EntérateQuintana Roo

Gobierno de Quintana Roo busca contraer nuevo financiamiento hasta por 820 millones de pesos

15 de diciembre/ Cancún, Q. Roo.- El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, presentó ante el Congreso local una iniciativa con proyecto de decreto para que le sea autorizada la contratación, hasta por 20 años, de uno o varios financiamientos, con una o más instituciones financieras mexicanas o a través de instrumentos de deuda en el mercado de valores nacional, por un monto de hasta 820 millones de pesos, por motivo de la pandemia por coronavirus COVID-19.

El importe de los financiamientos que contrate el estado “será considerado ingreso por financiamiento o deuda en el ejercicio fiscal correspondiente”, por lo que anualmente deberá prever en el Presupuesto de Egresos, el importe por el pago del servicio de la deuda en cada ejercicio fiscal, hasta su total liquidación, se lee en el decreto ingresado hoy a Oficialía de Partes del Congreso.

Los recursos que se obtengan de la contratación de los financiamientos se destinarán “hasta donde alcancen” a uno o varios de los 102 proyectos y obras que se enlistan en el artículo cuarto del decreto.

Entre ellos, figuran la construcción del Parque de la Equidad, en su primera etapa, a edificarse en Cancún, con una aportación estatal de 250 millones de pesos; el mejoramiento del Malecón de Chetumal, por 140 millones de pesos y la rehabilitación de parques en esa ciudad, por 77 millones de pesos.

La modernización del bulevar costero de Bacalar, por 70 millones de pesos; pavimentación de vialidades en Puerto Morelos, por 30 millones de pesos y rehabilitaciones de caminos a San Felipe Segundo y Candelaria en José María Morelos, por 20.6 millones y 20 millones de pesos.

Están también la repavimentación de vialidades en Cozumel, por 25 millones 061 mil 400 pesos; rehabilitación del campo de béisbol “Rojo Gómez”, por 4 millones 115 mil 700 pesos; el parque emblemático de la ciudad de Cozumel -Proyecto Corazón- por 20 millones de pesos; la pavimentación de vialidades en Bacalar, por 28 millones 968 mil 820 pesos; y obras similares en Felipe Carrillo Puerto, por 18 millones de pesos.

También para el mejoramiento de la plaza central de Isla Mujeres, por un total de siete millones 144 mil 080 pesos; la rehabilitación del Parque Escultórico de Punta Sur, en ese mismo municipio, por ocho millones 670 mil pesos; la sustitución de luminarias en la isla e instalación de alumbrado público en Holbox, por seis millones de pesos; y la pavimentación de vialidades en Chiquilá, en Lázaro Cárdenas, por seis millones de pesos.

Además, la construcción de un módulo comunitario y espacio de usos múltiples en Guadalupe Victoria, San Juan de Dios y Héroes de Nacozari en Lázaro Cárdenas; en Huay Max, Javier Rojo Gómez, Lázaro Cárdenas, San Carlos y San Juan Oriente, José María Morelos; Manuel Ávila Camacho, 18 de marzo, Nuevo Jerusalén y Monte Olivo en Bacalar; Nuevo Israel, Hobompich, Melchor Ocampo, Tabi y Santa Isabel, en Felipe Carrillo Puerto; Saxcán, Palmar y San Antonio Soda, en Othón P. Blanco, por un monto de dos millones 265 mil pesos cada uno.

El recurso también se dirigirá para la introducción de infraestructura urbana, por un monto de nueve millones de pesos, en cada caso, en Xul-Ha, Huay Pix, Buenavista, Limones, Macario Gómez en Othón P. Blanco, Bacalar y Tulum.

Rehabilitación de caminos, con montos que van de los cinco a los 70 millones, en diferentes localidades; introducción de alumbrado, también figuran entre las obras a financiar.

Con la finalidad de “detonar la inversión pública productiva” y atender las necesidades de infraestructura que enfrenta el estado, como de aquellos proyectos que son parte de las acciones de reactivación económica de la entidad, el ejecutivo busca que le sean autorizados financiamientos a largo plazo, cuya fuente de pago será el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), para el desarrollo de obra pública.

Los recursos del FAFEF van etiquetados para infraestructura física, incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura, así como la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas, infraestructura hidroagrícola y hasta un 3 por ciento del programa o proyecto programado en el ejercicio fiscal correspondiente, para gastos indirectos por concepto de estudios, elaboración y evaluación de proyectos, supervisión y control de obras.

Las aportaciones de ese Fondo pueden afectarse para garantizar obligaciones en caso de incumplimiento o servir como fuente de pago de dichas obligaciones que contraigan con la federación, las instituciones de crédito que operen en territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, siempre que cuenten con autorización de las legislaturas locales y se inscriban a petición de las entidades federativas o los municipios, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) en el Registro de Obligaciones y Empréstitos.

La iniciativa de decreto presentada contiene 15 artículos, cuatro transitorios y un anexo. El segundo contiene el destino de los recursos que se obtendrían de los financiamientos y demás actos autorizados por la Legislatura, así como la fuente de pago o garantía.

En el tercero se explica que la contratación de uno o varios financiamientos, hasta por 820 millones de pesos, “bajo las mejores condiciones del mercado”, será a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan)

También se explica que además de los costos de construcción de los proyectos financiados con los recursos contratados, el recurso puede destinarse a la constitución de fondos de reserva, al pago de comisiones por apertura o “estructuración”, comisiones y gastos por contratación de garantías de pago oportuno, comisiones por contratación de operaciones financieras de cobertura, gastos legales, de fedatarios públicos, entre otros.

Artículos como el octavo, establecen las diversas autorizaciones necesarias para implementar los financiamientos, su fuente de pago y garantía, lo que incluye la constitución de fideicomisos para servir como “vehículos de pago”, realizar cualquier acto necesario para instrumentar los financiamientos e instruir a la SHyCP o a cualquier otra autoridad competente para depositar el monto correspondiente a las aportaciones del FAFEF.

En el noveno, se consigna la autorización expresa para instruir “irrevocablemente” a la Unidad de la SHyCP para transferir los recursos correspondientes a las aportaciones federales “o cualquier otro derecho o ingreso del estado” a cualesquiera cuentas bancarias para servir como fuente de pago, fuente de pago alterna y garantía de pago de cualquier acto celebrado en términos del decreto.

Deja un comentario

Volver arriba botón
error: Este contenido está protegido. Gracias.