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Represión armada de protestas en Cancún el 9N, en informe de Amnistía Internacional sobre violencia de género

Pintar consignas o símbolos y modificar monumentos, son formas de la libertad de expresión y no pueden ser considerados como actos violentos, advierte

03 de marzo/ Cancún, Q. Roo.- La represión policiaca de una manifestación ciudadana realizada en Cancún, el nueve de noviembre de 2020, en contra de los feminicidios registrados en Quintana Roo, forma parte del informe “México: La era de las mujeres”, presentado hoy por Amnistía Internacional.

Con cinco capítulos y 45 páginas, el informe aborda los estigmas, estereotipos y violencia de género que pesan sobre las mujeres que se manifiestan, mas aún cuando lo hacen encapuchadas o vestidas de negro.

También habla acerca de las agresiones verbales y físicas que sufren y las amenazas y actos de intimidación que enfrentan; el temor que viven a ser desaparecidas, la violencia sexual de que son objeto y establece una serie de conclusiones y recomendaciones.

“Distintos cuerpos policiales han infringido los derechos de las mujeres y las niñas, incluyendo los derechos a la reunión pacífica, a la libertad, a la integridad personal, a estar libres de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y a vivir una vida libre de violencia.

“Amnistía Internacional ha encontrado que las autoridades responden a las protestas de mujeres y contra la violencia de género contra las mujeres, con excesivo e innecesario uso de la fuerza, con detenciones ilegales y arbitrarias, con abuso verbal y físico basado en el género contra las mujeres y con violencia sexual”, se lee en el documento, consultado por EstamosAquí.mx

El Informe describe cómo las autoridades policiacas de Cancún -por ejemplo- contrario a sus obligaciones internacionales en materia de uso de la fuerza y armas de fuego, utilizaron arbitrariamente la fuerza letal para dispersar -a balazos- la protesta realizada aquella noche frente al Palacio municipal, lo que dejó como saldo tres personas heridas y una decena de personas lesionadas, entre ellas, algunas abusadas sexualmente.

“Bajo el derecho internacional de los derechos humanos, la violación sexual es considerada una forma de tortura. Otras formas de violencia sexual sufridas por las manifestantes también pueden ser consideradas contrarias a la prohibición absoluta de tortura y de otros tratos crueles, inhumanos y degradantes por tener una intención aleccionadora y haber generado un sufrimiento intenso en las manifestantes.

“Las autoridades que recibieron denuncias o reportes de la violencia sexual sufrida por las manifestantes omitieron su deber de dar aplicación al Protocolo de Estambul, mientras que las autoridades de investigación penal han sido negligentes en la investigación pronta, oportuna e imparcial de los casos de violación sexual denunciados”, se indica en el Informe, respecto a las víctimas de abuso sexual a manos de policías, en el interior del Palacio municipal.

Tortura, hostigamiento y amenazas como aleccionamiento

Amnistía Internacional documentó que, durante las protestas, motivadas por el feminicidio de Bianca Alejandrina, conocida como “Alexis”, fueron detenidas ocho personas que se manifestaban pacíficamente, siete de ellas mujeres.

Dos de estas personas fueron heridas en la cabeza durante la detención ilegal y arbitraria, sin que se les prestara la atención médica necesaria.

Las ocho personas fueron “aseguradas preventivamente” por la supuesta comisión de daños y fueron trasladadas a la Fiscalía General de Quintana Roo y, posteriormente, a la Secretaría municipal de Seguridad Pública de Cancún sin que hubieran sido presentadas a ninguna autoridad competente, ni se les haya realizado certificación médica.

“Durante las detenciones y traslados de las mujeres detenidas, varias mujeres y niñas sufrieron violencia física de distinto tipo, así como amenazas y abuso verbal basado en estereotipos de género.

“Todo lo anterior, como una forma de aleccionamiento por atreverse a salir a manifestarse, y por tener un comportamiento contrario a los estereotipos de género de acuerdo con los cuales, las mujeres deben quedarse en casa y no salir a buscar problemas”, se expone.

