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Presenta Observatorio Legislativo denuncia ante Contraloría municipal por despojo a Parque Cancún

27 de abril/ Cancún, Q. Roo.- El Observatorio Legislativo de Quintana Roo presentó una denuncia ante la Contraloría del ayuntamiento de Benito Juárez, en contra del despojo de casi 1.4 hectáreas al Parque Cancún, a través de una serie de actos formalizados por funcionarios públicos que avalaron la reducción de la superficie donada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), en lugar de defender el patrimonio municipal.

La denuncia exhibe actos y omisiones por parte de funcionarios de las administraciones del entonces alcalde, Remberto Estrada Barba y de la actual munícipe, “Mara” Lezama Espinosa, quien solicitó licencia para insertarse en el proceso electoral, en busca de reelegirse en el cargo.

Para el Observatorio Legislativo de Quintana Roo, lo ocurrido concentra una serie de probables delitos por colusión u omisión por parte de los gobiernos de Estrada Barba y de Lezama Espinosa, como parte de la configuración de una operación previamente orquestada para estructurar un despojo patrimonial en agravio de las y los cancunenses.

“Es pública la afectación que se está haciendo al patrimonio municipal y beneficiando a uno o varios particulares con ello. Se denuncia la omisión o posible colusión de los funcionarios participantes en los procedimientos administrativos y de autorizaciones de estos hechos en ambas administraciones municipales anteriormente señaladas.

“Se denuncia la omisión de los integrantes del ayuntamiento y de la administración municipal al no vigilar y denunciar las afectaciones que esto estaba ocasionando al patrimonio municipal”, informó la organización, creada en 2016.

Los hechos expuestos toman como base la creación de un lote particular dentro de las 107.6 hectáreas que donó el Fonatur en 2007, al municipio, para habilitar un parque urbano, lo que disminuyó la superficie total del polígono donado.

El surgimiento del Lote 3-03 -nomenclatura que le inventó el Catastro dirigido por Jonathan Yong, en agosto de 2018- deriva de un supuesto título de propiedad expedido por la entonces Secretaría de la Reforma Agraria, a favor del empresario Rafael Obregón, en 2012.

El título fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPyC) en 2015, cuyo folio sirvió para solicitar en distintos momentos, certificaciones de medidas y colindancias que dieron pie a escrituras e inscripciones posteriores que beneficiaron a Obregón.

Este empresario es miembro del Patronato Ecopark Cancún, que se conformó en 2009 con una treintena de importantes personalidades de la iniciativa privada para conducir y administrar las 107.67 hectáreas donadas por el Fonatur y garantizar que el objeto de dicha donación, realmente se cumpliera, materializándose en la concreción de un parque urbano, público y gratuito para beneficio de la comunidad.

Para ello y luego de muchas resistencias, entre 2012 y 2013 el Cabildo aprobó ceder al Patronato el uso, aprovechamiento y custodia de las 107.6 hectáreas, y conformar un Fideicomiso que, finalmente se instituyó en 2013, incorporando a los empresarios, el ayuntamiento y el Fonatur.

Fue en ese lapso cuando surgió el pretendido titulo de propiedad a favor de Obregón, sin que éste lo comunicase al Patronato, pero sí al ayuntamiento, del que obtuvo cédulas catastrales y la nomenclatura de un lote que carecía hasta de coordenadas de ubicación, acto perfeccionado durante la presente administración, que en mayo de 2019 dio por perdida parte de la superficie del Parque Cancún.

Catastro, al mando de Carlos Fierros, certificó que las 107.67 hectáreas, con uso de suelo de conservación ecológica, pasaron a 106.2 hectáreas por la existencia del Lote 3-03.

El empresario vendió dicho Lote a una empresa llamada Tarjetel del Sureste, que previamente había comprado a Propulsora del Sur, el Lote 3, en donde estaba el Club Casablanca.

La compañía obtuvo de Desarrollo Urbano y Catastro la fusión de ambos Lotes, entre marzo y abril del 2020, lo que dio vida al Lote 3-05, y luego le extendieron una constancia de uso del suelo en donde le homologaron el uso de suelo que lo hacía desarrollable, desapareciendo así el uso de suelo de conservación ecológica.

Tarjetel del Sureste terminó permutando el Lote 3-05 al Buró Inmobiliario América, que a cambio le cedió cuatro propiedades en Puerto Cancún y en la zona hotelera, con un valor promedio, calculado en mas de 144 millones de pesos.

Desarrollo Urbano ya recibió la solicitud para la demolición del Club Casablanca, porque en el sitio se desarrollará un proyecto condominal de 20 pisos, en terrenos que formaban parte de las 107.6 hectáreas donadas por el Fonatur.

Legalmente el ayuntamiento estaba impedido de fusionar ambos lotes y de modificar el uso del suelo, a decir del Observatorio Legislativo, que calificó como “sospechoso” que la empresa que compró a Obregón el Lote 3-05, sea Tarjetel del Sureste, cuyos accionistas son Carlos Alejandro Moreno Gálvez y Carlos Alejandro Moreno Sanen, “favorecidos por el municipio y con parentesco de uno de los integrantes del ayuntamiento”.

Ocurre que Carlos Alejandro Moreno Gálvez, es padre de Carlos Alejandro Moreno Sanen -ambos socios de Tarjetel- y cuñado de Jorge Arturo Sanen Cervantes, segundo regidor del ayuntamiento.

Además, la escritura 14784, correspondiente a la compraventa del Lote 3-03, de Rafael Obregón a Tarjetel del Sureste, fue fedatada por la notaria 67, propiedad de Heyden Cebada Rivas, actual sindico del ayuntamiento.

La fusión de ambos lotes -el 3 y el 3-03- fue autorizada por la Dirección de Desarrollo Urbano, en marzo de 2020, a través de Sergio Pasos Moguel, cuyo jefe es Heyden Cebada Ramírez, padre del sindico.

“Es por tanto que le solicitamos atentamente se haga una investigación detallada sobre estos hechos y señalamientos, tomando en cuenta en dichas investigaciones que los actuales funcionarios de Catastro y Desarrollo Urbano están involucrados en estos procedimientos.

“Esperamos su dictamen para fincar las responsabilidades administrativas o penales ante la autoridad correspondiente”, se indica en la denuncia firmada por Eduardo Galaviz Ibarra, como presidente del Observatorio, presentada a Reyna Arceo, contralora municipal.

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