Quintana Roo

Colectivas feministas exigen a gobernador de Quintana Roo combatir violencia feminicida “sin simulaciones”

●   Retoman diálogo y presentan pliego petitorio con 54 puntos

●    Exigen destitución de fiscal especial y de enlace para cumplir Alerta de Género

●     Demandan no reducir presupuesto a instancias que atienden a niñas y mujeres

●      Al Legislativo, creación del tipo penal de “feminicidio infantil y transfeminicidio”

18 de noviembre/ Cancún, Q. Roo.-  Luego de haber roto relación con el gobierno del estado, la Red Feminista Quintanarroense se reunió con el gobernador, Carlos Joaquín González, a quien presentaron un pliego petitorio con 54 puntos que garanticen de forma efectiva el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, el respeto a sus derechos humanos y el combate real de la violencia feminicida.

Para retomar el diálogo pusieron como condición el no incurrir en “simulaciones”, avanzar con las investigaciones sobre el ex secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella y funcionarios involucrados en la detonación de armas de fuego para disuadir una manifestación ciudadana, el pasado 9 de noviembre en Cancún, la reparación del daño a las víctimas de esas protestas y la no criminalización a las colectivas.

“Esta es la última llamada institucional que hacemos. Tuvimos miedo. Intentaron cansarnos. Nos prometieron todo muchas veces, en necios intentos de calmar el fuego, y nos fallaron una vez. Y luego otra, y luego otra. Nos queda claro que no hemos sido su prioridad, que incomodamos y eso no les gusta. 

“Pero nuestros derechos no son negociables, aunque para defenderlos se nos esté yendo la vida, y eso tampoco nos gusta. Cada uno de nuestros movimientos es un grito desesperado para que nos dejen de matar, para que nos dejen caminar tranquilas, para que dejen de violentarnos en cada uno de los espacios que intentamos habitar”, expresaron hoy, como resultado de los acuerdos.

En resumen, las demandas atienden a temas de transparencia presupuestal, procuración e impartición de justicia, seguridad pública, acciones legislativas, centros de Justicia para las mujeres, atención a la Alerta de Violencia de Género (AVG), garantía de los derechos sexuales y reproductivos, medidas en materia de medios de comunicación y transporte público digno y seguro, todo ello con enfoque intercultural, de derechos humanos y perspectiva de género.

Un pliego petitorio similar será enviado a los ayuntamientos, con el fin de crear mesas de trabajo para darle seguimiento a los planteamientos hechos.

Para monitorear el cumplimiento de los 54 puntos expuestos, se instaló una nueva mesa de trabajo, que reúne a los tres poderes de gobierno en la entidad y a los órganos autónomos. 

La Red recordó que anunció su separación de las mesas de trabajo institucionales, debido a la actuación de la policía municipal -bajo la figura de Mando Único- para reprimir “brutalmente” la protesta ciudadana que se realizaba en Plaza de la Reforma, en reclamo por el feminicidio de Bianca Alejandrina, “Alexis”.

Para reanudar relación puso tres condiciones, a las que el gobierno estatal respondió con la separación del cargo a Capella Ibarra, quien además está sujeto a investigación para conocer su grado de responsabilidad en los hechos.

La alcaldesa, “Mara” Lezama, relevó del cargo al secretario municipal de Seguridad Pública de Cancún, Eduardo Santamaría y hay varios oficiales investigados, que ya rindieron su declaración ante la Fiscalía general del estado, el fin de semana.

Además de ofrecer una disculpa pública, Joaquín González ha sido enfático en deslindar a las colectivas de la provocación de disturbios y acciones de desestabilización y ordenó -entre otras cosas- la capacitación de las policías en materia de derechos humanos y uso de la fuerza durante próximas protestas.

La Red aclaró que la no criminalización de las protestas feministas implica la no persecución, el cierre de carpetas de investigación o procedimientos administrativos -de haberse abierto- detener los ataques, linchamientos políticos y persecución de mujeres que conforman estas colectivas y de las defensoras de derechos humanos, así como garantizar el derecho a la protesta y a la libertad de expresión.

Acceso a la justicia

Entre las solicitudes hechas, figuran la elaboración de una base de datos que visibilice las violencias y el feminicidio en agravio de mujeres indígenas; invertir en la contratación y pago de traductores e intérpretes en lengua maya, que intervengan en procesos penales y juicios que involucren a personas indígenas y afro mexicanas.

“Que todos los delitos cometidos contra mujeres y niñas en la entidad, se investigen con la debida diligencia, con imparcialidad y efectividad, asegurando la persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de las personas responsables y que en todos los asesinatos en su agravio inicien una carpeta de investigación por el delito de Feminicidio”, se lee.

Otra demanda fue la creación de un “Tribunal Especializado en Violencia contra las Mujeres, y la “cero tolerancia” a la violación de derechos humanos, además de someter a investigación, sanción e inhabilitación a funcionarios públicos involucrados en ese tipo de delitos, asegurando la reparación del daño a las víctimas.

Presupuesto, transparencia y rendición de cuentas

Se exigió la elaboración de un presupuesto público con perspectiva de género para el ejercicio fiscal 2021, sin recortes a las instancias que atienden derechos humanos de las mujeres; y asegurar el presupuesto estatal para la operación del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), durante los meses en que no haya recursos federales.

Concentrar la información de forma accesible y sencilla, con datos abiertos sobre planeación, programación, presupuesto, ejercicio del gasto y evaluación en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, incluidas las acciones enfocadas en la AVG.

Fiscalizar del uso y destino de los recursos invertidos en programas de capacitación en materia de género, derechos humanos y protocolos de atención “puesto que no se observan resultados en los procesos de atención, investigación y sanción de los delitos en agravio de mujeres y niñas”

Esclarecer el destino del presupuesto asignado a las instituciones encargadas de atender la AVG, además de la intervención de la Auditoria Superior del estado para realizar una auditoria financiera a los programas y recursos erogados para el combate de la violencia feminicida, así como la aclaración de los recursos para la creación y operación de los Centros de Justicia en Cancún y Playa del Carmen.

Solicitaron el relevo de Mercedes Hernández, quien da seguimiento a la AVG y que en su lugar se nombre a alguien que reúna el perfil para esa posición y posea capacidad de decisión, que tenga una real interlocución con las organizaciones feministas y que agende reuniones trimestrales y un plan de trabajo para revisar las acciones correspondientes al tema.

En ese tenor, exigieron la destitución de Guadalupe Reyes Pinzón, como fiscal especializada en Delitos Sexuales y Trata de Personas y de la directora del Centro de Justicia de las Mujeres de Cancún, Concepción Requena Ochoa, “por no cumplir con el perfil, ni aptitudes para ser titular de ambas instancias”.

Del Legislativo

Al Congreso del estado le exigieron la creación del tipo penal de “feminicidio infantil y transfeminicidio” en el Código Penal estatal; “descongelar” las iniciativas para despenalizar el aborto y eliminar el artículo de PIN parental de las reformas a la Ley de Educación, incorporando la Educación Integral de la Sexualidad.

Legislar sobre un marco normativo para regular a los medios de comunicación, que les obligue a cumplir con los máximos estándares de protección a la información personal, imagen y dignidad de las mujeres víctimas de cualquier delito por razones de género; que se cuente con un padrón de agresores sexuales en la entidad y elaborar una ley sobre el acoso callejero.

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