La etiqueta de “violentas” para desacreditar

La relatoría resalta que, a pesar de ser mayoritariamente pacíficas, las manifestaciones feministas y en contra de la violencia de género contra mujeres, han comenzado a ser estigmatizadas como violentas.

Esta narrativa desarrollada por las autoridades y replicada por varios medios de comunicación, genera un ambiente hostil al derecho de reunión de las mujeres, deslegitima su activismo y facilita que tanto autoridades como particulares ejerzan violencia en su contra.

“El estigma sobre las manifestaciones feministas y contra la violencia de género se basa en y refuerza estereotipos de género contra las mujeres, es decir, roles y concepciones tradicionalmente asignados por la sociedad a las mujeres, como que las mujeres deben quedarse en casa en lugar de buscarse problemas al manifestarse; o que acciones como pintar consignas, romper cristales, o realizar intervenciones en monumentos, no son propias de las mujeres.

“Además, el hecho de intentar justificar las violaciones de derechos humanos sufridas por las mujeres con base en la conducta de las propias mujeres constituye, en sí mismo, un estereotipo que las discrimina por atreverse a protestar”, denunció Amnistía.

El escalamiento de la represión contra las manifestantes

Otros casos mencionados se ubican en la Ciudad de México, en donde la policía ha usado indebidamente tácticas como el encapsulamiento para acordonar grandes cantidades de mujeres manifestantes, lo que resultó en la vulneración de los derechos humanos de quienes protestaban pacíficamente.

En Culiacán, Sinaloa, la policía municipal “detuvo preventivamente” a tres mujeres que pretendían manifestarse el 10 de septiembre de 2020, porque sospechaban que iban a pintar el Palacio Municipal de la ciudad.

Un juez cívico 3 les impuso una multa por “escandalizar en la vía pública”, a pesar de que no especificó la conducta concreta que consideraba un escándalo contrario al orden público”, se lee.

Se da cuenta además de al menos cuatro casos de tocamientos sexuales contra manifestantes: Dos adolescentes en León, Guanajuato; una adolescente y otra mujer, en Ecatepec de Morelos, Estado de México y la mujer de Cancún que denunció ser víctima de violación sexual, mientras que se recibió información de otra mujer detenida que habría sufrido el mismo trato.

“En las distintas manifestaciones documentadas para este informe, las mujeres detenidas sufrieron un intenso miedo de ser víctimas de desaparición forzada, lo cual puede ser contrario a la prohibición absoluta de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

“La forma arbitraria de las detenciones, con uso excesivo de la fuerza, sin exponer los motivos y sin que las y los integrantes policiales se identificaran debidamente, así como la incomunicación a la que fueron sometidas varias de las manifestantes, los traslados por rutas no usuales, sin conocer el sitio a donde iban a ser llevadas, y en algunos casos sin que fueran presentadas a autoridad competente, llevaron a reforzar este temor”, se expresa.

El derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica

Entre las recomendaciones hechas por Amnistía Internacional a gobiernos y autoridades, en esta materia, se encuentra el abstenerse de hacer declaraciones estigmatizantes contra las manifestantes y las protestas feministas que se pronuncian contra la violencia de género contra las mujeres.

También el reconocer de forma constante y, a través de los medios más amplios a su alcance, la legitimidad de este tipo de manifestaciones, y que “pintar consignas o símbolos, así como modificar monumentos, son formas de la libertad de expresión y no pueden ser considerados como actos violentos, que den lugar al uso de la fuerza durante manifestaciones o detenciones”.

Además, garantizar que quienes participan en una protesta puedan cubrirse el rostro si así lo desean y ejercer así su derecho de reunión de forma anónima. Y asegurar que, únicamente requerirán la identificación de estas personas cuando su conducta ofrezca motivos razonables para justificar su detención.

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