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Marcha convocada por Diócesis Cancún-Chetumal busca confrontar a fieles con feministas que tomaron el Congreso de Quintana Roo

● RFQ pide activar las medidas precautorias dictadas a su favor por la CEDHQROO


03 de diciembre/ Cancún, Q. Roo.- La Red Feminista Quintanarroense (RFQ) afirmó que la convocatoria hecha por líderes religiosos para que sus fieles se manifiesten “por el derecho a la vida”, fuera del Congreso de Quintana Roo, tomado por las colectivas, busca provocar una confrontación y violenta los límites marcados por la Constitución Mexicana y por Ley de Asociaciones Religiosas.

El 30 de noviembre pasado, el Obispo, Pedro Pablo Elizondo, llamó “enérgicamente” a los sacerdotes de la Diócesis Cancún-Chetumal, a convocar a las y los fieles a manifestarse el 8 de diciembre, al mediodía, fuera del recinto legislativo, tomado desde el 27 de noviembre por colectivas feministas, que demandan la discusión, dictaminación y votación en el pleno de la iniciativa de Ley para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación.

En conferencia de prensa, desde el vestíbulo del Congreso, integrantes de la Red, exhortaron a las autoridades estatales a sancionar a quienes desde la Diócesis, convocaron a dicha concentración, “a sabiendas de que se encuentra ocupado en su interior por activistas y defensoras de derechos humanos”.

El artículo 24 constitucional establece respecto al derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, que “nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esa libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política”.

En tanto, el artículo 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas indica que los ministros de culto “no podrán asociarse con fines políticos, ni realizar proselitismo a favor de un candidato o partido político”; tampoco pueden oponerse a las leyes, a sus instituciones, ni agraviar los símbolos patrios.

De incumplir con estos preceptos, se harán acreedores a sanciones que marca la propia ley,

“No deberían estar cometiendo este llamado social a las personas que tienen una opinión distinta, porque los derechos humanos no son en base (sic) a creencias personales, sino de acuerdo a lineamientos internacionales y nacionales en apego estricto a derechos humanos de las mujeres.

“Las autoridades podrán sancionar a los ministros en caso que realicen proselitismo, agravien símbolos patrios, ejerzan la violencia o presión moral, como es el caso, mediante presiones y amenazas para la realización de sus objetivos, convertir un acto religioso en una reunión de carácter político, entre otras, como pretenden hacer con este llamado a manifestarse a las afueras del Congreso el 8 de diciembre”, dijeron.

En paralelo, solicitaron el cumplimiento de las medidas precautorias y cautelares emitidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHQROO), para proteger a las colectivas, ante la movilización convocada por el Obispo.

Las medidas están contenidas en el oficio en el oficio MPC/ OPB/ 17/ 2020, dirigido al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Gustavo Miranda, a quien se solicita garantizar el respeto al derecho a la libertad de expresión, a la integridad y seguridad jurídica de las colectivas.

El documento señala que no se les debe impedir el acceso a los lugares públicos del recinto legislativo -vestíbulo y sanitarios- que mantienen ocupados y en uso y que deben asegurarse su integridad física y psicológica, evitando la aplicación de “cualquier medida que violente sus derechos humanos”.

Fijan plazo para concluir toma del Congreso

Las colectivas anunciaron también que levantarán la toma del recinto legislativo hasta que se cumplan dos condiciones.

Una, versa sobre la dictaminación y voto en el pleno de la iniciativa de Ley presentada por el diputado José Luis Guillén López, para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, para lo cual las cinco comisiones involucradas ya solicitaron se cite a sesión en parlamento abierto, fechada el nueve de diciembre, al término de la 30 sesión ordinaria convocada por la Mesa Directiva, ayer.

Y la segunda, es que se elabore una agenda con fechas precisas para dar cumplimiento -antes del ocho de marzo- a los otros nueve puntos que corresponde atender al Poder Legislativo, dentro del pliego petitorio de 54 demandas hechas al Congreso y al gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, documento que se le entregó a él y a Gustavo Miranda, el pasado 16 de noviembre.

Entre los 10 puntos se ubican la creación de un tipo penal de Feminicidio Infantil y Transfeminicidio en el Código Penal del estado; eliminar el artículo del PIN Parental de la iniciativa para reformar la Ley de Educación del estado e incluir en su lugar la Educación Integral de la Sexualidad; y contar con un padrón de agresores sexuales en el estado.

La creación de un marco normativo para regular los medios de comunicación, que cumpla con los máximos estándares de protección a la información personal, imagen y dignidad de las mujeres víctimas de cualquier delito por razones de género.

Permitir la participación de la Red Feminista en las comisiones creadas por el Congreso para atender la violencia contra las mujeres; legislar sobre acoso callejero, autodefensa feminista y reformar la Ley de Movilidad, con perspectiva de género, y la dictaminación y votación de las iniciativas sobre el aborto y elaborar una Ley sobre 3de3 contra la violencia para todo servidor público.

Legislatura, libre de votar a favor o en contra

Las activistas aclararon que nunca han buscado incidir en el sentido del voto de las y los 25 diputados respecto a la despenalización del aborto, pues cada legislador y legisladora “cargarán” con el peso y responsabilidad de la decisión que tomen respecto a reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre la interrupción de su embarazo, hasta las 12 semanas de gestación.

Enfatizaron que el tema no es de índole moral, religioso o espiritual. Tampoco contraviene el derecho del “no nacido”, como le llaman las agrupaciones aglutinadas en el Frente Nacional por la Familia (FNF)

Respecto a lo anterior, explicaron que, de acuerdo con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las leyes, normas y reglamentos, así como los tratados internacionales protegen a la persona, siendo ésta el bien jurídico a salvaguardar.

“Se protege al individuo capaz o autónomo, por tanto, no incluye al ‘no nacido’, porque es una extensión de…”, ahondaron, al argumentar que este criterio es incluso aplicable en el caso de homicidios o feminicidios de mujeres embarazadas, la carpeta que se judicializa es por el asesinato en agravio de una persona, es decir, de la mujer, no del producto o “no nacido”.

“Nosotras tenemos claro que ellos (FNF) son antiderechos. No son pro-vida. Nosotras estamos a favor de la vida de las mujeres.

“Hay que recordar que la persona es el sujeto, el individuo que es a quien regulan, a quien protegen los tratados internacionales, las leyes y toda la normativa. Por lo tanto, ellos son antiderechos; cualquier argumento que pudieran dar va en contra de los derechos humanos, por lo tanto, no nos preocupa”, expusieron, al reafirmar que despenalizar el aborto, no fomenta, ni obliga a las mujeres que no deseen abortar, a suspender su embarazo.

En ese sentido, remarcaron que México es un Estado laico, en donde deben prevalecer los derechos, no las convicciones morales o religiosas, particulares.

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