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Millonario financiamiento del Puente Nichupté compromete participaciones federales e ingresos de Quintana Roo

19 de diciembre/ Cancún, Q. Roo.- El Congreso de Quintana Roo someterá a votación esta tarde, la autorización para que el proyecto “Puente Vehicular Nichupté” en Cancún, se desarrolle bajo la figura de Asociación Público Privada (APP), con un modelo que, en los hechos, implica para el estado, contraer deuda pública, estableciendo un plazo, fuente de pago y destino del recurso, que compromete las participaciones federales durante 28 años.

La clave de lo que hoy pretende autorizarse radica en permitir la realización del proyecto por una inversión especulativa, con un monto autorizado hasta por cinco mil 611 millones 036 mil 499 pesos del ejercicio, pero el costo de la obra es de 4 mil 675 millones 863 mil 749 pesos, 200 millones de pesos más de lo que estaba previsto hasta hace meses.

De aprobarse, el estado quedará obligado a tomar recursos del Fondo General de Participaciones e incluso de sus ingresos, para solventar los pagos anuales establecidos en el decreto, cifra que podría aumentar si es que no se reúne la cantidad anual que generará el cobro de peaje.

La viabilidad económica y ambiental del proyecto, tampoco está asegurada. El puente cruzará el Sistema Lagunar Nichupté, de la zona turistica de Cancún hacia la ciudad, sin que se conozca el impacto ambiental de la obra, pues aún no cuenta con autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)

Conforme al modelo de APP, el desarrollador diseña, financia, construye y opera el puente, teniendo derecho a recibir pagos de disponibilidad durante el prestación de los servicios, los cuales serán cubiertos a través de los derechos e ingresos, presentes y futurps, correspondientes a las participaciones federales que le corresponden al estado, del Fondo General de Participaciones y del peaje.

Estos pagos multianuales son de 344 millones 855 040 pesos, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y dependiendo de la inflación, lo que será pagado a través del cobro de la tarifa a los usuarios y con las participaciones federales.

El dictamen aprobado ayer en comisiones, que será sometido a votación hoy, consta de 10 puntos, para los cuales se pide la autorización del Congreso, toda vez que, a decir de la titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), “existe un impacto presupuestario”.

Básicamente se trata de autorizar el desarrollo del Puente Vehicular Nichupté, mediante el esquema de APP, el diseño, estructuración, licitación, adjudicación, construcción, operación y ejecución de la inversión para el proyecto, que tendrá una longitud de 8.6 kilómetros.

Esta autorización establece las obligaciones financieras que el estado podrá “contratar”, incluyendo “el monto autorizado, las contraprestaciones mensuales máximas, el plazo máximo autorizado del proyecto, el destino de los recursos, la fuente de pago, la vigencia de la autorización, el lugar y moneda de pago, así como su mecanismo, es decir, se trata de autorizar el mecanismo para contraer una millonaria deuda.

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), Arturo Herrera, comprometió para el puente, 2 mil millones de pesos del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).

Pero ayer, al elaborar el dictamen, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y la Agencia de Proyectos Estratégicos (AGEPRO), junto con las y los diputados, acordaron que el dinero podría provenir de cualquier otro fondo.

“Los recursos para el pago del proyecto de APP serán con cargo a la fuente de pago autporizada en el presente decreto o en su caso con recursos obtenidos mediante el apoyo del Fonadin o cualquier otra entidad o dependencia federal”, se estableció.

El puente se pagará con el 100 por ciento de lo que se recabe del peaje, pero también del 4.9 por ciento del Fondo General de Participaciones o de ingresos propios.

Los ingresos por derecho de peaje y todo lo que tenga que ver con la operación del puente quedarán en manos del estado a través de un Organismo Operador y estarán manejados por un fideicomiso de administración y pago para la operación del proyecto y su mantenimiento, de acuerdo con lo explicado por el director de la AGEPRO, Eduardo Ortiz Jasso.

En teoría, al tratarse de una APP, los recursos necesarios para su construcción podrán ser aportados por el sector privado, a través de la entidad ganadora de la licitación pública correspondiente, además de ser financiada con recursos públicos, pero todo el mecanismo sujeto a la autorización del Congreso está enfocado en el financiamiento público del proyecto, a través del estado y, en todo caso, de la federación.

El propio Ortiz Jasso, admitió ayer que “no se puede iniciar la obra sin recursos federales” y estableció que, básicamente, lo que se estaba pidiendo del Congreso era, autorizar el plazo maximo de la obligacion contraida por el estado -para garantizar el financiamiento del proyecto- el plazo requerido, la fuente de pago necesaria y el destino del recurso, que será el pago del proyecto.

Explicó que, de acuerdo con proyecciones, financiar el puente costará al estado -si todo sale conforme a sus estimaciones- mil 300 millones de pesos.

Anualmente se tiene que destinar el presupuesto para pagar ese dinero, que saldrá del peaje, pero requerirá aportaciones del estado en los primeros años.

Si no se cumple el aforo para completar el monto de pago anual, el estado tendrá que poner el dinero, ya sea de las participaciones federales o de sus ingresos.

“Adicionalmente se prevé la obligación del Ejecutivo de anticipar en las iniciativas de Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, las partidas presupuestales necesarias para cubrir el pago de las obligaciones derivadas de los actos autorizados en el decreto”, se lee en el dictamen.

También establece que se autoriza a la Sefiplan, a la AGEPRO o a la Secretaría de Obras Públicas (Seop) a llevar a cabo el procedimiento de contratación y adjudicación del proyecto, de acuerdo con la Ley de APP del estado y a la celebración del contrato de Asociación Público Privada, además de constituir fideicomisos irrevicables de administración y fuente de pago o alterna, asi como de la emisión de garantía.

Incluso se contempla autorizarles afectar, aportar o adquirir los bienes muebles e inmuebles y derechos necesarios para el desarrollo del proyecto.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, José de la Peña, preguntó, entre otras cosas, que si algo en las proyecciones de la AGEPRO, salía mal, qué sucedería y recibió como respuesta, que el proyecto tendría que seguir, si o sí, pues de lo contrario el estado sería penalizado económicamente, al estar en juego recursos federales, lo que supone un riesgo adicional, de que la obra tenga que ser sostenida forzosamente, pese a los probables impactos irreversibles que provoque en el sistema lagunar o ante cualquier otra contingencia.

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