención del ciclo de conversatorios fue situar las recomendaciones planteadas en el documento, dentro de los contextos y particularidades de las distintas entidades federativas del país, en este caso, Quintana Roo.

Para hablar de cómo se agudizó la violencia en contra de las mujeres y las colectivas feministas, se convocó a Wendy Galarza, integrante del Comité de Víctimas 9N, quien recibió dos impactos de bala aquella noche, cuando los policías dispararon contra una multitud integrada por infantes, adolescentes, adultos y adultos mayores, quienes se manifestaban en contra de tres feminicidios en un solo fin de semana, entre ellos, el de Bianca Alejandrina, conocida como “Alexis”.

Galarza narró cómo el “quédate en casa” significó para muchas mujeres el aumento de violencia en su agravio, incluida la violencia sexual, las desapariciones y la muerte.

Al principio -dijo- las colectivas tuvieron que replegarse para protestar digitalmente, debido a las restricciones sanitarias, hasta que llegó el nueve de noviembre y los feminicidios antes mencionados, que dieron pie a una manifestación que terminó siendo reprimida por un promedio de 80 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, bajo la coordinación de la policía estatal, debido a la figura de Mando Único.

Los periodistas Cecilia Solís y Roberto Becerril fueron alcanzados por las balas al igual que Wendy, mientras otra decena de personas, la mayoría mujeres no mayores a 30 años, fueron golpeadas, insultadas y víctimas de abuso sexual, lo que se equipara a tortura sexual cuando la agresión proviene de agentes del Estado, explicó Olivares Ferreto, posteriormente.

Luego de subrayar que ante esos hechos, la Guardia Nacional fue omisa y hasta permisiva, Wendy relató las inconsistencias para la investigación del caso, la obstaculización para acceder a la justicia, la deficiente reparación del daño y la impunidad, pues no hay detenidos, ni responsables materiales o intelectuales. Y agregó que las autoridades municipales y estatales solo han incurrido en actos de simulación.

Edith Olivares recordó que la documentación del caso quedó registrada con otros cuatro, en un Informe denominado “La Era de las Mujeres: Estigma y violencia contra las mujeres que protestan”, elaborado por Amnistía Internacional México, que ve cómo los niveles de violencia en contra de quienes se manifiestan y defienden derechos humanos, se mantiene en el país, acudiendo velozmente a resguardar edificios y monumentos, pero actuando como dilación cuando se trata de crímenes en agravio de las mujeres.

Agregó que han pugnado porque las investigaciones y las sanciones alcancen los más altos niveles y no se centren solo en los autores materiales de la represión del 9N y han recomendado que se revise la figura del Mando Único.

Para exponer cómo se ha agudizado el contexto local que enfrentan ambientalistas, feministas, personas de la comunidad LGBT+, comunidades indígenas, familiares de personas desaparecidas y periodistas, debido a la pandemia, se contó con la participación de la corresponsal de EstamosAquI.MX en Quintana Roo, Adriana Varillas.

La también integrante de la Red Nacional de Periodistas, indicó que en el anhelo de que se garanticen todos los derechos para todas las mujeres, las feministas han sido amenazadas, hostilizadas, descalificadas, insultadas, divididas y criminalizadas por autoridades o por sectores de la sociedad.

Ambientalistas y académicos enfrentan violencia de bajo impacto, siendo amenazados física o legalmente, por su defensa de los ecosistemas del estado, que les ha llevado a articularse dentro y fuera de la entidad para defender el derecho humano a un medio ambiente sano en contra de obras, megaproyectos e instrumentos planeación urbana o política ambiental, que ponen en riesgo los recursos naturales.

Y familiares de víctimas de desapariciones cometidas por particulares, durante la pandemia, padecieron la dilación en las investigaciones, la obstaculización de la justicia, las omisiones de autoridades y la indiferencia de la sociedad, en su busca por hacerse escuchar, encontrar a los suyos y evitar la impunidad.

Varillas se refirió además a la vulnerabilidad de las y los periodistas quintanarroenses, debido a la precarización de su labor y los riesgos de seguridad que enfrentan, ya sea por temas relacionados con la delincuencia organizada, autoridades de gobierno y, principalmente, cuando se trata de la policía local, capaz de arremeter a balazos en contra de la manifestantes y comunicadores, como sucedió el 9N.

A las y los periodistas -manifestó- también les pueden “matar la vocación” u orillarles a vivir en la carencia o a enfermar de estrés, fruto de abusos y explotación laboral, cero prestaciones y bajísimos salarios.

En su relato citó la primer encuesta sobre condiciones laborales en medio de comunicación, a propósito de la crisis sanitaria, elaborada en 2020 por la Red de Periodistas de Quintana Roo, que reunió 67 testimonios de periodistas, camarógrafos, fotógrafos y editores.

Enfatizó cómo la precarización del Periodismo se agrava si se es mujer, si se tienen hijos, si se vive en una comunidad rural o en una isla o incluso si se rebasa cierta edad.

“Todo eso es violencia. Una violencia silenciosa, cuyos efectos no se ven, pero afectan no solo el proyecto de vida de la o el periodista, sino hasta la calidad de información que genera, trastocando los derechos a la Libertad de Expresión e Información de toda la sociedad”, sostuvo.

Por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHQROO), Lorena Contreras, aseguró que en la entidad “hay mucho que trabajar” con las policías y funcionarios, para hacerles ver que la sociedad tiene derecho a manifestarse y a reunirse pacíficamente, pues no sólo se trata de garantizar la protección, sino el reconocimiento de ambos derechos.

Consideró que el 9N es “un parteaguas” para trabajar coordinadamente para brindar garantías de no repetición y resaltó que es indispensable ahondar en la reparación de los daños, a satisfacción de las víctimas, toda vez que existen agravios que resultan incuantificables.

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