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Fiscalía inicia queja contra servidores públicos de la propia institución por irregularidades en caso Xenses

La Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) abrió un expediente de queja en contra de servidores públicos del ministerio público adscrito a la vicefiscalia de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, por probables irregularidades en el manejo del caso Leonardo, adolescente que murió al día siguiente de haberse accidentado en el Parque Xenses, ubicado en la Riviera Maya.

La queja, de tipo administrativo, se abrió desde el 1 de abril, pero la institución lo informó horas después de que el Comité de Participación Ciudadana (CPC), como órgano del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo, expusiera que la FGE incurrió en probables conductas ilícitas en el manejo del caso.

La Fiscalía informó que la Dirección de Supervisión, Evaluación y Control de Actuación de servidores públicos, inició la queja a partir de las declaraciones del cardiólogo, Miguel Luna Calvo, padre de la víctima, por las posibles irregularidades cometidas durante el inicio y la integración de la carpeta de investigación, abierta por el delito de homicidio culposo.

La institución dijo que el delito fue en agravio del adolescente de 13 años “que probablemente perdió la vida en un parque temático”.

No obstante; el adolescente de 13 años murió al día siguiente, fuera del establecimiento, según lo informado por la propia Fiscalía, con base en lo que le comunicó la clínica en donde se internó a la víctima, el 27 de marzo.

La queja será remitida al Órgano Interno de Control (OIC) de la propia Fiscalía para fortalecer las investigaciones y deslindar las sanciones administrativas o legales que se deriven.

La FGE cerró aseverando que “de ninguna manera se va a permitir que algún funcionario público no cumpla cabalmente con la misión de servir -profesional y sensiblemente- a cada ciudadano que requiera de las atenciones necesarias para la correcta, efectiva y expedita procuración de justicia”.

Ayer, el CPC expuso que la Fiscalía otorgó una dispensa de la necropsia, pese a que la carpeta de investigación que inició es por homicidio culposo, lo que implica que se encontraron elementos sobre un probable ilícito, razón por la cual no procede excusar dicha dispensa, a menos que se fundamente y motive con claridad la razón.

Otra irregularidad es el haber obligado a Miguel Ángel Luna, padre del menor de edad, a firmar el perdón a favor de la empresa, lo cual tampoco procede, pues el homicidio se persigue de oficio. Una anomalía más consistió en haberle negado el derecho a declarar sobre los hechos.

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