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Desactivan probable red de corrupción en la Tesorería municipal de Cancún

03 de marzo/ Cancún, Q. Roo.- Una red de probable corrupción que operaba desde la Tesorería municipal de Cancún, fue desactivada por el propio ayuntamiento, que identificó a nueve servidores públicos implicados, los cesó de sus cargos, inició un procedimiento para fincarles responsabilidades administrativas y denunció los hechos ante la Fiscalía Especializada en Combate de la Corrupción para proceder penalmente.

La actuación de los servidores públicos data de las administraciones de los entonces alcaldes, Paul Carrillo de Cáceres (2013-2016) y Remberto Estrada Barba (2016-2018) y se frenó con la entrada del gobierno encabezado por la actual presidenta municipal, “Mara” Lezama, a partir de la denuncia hecha ante la Contraloría, por parte de contribuyentes afectados.

“Estábamos ante lo que podría ser una red de corrupción y complicidad imperdonable que venía de administraciones anteriores, por eso ordené una investigación exhaustiva, una investigación a fondo. Se trataba de un aberrante caso más de despojo de vivienda a la gente que menos tiene (…) mediante trucos, engaños, falsedades y amenazas.

“Se detectaron cientos de casos donde inventando adeudos, duplicando escrituras y fingiendo actos jurídicos, se intentó y -en muchos casos- lograron despojar a las familias de lo más sagrado, de su patrimonio”, indicó la munícipe, al hacer público el caso.

La revelación del tema por parte de la propia administración municipal, surge a días de que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dé a conocer el nombre de sus precandidatas y precandidatos a la presidencia municipal de Cancún y de otros ayuntamientos en Quintana Roo.

La alcaldesa fue una de las aspirantes registradas para la contienda interna de dicho instituto político, pues busca reelegirse en el cargo que ocupa desde octubre de 2018.

Acompañada por la secretaría general del ayuntamiento, Flor Ruíz; por el sindico, Heyden Cebada y por el asesor, Jorge Aguilar Osorio, la titular de la Contraloría, Reyna Arceo, informó hoy que, como parte de las investigaciones se inició un procedimiento administrativo con número de expediente 32/ 2019.

Están involucrados nueve servidores públicos, cinco de ellos con probables responsabilidades por faltas graves y cuatro, no graves, por actos cometidos en los períodos 2013-2016 y 2016-2018.

Hasta el momento se han recuperado ocho casas; y se está en proceso de reintegrar otras 50. Esta mañana -dijo- se sumaron 15 denuncias nuevas.

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