Quintana Roo

Red Feminista Quintanarroense teme por seguridad de activistas ante posible incursión de Guardia Nacional por toma del Congreso

01 de diciembre/ Cancún, Q. Roo.- La Red Feminista Quintanarroense (RFQ) lanzó una voz de alerta esta mañana, al señalar que, pese a respetar los acuerdos hechos con el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local (Jugocopo), Gustavo Miranda, luego de la toma del recinto, se enteraron que está contemplada la entrada de la Guardia Nacional para darles salida, por lo cual temen por la integridad de las activistas.

“Tememos por nuestra seguridad (…) salir de las instalaciones ya representa un riesgo para nosotras”, expresaron en una transmisión virtual emergente, durante la cual insistieron que en todo momento han estado abiertas al diálogo, que exhortaron a reponer al mediodía, especialmente con las y los presidentes de las Comisiones de Justicia, Lili Campos Miranda y de Salud y Asistencia Social, Edgar Gasca Arceo.

De ambos legisladores demandaron llamar a sesión para dictaminar, al menos, una de las iniciativas para despenalizar el aborto, específicamente, la presentada por el diputado José Luis Guillén López, en agosto pasado.

La noche del viernes pasado, integrantes de las colectivas que conforman la Red, ingresaron al Congreso, ubicado en Chetumal, capital del estado, y anunciaron la toma permanente de las instalaciones hasta que se discutieran y dictaminaran las iniciativas presentadas para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación y se iniciara el análisis de 10 de los 54 puntos del pliego petitorio entregado al gobernador, Carlos Joaquín González, el 16 de noviembre.

El 29 de noviembre, en el marco del Día de Internacional de las y los Defensores de Derechos Humanos, integrantes de la RFQ instalaron afuera del Congreso, la llamada “Antimonumenta”, la tercera escultura en su tipo en el país, cuyo objetivo es que no se olvide el nombre de las víctimas de la violencia feminicida.

También se reiteró el llamado al diálogo a las y los 25 diputados para atender el rezago legislativo sobre el aborto y los 10 puntos del pliego petitorio que competen al Poder Legislativo.

Se acordó que, a las nueve horas de ayer, el presidente de la Jugocopo, Gustavo Miranda, acudiría al recinto para verificar que los murales históricos del vestíbulo y documentos bajo resguardo del Congreso, están en buen estado.

El diputado llegó una hora después y recorrió con una comitiva de la Red, las instalaciones, corroborando que la toma del recinto es “pacífica, ordenada y civilizada” y que los murales no han sido alterados.

Otro acuerdo fue que no se procederá penal, ni civilmente en contra de las activistas que tomaron el recinto.

Como consecuencia se comprometió a convocar a las Comisiones de Salud y Justicia para sesionar anoche o la mañana de este martes, respecto a la iniciativa de José Luis Guillén.

Luego de haber sesionado y elaborado el dictamen correspondiente, Miranda tendría que enviar un oficio para incluir en el orden del día de la sesión del pleno, hoy, la lectura del dictamen, a fin de someterlo a votación, al mediodía.

En caso de que el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Martínez Arcila, se negara a incluir el tema en el orden del día, se pidió que otros diputados lo solicitaran también.

A cambio, la Red se comprometió a no interrumpir el proceso legislativo, permitiendo el ingreso de personal mínimo e indispensable de las áreas de Servicios Públicos generales, de la Dirección de Análisis Jurídico y de Procesos Legislativos. Se solicitó para ello una lista de quiénes entrarían al recinto.

Sin embargo, esta mañana, las activistas, anunciaron que se habían roto los acuerdos y temían por su seguridad, al haberse enterado de que llegaría la Guardia Nacional.

¿En qué consisten las reformas planteadas?

Guillén López preside la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos y su iniciativa propone reformas a los artículos 92, 93, 94 y las fracciones II y III del artículo 97, contenidos en el Capítulo III, denominado Aborto, en el Código Penal del estado.

De este modo, el artículo 92 establecería que el aborto es la interrupción del embarazo después de las 12 semanas de gestación, entendiendo el embarazo como parte del proceso de la reproducción humana que inicia con la implantación del embrión en el endometrio.

Actualmente se entiende por aborto a la muerte del producto de la concepción “en cualquier momento del embarazo intrauterino”.

El artículo 93 señalaría que a la mujer que se procure un aborto o consienta que otro la haga abortar, después de las 12 semanas de embarazo, se le impondrían de seis a meses a dos años de prisión o de 180 a 730 jornadas de trabajo a favor de la comunidad. La misma pena se aplicaría a quien haga abortar a una mujer con su consentimiento, después de la doceava semana de embarazo.

Lo que marca hoy el Código Penal es que a la mujer que se procure el aborto o consienta que la hagan abortar, se le impondrá de seis meses a dos años de cárcel, pena que se aplica a quien la haga abortar con su consentimiento.

La modificación del artículo 94 establecería que, como aborto forzado, se entiende a la interrupción del embarazo en cualquier momento de la gestación, sin el consentimiento de la embarazada y, a quien la haga abortar sin su consentimiento, se le aplicarán de tres a ocho años de cárcel. Si mediare violencia, de cuatro a nueve años.

El artículo vigente establece que a quien haga abortar a una mujer sin su consentimiento, se le aplicarán de tres a ocho años de prisión y si hubiere violencia de por medio, de cuatro a nueve años.

Las reformas a las fracciones II y III del artículo 97 se refieren a dos de las cuatro las causales que permiten el aborto.

La de la fracción II señalaría que el aborto no es punible, cuando el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación artificial no consentida, bastando solo el dicho de la víctima bajo protesta de decir verdad. Si la víctima es menor de 12 años el formato será firmado por la madre, padre o tutor. El plazo para interrumpir el embarazo es antes de las 12 semanas.

Actualmente esa fracción marca que no se penaliza el aborto si el embarazo es fruto de la violación, que haya sido denunciada ante el ministerio público y siempre y cuando se interrumpa el proceso en los 90 días de gestación.

Y la reforma a la fracción III establecería que tampoco se castiga el aborto cuando a juicio de un médico exista razón suficiente para suponer que el producto padece alteraciones genéticas o congénitas, que den por resultado el nacimiento de un ser con transtornos físicos o mentales graves. La fracción vigente sujeta el tema a juicio de dos médicos.

En los casos contemplados en las fracciones II, III y IV los médicos estarían obligados a proporcionar a la mujer embarazada información “objetiva, veraz, suficiente y oportuna” sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos, así como de los apoyos y alternativas existentes para que la mujer embarazada pueda tomar la decisión de abortar o no, de manera libre, informada y responsable.

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