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Emite Derechos Humanos recomendación a la alcaldesa de Cancún por represión policiaca a balazos, el pasado 9 de noviembre

30 de noviembre/ Cancún, Q. Roo.- La Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo (CEDHQROO) dirigió a la presidencia municipal de Cancún, representada por “Mara” Lezama, una recomendación con 10 puntos y seis tipos de medidas distintas, a favor de 13 víctimas, al concluir que la Policía violó diversos derechos humanos al disuadir, con armas de fuego, la manifestación ciudadana en contra de la violencia feminicida, el pasado nueve de noviembre en Plaza de la Reforma.

El organismo garante de los derechos humanos concluyó, con base en evidencias y testimonios diversos -que incluyen material videográfico del personal de la propia Segunda Visitaduría- que la Policía violó los derechos humanos a la libre manifestación y expresión; a la información, a la libertad y seguridad y a la integridad, en su modalidad de trato cruel y degradante.

La noche de aquel lunes -se indica en el documento de 54 páginas, con número 20/ 2020, consultado por Estamosaquí.mx- la corporación policiaca hirió con arma de fuego a dos periodistas y a una ciudadana que se encontraban en la protesta frente al Palacio municipal; amenazó y golpeó a varios asistentes y realizó “un uso ilegal y desproporcionado de la fuerza”.

Debido a ello, recomendó 10 medidas de reparación del daño, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición, a favor de las 13 víctimas identificadas y con relación a por lo menos seis funcionarios públicos.

Entre ellas, se citan el registro de las víctimas ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana Roo (CEAVEQROO); otorgar atención “gratuita, inmediata y accesible” de corte médico y psicológico por parte de personal especializado a las víctimas, que sufrieron “tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

El pago de perjuicios o pérdidas valuables, en los términos que marca la Ley General de Víctimas, la estatal y los estándares internacionales.

El inicio “inmediato” del procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de al menos seis servidores públicos de la policía, responsables de la violación de derechos, que sean sancionados y que se anexe a su expediente laboral la copia de la recomendación.

Dar seguimiento jurídico y celeridad a las investigaciones para determinar qué elementos de la Policía municipal, bajo el Mando Único, realizaron las agresiones, detenciones y demás actos señalados y que sean sancionados.

A la alcaldesa, “Mara” Lezama, se le solicita una disculpa pública, el reconocimiento de la verdad de los hechos, su compromisión para evitar la repetición de estos actos, la aceptación de la responsabilidad de los servidores públicos involucrados y el restablecimiento de la dignidiad de las víctimas, debiendo difundirse tal disculpa en dos medios de comunicación impresos de mayor circulación en la entidad.

También se pide de la edil, que someta a consideración del Cabildo la designación del 9 de noviembre como “Día Municipal en contra de la Represión Policial” y que impulse la creación de un monumento como memorial de estos hechos, en el lugar en donde ocurrieron.

Además, se demanda la creación de una agrupación especializada en el manejo de manifestaciones, en donde prevalezca la paridad de género y con elementos capacitados en técnicas de negociación y que no hayan pertenecido a grupos de reacción; esto incluye programas de capacitación para elementos de Seguridad Pública y Tránsito en torno a respeto a derechos humanos, derecho a la reunión, manifestación, la libre expresión, el derecho a la información y el uso legal de la fuerza.

Con el número 20/ 2020, la recomendación fue notificada hoy a la alcaldesa y señala que la actuación de la corporación municipal, al mando del entonces secretario de Seguridad Pública, Eduardo Santamaría -cesado del cargo- “provocó lesiones a las personas y daños a sus propiedades, así como detenciones ilegales y arbitrarias por parte de los agentes policiacos”.

“Contrario a la normatividad en la materia y a los protocolos de actuación, el entonces secretario municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez, al mando de la Policía Quintana Roo, ordenó dispersar la manifestación con uso de armas letales”, indicó el organismo garante de los derechos humanos.

Estos hechos dieron pie a la queja iniciada de oficio VG/BJ/391/11/2020 por la CEDH, respecto a la represión frente al Palacio municipal, en donde se desarrollaba una manifestación para exigir justicia por las víctimas de feminicidio, particularmente por el caso de Bianca Alejandrina, una joven de 20 años conocida como “Alexis”, cuyos restos fueron encontrados en bolsas de plástico en el lote de un fraccionamiento de la ciudad, el ocho de noviembre.

El ombudsperson, Marco Antonio Tóh Euán, destacó que la recomendación se emite 21 días después de lo ocurrido, gracias al trabajo intenso del personal y de las evidencias que aportaron las y los visitadores que se encontraban en el sitio en calidad de observadores, lo que permitió documentar “los hechos violatorios en flagrancia”, incluso con material videográfico que sirvió como evidencia.

Tóh Euán indicó que el gobierno municipal tiene como plazo cinco días hábiles para responder si acepta o no la recomendación y, en caso de haber sido aceptada, enviar las pruebas iniciales de cumplimiento.

La negativa sobre la aceptación de dicha recomendación o su incumplimiento total o parcial, una vez aceptada, dará lugar a que la CEDH dé vista al Congreso del estado para que la edil sea citada a comparecer públicamente para que expliquen su conducta u omisión.

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