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Constitucionalidad de la Ley General de Educación

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció la constitucionalidad de la Ley General de Educación, específicamente determinados preceptos, “los cuales establecen una serie de obligaciones relacionadas con la salvaguarda, en términos generales, de la calidad y seguridad de los bienes inmuebles destinados a la prestación del servicio público de educación” (Comunicado número 156/2021, 3 junio 2021).

            La Ley General de Educación, que entró en vigor el 1 de octubre de 2019, fue producto de la (contra) reforma educativa del presidente de la República. La norma jurídica garantiza el constitucional derecho a la educación y regula la educación que imparta el Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y municipios, la cual se considera un servicio público y estará sujeta a la rectoría del Estado.

            La Ley General de Educación alarmó a algunas instituciones particulares. Temieron por sus propiedades y derechos. En especial, por la disposición de que “los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Nacional”.

                La Corte concluyó, por el contrario, que las disposiciones legales “no representan una limitación o transformación al derecho a la propiedad de las escuelas privadas sobre los bienes muebles e inmuebles empleados para proporcionar el servicio de educación; ni mucho menos implican la extinción parcial de alguno de sus atributos inherentes consistentes a usar, gozar, disfrutar y disponer de los mismos”.

            El Congreso yucateco cuidó ese aspecto de la referida Ley General de Educación, cuando en 2020 aprobó la Ley de Educación de Yucatán, al señalar que “los muebles e inmuebles, servicios o instalaciones destinados a la prestación del servicio público de educación”, constituirían el Sistema Educativo Estatal.

            No citó expresamente a los de propiedad privada, como hizo la norma general.

            De cualquier manera, ya la Corte dijo que es constitucional la Ley General de Educación. Los particulares dedicados al servicio educativo pueden estar tranquilos de que la norma jurídica no atenta contra sus derechos de propiedad, que por otra parte, están garantizados en la Ley Suprema de la sociedad mexicana.

Numeralia

  • Según el Inegi, “de los 32.9 millones de población inscrita en ciclo escolar 2020-2021, el 90% está en instituciones públicas y 10% en privadas”. Por nivel: Preescolar, 89.2% va a la escuela pública, y 10.8% a la privada; Primaria, 92.7% y 7.3%; Secundaria, 91.4% y 8.6%; Media Superior, 86.8% y 13.2%; y Superior, 76.0% y 24.0% (Comunicado de prensa, Inegi, 23 marzo 2021).
  • “La Secretaría de Educación Pública reportó que para el ciclo escolar 2018-2019 un 88.6 % de la población escolar de nivel básico —preescolar, primaria y secundaria— asiste a escuelas de sostenimiento público, mientras que un 11.4 % corresponde al tipo privado” (“La escuela privada en riesgo”, Irma Villalpando, Nexos, 1 julio 2020).
  • En Yucatán, durante el ciclo lectivo 2020-2021, la asistencia de alumnos a escuelas públicas y particulares fue de 623 mil 892: el 83.4% a centros escolares públicos, y 16.5% a privados; en números absolutos: 520 mil 330 y 103 mil 562, respectivamente.

Otros datos

            La matrícula al inicio del ciclo 2020-2021:

  • Educación Básica, 416 mil 435 (372 mil 046 en escuelas públicas y 44 mil 389 en privadas).
  • Educación Media Superior: 91 mil 280 (75 mil 532 y 15 mil 748).
  • Educación Superior: 79 mil 661 (42 mil 625 y 37 mil 036).

La Segey “pasa la bolita”

            Un grupo de maestros de educación artística protestaron contra la Segey porque “no pueden acceder a las diferentes promociones académicas para mejorar sus condiciones laborales”, y en consecuencia, “exigen que ya se dejen de estar pasando la bolita” y que les resuelvan su problema (Por Esto! 4 junio 2021).

            La Segey, en congruencia con la afirmación de los docentes, “pasó la bolita” al gobierno federal, y asegura que “continúa analizando cada caso con detenimiento, con el único fin de apoyarlo y orientarlos en sus peticiones”.

Propuestas del PAN

            Según los datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares, el PAN logró la ventaja numérica en la alcaldía de Mérida y en 14 de las 15 diputaciones de mayoría relativa. Arrasó con los demás partidos políticos.

            Así que ahora es de esperar que cumpla con sus propuestas electorales. En su plataforma, ofreció, en materia de educación:

            a). Gestionar la ampliación de los centros educativos, principalmente en las comunidades indígenas. b). Impulsar la construcción de Domos en las escuelas primaria y secundaria para que los niños, niñas u adolescentes puedan hacer prácticas deportivas y artísticas.

Retorno a las aulas

            Conforme a los deseos presidenciales, regresaron a clases presenciales: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa y Veracruz (Verónica Martínez, “Regresan a clases presenciales 15 estados”,EstamosAquí.mx, 8 junio 2021).

Recursos

            “En 2021 el presupuesto asignado a infraestructura educativa asciende a 240 millones de pesos, lo que resulta 79.1 por ciento menor en términos reales, contra el ejercido en 2020”, y que “de 2010 a 2021 el gasto público en infraestructura educativa ha dado, en promedio, 21.6 por ciento real cada año” (El Financiero, 9 junio 2021).

            Y en Quintana Roo, se destinará “un total de 21 millones de pesos para resarcir los daños, particularmente por actos vandálicos, que presentan actualmente 182 escuelas en toda la entidad” (Luces del Siglo, 9 junio 2021).

            Yucatán cuenta, de acuerdo con el presupuesto 2021, con la suma de 27 millones 552 mil 838 pesos para los inmuebles escolares: 25.4 por ciento para mantenimiento de la infraestructura física educativa, y 74.5 % para mantenimiento emergente (ver “¿Tendrá remedio?”,EstamosAquí.mx, 3 junio 2021).

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