EntérateQuintana Roo

Cártel del despojo provoca cuestionamientos a “Mara”, alcaldesa de Cancún que busca reelegirse

10 de mayo/ Cancún, Q. Roo.- A casi cuatro semanas de la elección, el nombre de Pablo Bustamante, investigado como una de las figuras principales del llamado “cártel del despojo”, comienza a cobrarle factura a la alcaldesa con licencia, en Cancún, “Mara” Lezama, quien busca reelegirse llevando como sindico al también regidor con licencia.

Bustamante Beltrán, presidente del Partido Verde (PVEM), ha detonado una incomodidad creciente entre el empresariado local, que por escrito y a la cara, le ha manifestado públicamente a la edil y candidata de la coalición “Juntos Haremos Historia en Quintana Roo”, que es “inconcebible” que lo lleve por sindico.

Ocurre que el candidato a sindico está sujeto a un asunto judicial y además es objeto de una investigación oficial por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Quintana Roo, como probable integrante de un grupo que se apodera de lujosas propiedades mediante juicios laborales falsos, compuesto por servidores públicos y una empresaria local, madre del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso, Gustavo Miranda.

“Consideramos que la propuesta de sindico de la alianza ‘Juntos Haremos Historia’ integrada por Morena, PVEM y PT en la persona de Pablo Bustamante Beltrán es inaceptable, ya que se ha señalado que está bajo proceso judicial que se le ha conocido como ‘Cartel de los despojos’ por la simulación de una demanda laboral para despojar a una institución financiera de un inmueble que estaba como garantía de un crédito personal.

“Es importante señala que para emitir este criterio, tuvimos acceso a las pruebas que la parte demandante señaló en este proceso judicial, lo cual nos permite saber que tienen la certeza de sus afirmaciones. Desgraciadamente los procesos judiciales son lentos y no dudamos que estén obstruidos para su terminación por alguna influencia política de los demandados”, expresó el Observatorio Legislativo.

Conformado por diversas cámaras empresariales, este organismo subrayó que no se puede permitir que la responsabilidad a cargo de un sindico, y sus funciones, queden en manos de una persona sobre la cual pesan graves acusaciones.

Para exponer el grado de importancia de un sindico y lo relevante que resulta que su reputación sea intachable y su actuar incuestionable, el Observatorio citó las responsabilidades del cargo, contenidas en el artículo 92 de la Ley de los municipios.

De entrada, la o el síndico es el apoderado jurídico del ayuntamiento ante instancias judiciales y sus funciones tienen que ver con dinero y bienes inmuebles, patrimonio del municipio.

Debe vigilar el correcto funcionamiento de la Hacienda Pública; formular el inventario de “bienes” del municipio; auxiliar al ministerio público federal o local, en el ejercicio de sus facultades constitucionales si así lo solicitan; verificar que los contratos y convenios que celebre el municipio “se ajusten” a disposiciones legales.

Tiene que vigilar que el “gasto público” sea realizado correcta y legalmente; remitir al Congreso la cuenta pública; solicitar y “obtener” del tesorero la información relativa a la Hacienda Pública, al ejercicio “del presupuesto” y al “patrimonio municipal”, por ejemplo.

A la alcaldesa-candidata le surgió otro reclamo en público, cuando el consejero nacional de Seguridad Pública, James Tobin, le reprochó delante de miembros del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCEC), del cual es vicepresidente, el haber incluido como sindico a Bustamante, a quien dijo, no se le tiene confianza.

“No es posible que mantengas como sindico en tu plantilla a este muchacho, Pablo Bustamante; no es posible que una persona que está en un proceso tan delicado, por favor, yo creo que es importante decirlo con sus letras:

“Pablo Bustamante está en un proceso con el que a todas luces y si nos preguntan a nosotros, está en una situación muy delicada”, expresó el empresario, quien incluso reclamó al CCE guardar silencio aún conociendo la situación, de acuerdo a lo consignado por la prensa local.

El testimonio de Tobin Cunningham forma parte de otros, compilados en el reportaje de Latinus, un medio que difundió el esquema de despojo que echa mano del Registro Público, la Junta de Conciliación, la empresaria y personas que se hacen pasar por empleados -uno de ellos Bustamante- para hacerse de propiedades.

En días pasados, la segunda parte del reportaje salió a la luz, otra vez mencionando a Bustamante, en otros casos, con más participantes, más juicios laborales de por medio y empresas de corte inmobiliario creadas para esos efectos.

Sobre el tema, el empresario, Francisco Córdova, ex presidente del CCEC, a través de las redes sociales, consideró urgente que la Fiscalía General de Quintana Roo dé un avance o de plano se resuelva la investigación para poder despejar dudas sobre el proceder de Bustamante, quien sostiene que todo se trata de “guerra sucia”.

Deja un comentario

Continúe leyendo
Cerca de
Volver arriba botón
error: Este contenido está protegido. Gracias.