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Mi diario y yo (8)

Mérida, Yuc., Mex., a 16 de julio de 2021.

Querido Tobiholoch:

Ante todo, te aclaro que soy partidario del ocio porque despeja la mente y despierta la imaginación cuando lo procuras de manera natural, sin artificios de por medio. Es más, soy admirador de Lafargue, el yerno de Marx, que abogaba por el derecho a la pereza, lo cual seguramente no gustaba para nada a su suegro, quien estaba ocupado en demostrar que la apropiación de la plusvalía producida por los trabajadores era el motor del sistema capitalista. (Aquí entre nos, creo que Paul y Karl se entendían de lo lindo porque eran marcadamente diferentes, además de que el filósofo alemán seguramente no tenía humor para oponerse a los deseos de su hija Laura).

Buena, estas palabras introductorias se deben a las declaraciones que hizo en Mérida el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, en el sentido de que la consulta pública que se llevará a cabo el próximo primero de agosto no será para enjuiciar a ningún expresidente sino solo para esclarecer las decisiones políticas que asumieron en su momento.

¿Y eso para qué servirá?, te preguntarás. Es lo mismo que se preguntan millones de mexicanos, quienes seguramente se responderán: es una pérdida de tiempo.

AMLO había prometido durante su campaña a la presidencia que no quedarían impunes los últimos cinco expresidentes: tres del PRI y 2 del PAN. Todos entendimos que los investigaría de manera exhaustiva para, en su caso, llevarlos ante la justicia. Pero luego reculó y dijo: primero vamos a consultarlo al pueblo, a ver si quiere hacerlo. Incluso hizo pública la pregunta que se nos haría:

“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.

El plan era llevar a cabo esa consulta durante las elecciones de junio pasado, pero ante las críticas no solo se difirió sino que intervino la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revisar su constitucionalidad. Los ministros opinaron que así como estaba formulada la pregunta era improcedente y propusieron otra redacción:

“¿Estás de acuerdo o no que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

¡Un ejemplo inmejorable del arte retórico y un eficaz desalentador de la participación popular!

AMLO debió presentar una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República contra quienes presumía que habían incurrido en actos de corrupción, pero luego de que llegó al poder como que lo pensó mejor, suavizó el tono y también los alcances de su promesa original.

No obstante, la consulta del primero de agosto implicará una cuantiosa inversión de recursos materiales y humanos, pues se imprimirán 93 millones de papeletas y se instalarán 57 mil casillas para recibirlas, cada una con sus correspondientes funcionarios. Para que el resultado sea vinculante, es decir, obligatorio, deberán votar al menos 37.5 millones. Y será la SCJN la que decidirá qué se hará después para “esclarecer” lo que ya es parte de la historia.

El presidente insta a participar pero la verdad como que no tiene mucho sentido hacerlo, al menos no para mí. Pero, Tobi, permite que especule un tanto: si la mayoría vota por el sí y después no sucede nada sustantivo con ninguno de los expresidentes, la credibilidad del gobierno podría quedar maltrecha y repercutir negativamente cuando en marzo del próximo año se lleva a cabo la consulta para revocar el mandato del presidente, oportunidad que la oposición aprovechará para ir con todo contra López Obrador.

¿Qué decisiones políticas concretas del pasado se esclarecerán? ¿Únicamente aquellas que llamaron la atención de los medios de comunicación? ¿Habrá tiempo para revisar tres décadas de actuaciones presidenciales? ¿Quiénes serán considerados como víctimas y quiénes no? ¿Qué garantías existen de que estas efectivamente recibirán justicia? ¿Se tomarán en cuenta no solo los hechos consumados sino también las omisiones de los exmandamases?

Estamos frente a un auténtico galimatías.

Espejismo: Según el Ejecutivo estatal, “durante los últimos 11 meses, de agosto de 2020 a junio de 2021, en Yucatán se han recuperado un total de 20,299 empleos de los más de 25,000 que se perdieron a causa del impacto económico por la pandemia del Coronavirus, es decir que, se han recuperado 8 de cada 10 de los empleos”. Pero ¿qué hay de los que se dejaron de crear en los últimos quince meses? ¿También necesitamos una consulta pública para que se nos esclarezca este déficit que será permanente y, por lo mismo, insuperable?

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