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Aprueba Congreso de Quintana Roo esquema de financiamiento del Puente Nichupté en Cancún mediante figura de APP

19 de diciembre/ Cancún, Q. Roo.- Por mayoría, de 20 votos a favor y tres en contra, el Congreso de Quintana Roo autorizó al gobierno del estado el desarrollo del proyecto “Puente Vehicular Nichupté” a través del esquema de Asociación Público Privada (APP), obra que tendrá un costo de 4 mil millones 675 mil pesos, que se pagarán con dos mil millones de pesos del gobierno federal y el resto con el cobro del peaje y recursos estatales, comprometiendo las participaciones federales y sus propios ingresos.

El esquema votado por las y los diputados, durante la primer sesión del segundo periodo extraordinario el monto del techo financiero autorizado por la XVI Legislatura para financiar el proyecto -de hasta 5 mil 611 millones 036 mil 499 pesos- el plazo máximo -por 28 años- el destino del recurso -el puente- y la fuente de pago, a través del peaje, las participaciones federales y los ingresos propios, además de los dos mil millones de pesos provenientes del gobierno federal.

El proyecto considera 3 componentes, de acuerdo con el dictamen aprobado por la XVI Legislatura: Una aportación de capital privado por mil 035 millones de pesos, un apalancamiento del APP por 1 mil 553 millones de pesos y una subvención federal por 2 mil millones de pesos.

Sin embargo, el gobierno del estado informó, por separado, que la inversión privada será de 2 mil 675 millones de pesos.

La poca claridad del mecanismo, los datos contradictorios y confusos, así como la ausencia de información que permita determinar el impacto del proyecto, llevó a la y los diputados, Linda Cobos, Roberto Erales y Alberto Batún, a votar en contra del dictamen.

Además, Erales y Batún aclararon que, pese a que se trata de un proyecto importante y necesario para Cancún, implicará una deuda pública que impactará las finanzas del estado.

“No me queda la menor duda de que este esquema presenta una aportación de un presupuesto de 20 mil 500 millones de pesos, mientras que la empresa constructora pone solo 2 mil 600 millones a cambio de la concesión del puente.

“Y sus beneficios serán por los próximos 28 años, recibiendo un pago anual a parte del gobierno del estado que previsiblemente se incrementará año con año, dado que está sujeto a las variaciones tributarias, así como a los porcentajes de la inflación”, expresó Erales.

El legislador señaló que actualmente la deuda pública del estado asciende a casi 20 mil millones de pesos que, con la medida aprobada hoy, se elevarán a poco más de 40 mil millones.

“¿Qué les vamos a dejar a los siguientes gobiernos?”, cuestionó, al añadir que el dictamen que se sometió a votación, no contenía información suficiente para determinar la viabilidad propia del proyecto, por lo que autorizar un esquema de financiamiento tan alto, para una obra de gran incertidumbre, resultaría un riesgo.

Erales expresó que solo se cuenta con proyecciones de la Agencia de Proyectos Estratégicos (AGEPRO), que informó haber obtenido opiniones favorables de diversas dependencias, pero no ha mostrado hasta ahora ninguna autorización que dé certidumbre.

Batún se dijo a favor de la obra pública, admitió que el proyecto es necesario, pero subrayó que debió ser consultada la tarifa, que será de 45 pesos para las y los usuarios, así como el plazo de las obligaciones contraídas por el estado, que es de 28 años, aunque también se habló de 30 años.

Obra cuenta con el respaldo federal

En contraste, el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, José Luis Guillén, aseguró que para dictaminar a favor y dar su voto positivo, se analizó la información presentada por la AGEPRO en torno al proyecto, consistente en un puente de 8.6 kilómetros de longitud, que conectará a la zona hotelera con la ciudad de Cancún.

