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Solicitan colectivas de Quintana Roo intervención de SEGOB para frenar el acoso institucional del Congreso

23 de enero/ Cancún, Q. Roo.- A 55 días de la toma del Congreso de Quintana Roo, la Red Feminista Quintanarroense (RFQ) solicitó la intervención del gobierno federal, ante el acoso institucionalizado y la discriminación por parte de la XVI Legislatura, debido a sus demandas a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, adolescentes y mujeres, y de su acceso a una vida libre de violencia.

Mediante un oficio dirigido a la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, informaron que es necesario que la federación intervenga “para evitar que la crisis de derechos humanos que se vive en el estado, continúe”.

“Los derechos de las mujeres y niñas deben ser una prioridad para todas las autoridades de todos los niveles y órganos del estado.

“Con ese convencimiento hemos luchado por varios años sin ser escuchadas, razón por la que decidimos efectuar la toma pacífica del Congreso, lo que nos ha llevado a ser víctimas de represión e intenciones diversas de debilitamiento de la lucha”, denunciaron.

En el escrito, se apremia a la Segob a mediar para frenar la represión y acoso por parte de la Legislatura y que se concrete una agenda feminista, conforme al pliego petitorio que fue presentado al gobernador del estado, Carlos Joaquín González y al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso (Jugocopo), Gustavo Miranda, el 16 de noviembre del 2020.

Dicho pliego contiene 54 puntos, de los cuales 10, corresponden concretamente al Congreso local. A ellos se anexan nuevas demandas a razón de la criminalización que sufren las 27 colectivas que conforman la Red, a raíz de la toma del recinto legislativo, el 27 de noviembre.

Entre las solicitudes se encuentran el reconocimiento de la Red, como defensoras de derechos humanos; el exhorto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para emitir nuevas medidas cautelares a favor de las colectivas que mantendrá tomado el Congreso hasta abril, fecha que la Legislatura determinó para someter a votación el dictamen sobre la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación.

El freno al acoso institucionalizado y la discriminación por parte de autoridades estatales; la reinstalación de la energía eléctrica en el recinto legislativo, suministro cortado el 21 de diciembre a las 13 horas, que afecta además el acceso al agua potable, lo cual las pone en riesgo ante la pandemia por coronavirus COVID-19.

Desistir de las amenazas de invocar a la fuerza pública para desalojarlas; habilitar el servicio de internet, suspendido el cuatro de diciembre; y que las y los legisladores se abstengan de criminalizarlas mediante las declaraciones que dan a la prensa o en sus redes sociales.

En materia legislativa, recordaron que las demandas consisten en dictaminar y votar, “sin dilación alguna”, las iniciativas sobre la despenalización del aborto; elabora una ruta legislativa para cumplir a los nueve puntos restantes, que son la creación del tipo penal de Feminicidio Infantil y Transfeminicidio en el Código Penal, mediante un grupo de expertos y expertas en el tema.

La eliminación del artículo de Pin Parental de la Iniciativa de reforma a la Ley de Educación e incluir la educación integral de la sexualidad; crear un marco normativo para regular a los medios de comunicación, a fin de que se cumplan con los máximos estándares de protección a la información personal, imagen y dignidad de las mujeres víctimas de cualquier delito por razones de género.

Presentar una iniciativa de ley para contar con un padrón de agresores sexuales en el estado; que la RFQ participe en las comisiones creadas en el Congreso para atender la violencia contra las mujeres y elaborar una serie de iniciativa de ley, con distintos objetivos.

Uno, para reformar el Código penal sobre el acoso callejero; para contar con una Ley de Autodefensa Feminista; para modificar la Ley de Movilidad, en donde se incluya la perspectiva de género; y una Ley sobre 3 de 3 contra la violencia, para todo servidor público, especialmente en la Fiscalía General, en la Secretaría de Seguridad Pública y en la Secretaría de Educación Pública.

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