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Evidencian a Congreso de Quintana Roo. Comisión Especial para el caso de la represión del 9N se creó. Nunca se instaló

11 de mayo/ Cancún, Q. Roo.- Durante hoy, en el Congreso de Quintana Roo, con víctimas de la represión del nueve de noviembre de 2020, cuando policías municipales dispararon contra manifestantes en Cancún, salió a relucir que la Comisión Especial creada para dar seguimiento al caso, jamás se instaló, hecho que se sumó a una de las omisiones y simulaciones en que han incurrido autoridades, gobiernos y Poderes, expuestas hoy en el recinto legislativo.

Dicha Comisión Especial, de carácter transitorio, fue aprobada el 11 de noviembre del año pasado a propuesta la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), presidida por el diputado del Partido Verde (PVEM), Gustavo Miranda García, ausente en la audiencia de hoy.

El grupo de trabajo quedó integrado por la diputada con licencia, por el Partido Acción Nacional (PAN), Atenea Gómez Ricalde, quien se encuentra en campaña para elegirse como alcaldesa de Isla Mujeres; por Alberto Batun, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), también con licencia para contender por una diputación federal, justo en Cancún.

También por los diputados José Luis Toledo Medina, del Movimiento Ciudadano (MC); Pedro Pérez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Ana Pamplona, del Partido del Trabajo (PT), que tampoco asistieron hoy a la audiencia con las víctimas.

Carlos Hernández, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y José Luis Guillén del Movimiento Auténtico Social (MAS), fueron los únicos que, como integrantes de la fallida comisión, estuvieron presentes hoy durante el encuentro, aunque el primero solo estuvo un rato y terminó por abandonar el recinto.

De todas las funciones que se adjudicaron a la Comisión Especial -citar a comparecencias, dar seguimiento a investigaciones, solicitar informes de avances, dar seguimiento a las sanciones administrativas y penales correspondientes- no se cumplió con ninguna. Ni siquiera con la instalación del propio grupo de trabajo.

Listado de agravios y omisiones

El hecho lo hizo notar el presidente de la Comisión de Salud y Grupos Vulnerables, Edgar Gasca, a quien recientemente las víctimas se acercaron para exponerle el grado de impunidad del caso.

El legislador solicitó la celebración de una audiencia en el recinto legislativo, con las y los 25 integrantes de la XVI Legislatura, pero solo acudieron 10. “Aquí estamos a los que nos interesó”, expresó el diputado.

Las y los sobrevivientes de aquella noche, cuando más de 80 policías se lanzaron con macanas, escudos y dispararon en contra de la gente desarmada que se manifestaba en contra del feminicidio de Bianca Alejandrina, “Alexis”, dieron hoy su testimonio.

Narraron también todas las irregularidades de la investigación seguida por la Fiscalía General de Quintana Roo (FGE); la alteración de la escena del crimen y la falta de resguardo de los indicios y de la cadena de custodia; y del incumplimiento de la recomendación que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHQROO) giró a la presidenta municipal, “Mara” Lezama, actualmente en campaña para reelegirse.

Además, las omisiones y simulaciones de la FGE en cuanto a la pretendida vinculación a proceso de solo 11 elementos de la policía, de los más de 80 que participaron y que estos ni siquiera han sido notificados porque se encuentran en libertad, pues se les perdió la pista y deberían estar sujetos a prisión preventiva.

Entre las quejas, tocó hablar del papel de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceaveqroo), rebasada en materia presupuestal, de asesores victimales y jurídicos, para darle seguimiento eficaz a las 13 personas agraviadas, que siguen sin tener acceso a la reparación integral del daño.

Refrendan solicitud de juicio político

El abogado de las víctimas, Javier Sotelo, ahí presente, recordó que tienen denunciadas a varias autoridades, ante distintas instancias, sin respuesta. Entre ellas citó a la propia Lezama Espinosa y al gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, como responsables del Mando Único.

De hecho, refrendaron ante las y los legisladores, que una de sus solicitudes es que inicien juicio político en contra de ambos -alcaldesa y gobernador-, lo que incluye a los ex titulares de las Secretarías de Seguridad Pública del estado y del municipio, Alberto Capella y Eduardo Santamarina -separados del cargo- como responsables directos de esa figura, además de la fallida estrategia de seguridad.

Entre las intervenciones de las y los legisladores, Iris Mora del PRD, lamentó el peregrinar de las víctimas para acceder a una justicia integral, pronta y expedita y se comprometió a gestionar atención psicológica y dar cause a las demandas ahí expuestas.

Hernán Villatoro, del PT, al calor de la coyuntura, buscando dar respuesta y sin medir las implicaciones, consideró necesario retomar la iniciativa de Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, presentada el año pasado.

Dicha iniciativa es prácticamente una calca de la “Ley Borge”, revocada en 2017 a solicitud de más de 100 periodistas y activistas de al menos cinco municipios, por ilegítima y porque aumenta su vulnerabilidad, a través de un mecanismo estatal, con autoridades locales al frente, cuando es desde esa esfera de donde proviene la mayoría de los ataques a periodistas, siendo Seguridad Pública principal agente agraviante.

José Luis Chávez preguntó una y otra vez a las víctimas, qué era lo que estaban buscando del Congreso e incluso les puso opciones, entre acceder a la justicia, fincar responsabilidades, enjuiciar o reparación material del daño. También insistió en si había grupos pretendiendo “colgarse” de su movimiento, en alusión a las colectivas feministas.

La respuesta de las víctimas, ya entre el enfado y la frustración, fue aclararle al diputado que el 9N surgió a partir de una manifestación feminista en contra de los feminicidios en la entidad, que “es obvio” que cualquier colectiva que defiende los derechos de las mujeres, exigirá justicia para ellas y ellos.

Coincidieron que lo que esperaban del Congreso eran acciones para garantizar acceso a la justicia y reparación integral del daño, además de castigo para las y los responsables y pidieron no se apruebe la iniciativa de Ley de Protección a activistas y periodistas sin consultar a todas las partes.

Una de las víctimas, incluso cuestionó con sus palabras al legislador, diciéndole que si él o una de sus hijas hubiese sido agraviada aquella noche… “¿usted qué pediría?”.

Euterpe Gutiérrez criticó a las instituciones involucradas, quienes han puesto como excusa para actuar, la carencia de presupuesto, citando que a la Fiscalía se le autorizó un aumento de recursos de 2020 a 2021, de 872 millones a 942 millones de pesos; y a Seguridad Pública, de dos mil 200 millones a dos mil 326 millones de pesos.

La “dedicatoria especial” al gobierno de Cancún

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Judith Rodríguez, indicó que desde el legislativo iniciarán con un ciclo de comparecencias para que las autoridades involucradas en el tema rindan cuenta sobre las acciones emprendidas en el caso, siendo la primera, la directora de la Ceaveqroo, Karla Rivero.

Para cerrar, Gasca incluyó en la lista a titulares de Seguridad Pública, Lucio Hernández; de la Fiscalía Anticorrupción del estado, Rosaura Villanueva; y de la CEDHQROO, Marco Toh.

Y lanzó -dijo- “una dedicatoria especial”, hacia el ayuntamiento de Benito Juárez, presidido por “Mara” Lezama, ahora en campaña.

“No se pueden hacer de la vista gorda, ni la presidente, ni el síndico. El Ayuntamiento es responsable y debe responder”, sostuvo.

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