Quintana Roo

Organizaciones civiles van por “auditoria segura” ante el “mar de basura” que invade Cancún.

18 de octubre/ Cancún, Q. Roo.- Con la finalidad de evitar que la permanencia o cancelación de la concesión para la recolección de la basura se vuelva un negocio, entre autoridades e Intelligencia México, la empresa que brinda el servicio, la ciudadanía de Cancún ha comenzado a organizarse para involucrarse en el tema.

Este fin de semana surgieron ya dos iniciativas ciudadanas para sumar esfuerzos y encontrar las mejores alternativas para resolver la problemática que inició a partir de la pandemia y agudizada luego de las contingencias hidrometeorológicas de Gamma y Delta.

Uno de los dos movimientos lleva por slogan “al mar de basura, auditoria segura” y es impulsado por las organizaciones Cancún Observa, Wikipolítica, Ciudadanos por la Transparencia (CITRA), Cultura Cívica y el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo.

El próximo lunes este concierto de asociaciones emitirá un pronunciamiento sobre las acciones emergentes frente al problema de la recolección y transportación de los residuos sólidos, concesión que data de mayo de 2017 y que fue intervenida por el gobierno municipal la medianoche del 15 de octubre pasado, debido a los incumplimientos del servicio.

La segunda iniciativa -alojada en una plataforma digital- se llama “Cancún sin basura” y busca organizar esfuerzos para exigir programas adecuados y eficaces sobre el manejo de los residuos sólidos e incidir en la ruta jurídica que el ayuntamiento de Benito Juárez tomará para resolver el tema de la concesión.

La primera crítica hecha desde esta plataforma digital, se dirigió al programa emergente puesto en marcha por el gobierno municipal, presidido por la alcaldesa, “Mara” Lezama, quien conminó a la población a no sacar sus bolsas de basura este fin de semana, para permitir que se recojan las más de seis mil toneladas de residuos que se encuentran en las calles, debido a la deficiente operación de “Intelligencia México”.

“El ayuntamiento quiere darnos soluciones a medias y no toma en cuenta las diferentes realidades en las que vivimos las y los ciudadanos de Cancún. Queremos soluciones para el buen manejo de los desechos en nuestra ciudad”, se lee en la plataforma de reciente creación.

Concesión viciada de origen

A la actual administración le estalló un problema heredado del gobierno anterior, presidido por el entonces alcalde, Remberto Estrada; sin embargo, en dos años, tampoco ha puesto orden, ni actuado de fondo para enmendar las irregularidades que dieron pie al título de concesión, viciado de origen.

El 15 de mayo de 2017, en sesión de Cabildo, fue otorgada la concesión para la recolección y transportación de los residuos sólidos, a la empresa Intelligencia México, durante 20 años, pasando por alto violaciones al proceso de licitación que lo impedían.

Existen elementos para demostrar las irregularidades de aquel proceso y promover un juicio de lesividad para declarar la nulidad del titulo de concesión, cuyo contrato -además- no coincide con las bases de la licitación y posee agregados que favorecen a la compañía.

El tema se remonta todavía años más atrás, cuando en el 2008, durante el mandato del entonces alcalde, Gregorio Sánchez Martínez, el ayuntamiento lanzó una licitación con número MBJ-DGSPM-001/ 2008 para concesionar el servicio de recolección, transportación y disposición de residuos sólidos, lo que incluía el manejo del relleno sanitario y sus celdas.

Concursaron varias empresas, pero a la etapa final llegaron sólo Domos Terra y Servicios de Tecnología Ambiental S.A. de C.V (Setasa). La primera ganó la licitación y se quedó con la prestación del servicio por 20 años; la segunda, inconforme con el fallo, judicializó el resultado, alegando que su competidora había omitido cumplir con todos los requisitos, específicamente, las firmas en algunos documentos.

Poco después de quedarse con la concesión, no tardó mucho para que el servicio de Domos presentara diversas fallas, lo que obligó al ayuntamiento a contratar los servicios de Promotora Ambiental (PASA), para la operación de camiones que limpiaran la ciudad.

Domos perdió la concesión, mientras Setasa mantenía viva la batalla jurídica y el ayuntamiento, ya durante la administración de Julián Ricalde, creaba un organismo municipal denominado Solución Integral de Residuos Sólidos (Siresol), que le permitía brindar el servicio, contratando a una o más empresas privadas.

A través de esa paramunicipal, la recolección se dividió. Un promedio de 37 rutas, incluida la zona hotelera, eran atendidas por Setasa, que mantenía en litigio la licitación de 2008 y que en septiembre de 2013 suspendió sus servicios reclamando el impago de 33 millones de pesos.

Con Ricalde Magaña se dio entrada a Promotora Inmobiliaria Mahahual (Pimsa), para la disposición final de la basura, pero la compañía comenzó a operar con el cambio de gobierno, encabezado por el edil, Paul Carrillo de Cáceres.

El entonces munícipe abrió la puerta a Intelligencia México y a Ruga. Pimsa se mantuvo a cargo de la separación de residuos reciclables.

Para 2017, luego de haber transcurrido tres administraciones municipales, un Tribunal de Circuito, finalmente, ordenó la revocación de la licitación de 2008, para efectos de reponer el procedimiento, de acuerdo con la sentencia definitiva del 23 de febrero de 2017, relativa al juicio SCA/ A/ 311/ 2013.

El ayuntamiento, al mando de Remberto Estrada, tergiversó el sentido de la sentencia y, en sesión de Cabildo, concesionó el servicio a Setasa, que le transfirió a Intelligencia México, -irregularmente- los derechos sobre un fallo favorable respecto a la licitación.

Al ceder esos derechos, el Comité Técnico Dictaminador -que debía convocarse para atender el tema- no analizó la capacidad financiera y técnica de Intelligencia México, y la transferencia de aquellos derechos tampoco fue aprobada por dicho grupo de trabajo.

Las anomalías continuaron, debido a que el nuevo contrato no se apegaba a las bases de la licitación original y establece clausulas excesivas a favor de la empresa, como ser la única que puede ser contratada para brindar el servicio o le otorga facultades para cobrar, multar, exigir pagos y emitir comprobantes fiscales a nombre del ayuntamiento.

Se le permite también hacer negocio con los residuos sólidos de manejo especial, imponiendo sus tarifas, pese a que este tipo de residuos no es competencia municipal.

Además, impide que el municipio intervenga, sancione, vigile o revoque la concesión, si no se encuentra al corriente del pago por sus servicios.

E incluso establece una indemnización que determina que, aún ante el incumplimiento de la concesionaria, si el ayuntamiento decide revocar la concesión, deberá pagarle el 20 por ciento del tonelaje promedio mensual, al precio vigente, por el número de años que resten para finalizar la concesión.

Ante el historial de irregularidades que rodea la concesión otorgada a Intelligencia México, organizaciones civiles coinciden en que el título no debe ser revocado como tal, pues activaría la clausula de indemnización, por lo cual la vía jurídica conducente es la promoción del juicio de lesividad que permitiría declarar la nulidad del contrato y del proceso de licitación.

Sin embargo, algunos ciudadanos han comenzado a especular sobre la posibilidad de que el ayuntamiento pretenda cancelar la concesión, con el cobro de la indemnización, para dar pie a un llamado “moche”, entre la empresa y la autoridad.

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