EntérateQuintana Roo

Fiscalía de Quintana Roo rinde informe sobre investigaciones por ataques del 9N en Cancún

09 de febrero/ Cancún, Q. Roo.- Luego de que una periodista solicitara la intervención del presidente, Andrés Manuel López Obrador, e integrantes del Comité de Víctimas del 9N protestaran hoy en Cancún, por las irregularidades y omisión en las investigaciones del ataque policiaco a manifestantes, el nueve de noviembre frente al Palacio municipal, la Fiscalía General de Quintana Roo dio a conocer que ejercitó acción penal en contra de 11 policías.

Mediante un comunicado, la institución indicó que el ejercicio de la acción penal fue por lesiones, abuso de autoridad, delitos contra los principios del sistema penal acusatorio y robo, en contra de 11 funcionarios, entre ellos, el entonces secretario de Seguridad Pública del municipio de Benito Juárez, Eduardo Santamaría; el subsecretario, el director, tres coordinadores, tres supervisores y dos elementos de esa misma dependencia.

La Fiscalía detalló que, dentro de la carpeta de investigación se han realizado distintas indagatorias, entre ellas, una decena de entrevistas a víctimas y 78, a elementos de la policía municipal; 23 ampliaciones de entrevista a elementos de la dependencia y cinco entrevistas a servidores públicos municipales.

También se han elaborado 80 dictámenes periciales de diversas especialidades, como medicina, psicología, balística, valuación, química, análisis de videograbaciones, identificación, entre otras y se rindió un informe a las Comisiones Nacional (CNDH) y estatal de Derechos Humanos (CEDHQROO), lo mismo que a Amnistía Internacional (AI).

En paralelo se turnó un desglose del caso a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, de la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía Especializada contra la Libertad Sexual y el Libre Desarrollo de la Personalidad de la Fiscalía estatal.

Además, la institución indicó que, de acuerdo con el análisis de los videos proporcionados por el C-4, “se pudo determinar la probabilidad de que integrantes de un grupo operativo de la policía municipal, hayan sido los que realizaron los disparos de arma de fuego”.

Como parte de estas indagatorias, se analizan 89 armas de fuego a través del Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS) y del microscopio de comparación balística con que cuenta la propia Fiscalía, para lograr identificar a los autores materiales.

Se agregó que las víctimas han sido asistidas por la asesoría jurídica Victimal y se les proporcionaron medidas de ayuda inmediata y asistencia para su rehabilitación médica, psicológica y económica quedando inscritas en el Registro Estatal de Víctimas.

“Cabe destacar que desde el 1 de diciembre cuentan con abogado particular”, expuso la Fiscalía.

De acuerdo con las víctimas, renunciaron al acompañamiento de personal de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAVQROO), porque solo se presentaron a asistirles una vez y se desatendieron del caso, por lo cual tuvieron que recurrir a asesoría legal privada.

Esta mañana y durante la tarde-noche, el Comité de Víctimas 9N, pidió al gobierno federal atraer las investigaciones para castigar a las y los funcionarios responsables de instruir y ejecutar el ataque en su contra, la noche del nueve de noviembre y su abogada, Rosario Sosa, advirtió que están dispuestos a acudir a instancias internacionales, si no obtienen justicia y reparación del daño.

Durante su protesta pacífica, aseguraron que no se han hecho las averiguaciones más elementales para esclarecer los hechos, que han desaparecido evidencias y que varios de los policías que participaron en la disuasión armada, permanecen laborando.

“Denunciamos la falta de seguridad en que vivimos las víctimas del ataque, pues nuestros agresores siguen portando las mismas armas con las que nos dispararon y recorren las calles en sus patrullas, percibiendo los sueldos que se les paga para cuidar a la misma ciudadanía que viciosamente torturó, humilló, violó y sobre la cual abrió fuego sin importar que hubiera niños y ancianos.

“(…) A parte de la falta de investigación científica para acceder a la verdad, no hay fotos, no hay videos, no hay ADN, no hay casquillos, no hay declaraciones de los posibles autores materiales… ¡no hay más que impunidad!”, afirmaron.

Las y los jóvenes dijeron que en la carpeta judicializada, solo figuran 11 elementos de la policía, de los 75 que estuvieron presentes esa noche y coincidieron en que no existe ningún funcionario o funcionaria señalado como responsable de instruir y ejecutar la persecución y el ataque armado.

Por acción u omisión, responsabilizaron a la alcaldesa de Cancún, “Mara” Lezama Espinosa, al gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González e incluso a la Guardia Nacional, que se quedó paralizada sin frenar a los policías cuando abrieron fuego en contra de la gente.

“La alcaldesa, ‘Mara’ Lezama violentó nuestro derecho de acceso a la justicia por haber permitido la limpieza de la evidencia que había en su propio patio delantero y a parte de la total falta de atención a las víctimas”, señalaron, al comentar que la edil no ha cumplido con la recomendación que le giró la CEDHQROO.

“Culpamos al gobernador, Carlos Joaquín González, por su falta de voluntad para esclarecer los hechos, pues nunca se encuarteló a los elementos policiacos para que declararan, sujetos al debido proceso; no se les aplicaron pruebas de detonación de pólvora a tiempo; no se les levantaron las armas al momento de los hechos; no se les separó del cargo, ni se les fincó ninguna falta administrativa por abuso de autoridad”, abundaron.

Para el Comité 9N, el Mando Único no excusa al ayuntamiento de su responsabilidad, condenaron que la Fiscalía y el propio gobierno municipal “limpiaran la escena del crimen”, recogiendo evidencias, como casquillos, de la Plaza de la Reforma y culparon al gobierno del estado de la capacitación que reciben las corporaciones bajo su mando.

Agregaron que la Fiscalía General se han negado a recibirles evidencias para integrar nuevos elementos a los expedientes del caso, como ropa y una motocicleta que indican la trayectoria de las balas que recibieron tres de las víctimas: Dos periodistas y una manifestante.

Coincidieron en que, hasta el momento, no existe ni reparación del daño, ni apoyo para las terapias físicas y psicológicas de las personas afectadas; una de las periodistas heridas de bala, tuvo que ser intervenida en Mérida, Yucatán y una de las manifestantes camina con un bastón y las secuelas de los disparos serán permanentes.

Deja un comentario

Volver arriba botón