La diputada, Reyna Durán -que votó a favor- descalificó las críticas al proyecto y las atribuyó a un intento por “desprestigiar” la obra, “con fines políticos” e incluso invocó el apoyo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hacia el proyecto, pero omitió aclarar que el mandatario federal respaldó la necesidad de desarrollar la obra, mas no el esquema de financiamiento propuesto.

En la misma tesitura, la legisladora, Atenea Gómez, consideró benéfico el proyecto para la población, especialmente para las y los trabajadores, a quienes ahorrará tiempos y señaló que la autorización “es un voto de confianza” al gobierno estatal y federal.

Al respecto, la diputada, Euterpe Gutiérrez señaló que una de las garantías de que el proyecto es adecuado, es el acompañamiento que tendrá de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Hernán Villatoro descartó que quienes votaron a favor, deban ser considerados “traidores al pueblo de Quintana Roo”, por endeudar al estado y calificó esa etiqueta como “muy temeraria”.

En tanto, su par, José Luis “Chanito” Toledo, aseveró que la obra cuenta “con todos los candados”, para evitar una afectación a las finanzas del estado e incluso aseguró que el gobierno federal debería meterle más dinero.

Puente Nichupté no es deuda: Sefiplan

El presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Martínez Arcila, descartó que el proyecto se trate de una deuda para el estado y mas bien lo interpreta como un “relanzamiento de la macro infraestructura” que no se hacía en el estado, desde la creación de Cancún, hace 50 años.

“Yo tengo claro que no es una deuda, aunque así se hable afuera, por algunos; no es una deuda. Deuda es pedir prestado dinero y gastarlo en todo y al final quedarte solo con la deuda y no quedarte con ningún bien tangible.

“Se está comprometiendo una inversión multianual para algo que a los ojos de todos los presentes va a estar ahí y se va a estar construyendo y será un detonando para el desarrollo del estado”, manifestó, al decirse “orgulloso” del voto a favor.

Al congratularse con la aprobación del Congreso, la titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Yohanet Torres Muñoz, también rechazó que se trate de la adquisición maquillada de deuda pública.

“Una APP no es deuda pública, sino un contrato donde el sector privado asume los costos de inversión y operación a cambio de una contraprestación que pagará el estado en el tiempo.

“Esta contraprestación está sujeta a que el privado entregue la obra en las condiciones pactadas y cumpla con estándares de desempeño. En busca de la mejor solución financiera, los ingresos que genere el proyecto serán utilizados para cubrir su pago junto con un porcentaje de las Participaciones Federales”, dijo.

El director general de la AGEPRO, Eduardo Ortiz Jasso, explicó que el proyecto costará cuatro mil 675 millones de pesos, de los cuales 2 mil 675 millones de pesos serán cubiertos por la empresa desarrolladora y los otros dos mil millones de pesos los pondrá el gobierno federal.

La contraprestación a la empresa será pagada con los recursos generados por el cobro del peaje y con el 4.9 por ciento del Fondo General de Participaciones y los ingresos propios del estado.

El siguiente paso, adelantó, será abrir el proceso de licitación internacional que permita realizar la contratación bajo las mejores condiciones de mercado para la construcción, así como para la correcta operación del proyecto y su mantenimiento por un período de 30 años.

“El objetivo de la licitación es garantizar en todo momento la calidad en el servicio, así como el uso de las tecnologías más amigables con el medio ambiente; estimamos que el tiempo de construcción puede ser optimizado hasta un período de 18 meses”, agregó.

Los ingresos por derecho de peaje y todo lo que tenga que ver con la operación del puente quedarán en manos del estado a través de un Organismo Operador y estarán manejados por un fideicomiso de administración y pago para la operación del proyecto y su mantenimiento,

La Secretaría de Obras Públicas (SEOP) será el ente que realizará la supervisión de la obra que ejecute la empresa privada.

La AGEPRO aclaró que el puente no es privado, sino una vía de comunicación de propiedad estatal, que generará ingresos propios para cubrir la contraprestación que el estado pagará a la empresa desarrolladora del concepto de inversión y mantenimiento.

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