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Violencia institucional, agresores dentro de la Fiscalía e impunidad: El viacrusis de sobrevivientes de violencia de género en Quintana Roo


10 de junio/ Cancún, Q. Roo.- Scarlett S. logró sobrevivir a la golpiza que, en plena vía pública, le propinó su expareja, Carlos Rivero Jímenez, quien estuvo a punto de matarla la noche del 1 de junio. Mientras su vida peligra y su agresor camina libremente por las calles de Chetumal, ella no ha logrado que él sea detenido por la Fiscalia General de Quintana Roo (FGE), ni que le concedan medidas de protección para evitar una tragedia.

El caso de Soledad M. no es menos grave. Su ex pareja y agresor, Javier Almeida Montúfar -ese que la mantiene amenazada con publicar fotos íntimas que le tomó sin su consentimiento- es abogado dentro de la propia Fiscalía y le ha advertido que puede “levantarla” (privarla de la libertad) o incluso fincarle delitos falsos para enviarla a la cárcel, si ella se empeña en terminar la relación.

En ambos casos, las víctimas han reportado fallas en el acompañamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado (CEAVEQROO) y violencia institucional por parte de la Fiscalía General, de acuerdo con sus testimonios.

También constituyen algunos de los innumerables ejemplos del viacrucis que deben atravesar las mujeres sobrevivientes del ciclo de violencia feminicida, cuando buscan acceder a la justicia y a la reparación integral del daño a que tienen derecho y que el Estado está obligado a garantizarles.

Colectivas feministas les han brindado acompañamiento y han exigido a las autoridades a proceder de inmediato, conforme a lo que marca la ley, para asegurar medidas de protección que salvaguarden la integridad de ambas víctimas y el castigo para sus agresores, quienes -hasta el momento- gozan de impunidad.

Tentativa de feminicidio

Scarlett tiene 28 años. El pasado 1 de junio, a las 23:40 horas, su expareja, Carlos Manuel Rivero Jiménez, profesor de Educación Física y quien se dice “político influyente”, la golpeó afuera de su casa.

La tomó del cabello, la aventó sobre el piso, volvió a tomarla del cabello para levantarla y le dio un puñetazo en el rostro, que la aturdió, según su relato. “Pensé que me iba a matar”, expresó.

Que estuviera bañada en sangre no lo detuvo para seguir golpeándola. La arrastró por la calle, con la intención de introducirla en el inmueble, pero los gritos de la mujer provocaron que uno de los vecinos saliera en su auxilio. Su agresor salió huyendo, abordó su auto y se fue. La policía llegó minutos después y la conminó a denunciar. Ella aceptó.

“Cuando llego a la Fiscalía no me querían tomar mi declaración para interponer mi denuncia; me dijeron que mejor me vaya al doctor porque me veía muy mal y me podía desmayar ahí; yo les dije que no iría a ningún lado y que iba a interponer mi denuncia en ese momento, y si no me la tomaban estaban incurriendo en un delito.

“Después de un largo tiempo, termino mi declaración y me dicen que tengo que pasar con el médico para que vea mis lesiones. El doctor solo abrió la puerta del consultorio y me vio durante 5 segundos en el pasillo; me indicó que ‘era todo’, sin checarme ninguna lesión o preguntar si algo me dolía. No me tomó fotos, ni nada, a pesar de estar totalmente cubierta de sangre”, detalló.

La mujer salio del consultorio para seguir sus trámites, pero todos en la Fiscalía dormitaban. Tocó en varias oficinas para pedir ayuda y nadie le respondió. Abandonó el lugar a las dos de la madrugada, pidió un taxi y se fue a casa a lidiar con el dolor en la cara y el cuerpo, que aumentaba.

“En la fiscalía jamás me preguntaron si requería las medidas de protección al hacer mi denuncia, ni me leyeron mis derechos como víctima que marcan que debo tener atención médica y psicológica de forma inmediata, así como la presencia de un asesor victimal que me acompañe en mis diligencias.

“Después de todo este proceso revictimizante pude obtener mi carpeta de investigación con número de Expediente FGE/QROO/OPB/06/2806/2021″, dijo.

La violencia que sufrió Scarlett, en manos de su ex pareja, tuvo como antecedente otra agresión, cuando en enero de este año él la golpeó y le produjo un hematoma en un ojo, denunciada ante la CEAVEQROO, en donde recibió atención médica particular, le ofrecieron ayuda psicológica y le preguntaron si quería denunciar, pero no la persuadieron a ello.

“La verdad yo estaba muy confundida en ese momento y tenia mucho miedo a las represalias por parte de mi agresor”, comentó, al señalar que el personal de la Comisión la felicitó por no denunciar, le aconsejó alejarse y no provocarlo, para no motivar una reacción más violenta”, manifestó.

Después del segundo episodio, que podría encuadrar en tentativa de feminicidio, la mujer teme por su seguridad y la de su familia, debido a las influencias que su expareja dice tener en el ámbito político. Su denuncia -agrega- sigue sin avance alguno.

Violencia familiar y Digital

El agresor de Soledad M. trabaja en la Fiscalía General. Es un abogado al que conoció en las redes sociales; iniciaron una relación en marzo pasado, pero ella concluyó la relación al percatarse que él ejercía violencia psicológica y emocional en su contra.

El problema es que Javier Almeida Montúfar se niega a terminar la relación y, aprovechándose de su puesto como servidor público dentro de la institución, mantiene amenazada a Soledad con publicar fotos íntimas que le tomó sin su consentimiento, lo cual constituye Violencia Digital, delito castigado con penas que van de cuatro a ocho años de prisión y de 200 a 500 días de multa y que se duplican si ha habido una relación afectiva o de confianza.

Las amenazas incluyen hacerle daño a su familia e incluso a una pareja anterior, además de “darle un levantón”, es decir, privarla ilegalmente de la libertad y enviarla al Centro de Readaptación Social (Cereso), acusada de delitos falsos.

La joven denunció a Almeida Montufar, en mayo pasado, lo cual dio pie a la apertura de la carpeta de investigación FGE/QROO/OPB/05/2260/2021.

Durante este proceso, Soledad se enteró que no es la primera víctima que denuncia al servidor público.

“Vivo en constante estrés y miedo de que el cumpla alguna de sus amenazas que me ha dicho. He llegado al grado de pensar en el suicidio, por miedo de que le pase algo a mi familia ‘por mi culpa’.

“Cuando puse mi denuncia ante la Fiscalía General de Quintana Roo me entero que no soy la primera mujer que ha puesto una denuncia en contra de este agresor; ya hay otras demandas y aún está persona no paga por sus acciones”, dijo.

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