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Colectivas protestan contra el Pin Parental. Exigen al Congreso de Quintana Roo frenar su inclusión en Ley de Educación

14 de octubre / Cancún, Q. Roo.- Integrantes de la Red Feminista de Quintana Roo protestaron hoy en el Congreso de Quintana Roo, en Chetumal, y en las oficinas de representación localizadas en Cancún, en contra del “Pin Parental” y exigieron a las y los diputados dar marcha atrás en su incorporación en la nueva Ley de Educación, tema que se encuentra bajo discusión de la Comisión de Educación, ciencia y Tecnología.

“En un estado con las cifras de violencia sexual de Quintana Roo, donde los principales agresores son tutores y familiares, negar la educación de la sexualidad a niños, niñas y adolescentes, es negarles una herramienta de prevención y promover la impunidad de sus agresores.

“La información y educación sexual sirve para que las niñas, los niños y los adolescentes puedan detectar cuando son víctimas de acoso y de abuso sexual, y pueden prevenir los embarazos infantiles y adolescentes, así como múltiples violencias a las que se enfrentan todos los días”, se lee en el contenido del pliego petitorio entregado hoy en la Oficialía de Partes del Congreso, cuya copia se presentó también en Cancún.

En esta ciudad, Gracia Alzaga, Natalia Tavinson, Paola Alcázar y Aurora Otero, representantes de las colectivas que integran la Red Feminista, explicaron que la educación sexual integral es una herramienta para inculcar el respeto a la diversidad sexual, rechazar todas las formas de discriminación, propicia espacios seguros de expresión de sentimientos y emociones, así como desarrollar mecanismos para detectar oportunamente algún tipo de abuso sexual.

En su pronunciamiento, la Red expone que a principios del 2020 en los Congresos estatales comenzaron a presentarse iniciativas para reformar sus respectivas Leyes de Educación, incorporando lo que se conoce como “Pin Parental”, que consiste en obligar a los centros educativos a restringir en sus programas de estudio la educación sexual, pidiendo el consentimiento de madres, padres de familia y tutores, para proveer de información con perspectiva de género al estudiantado, 

“El Pin parental es un candado que se otorga a madres, padres y tutores para impedir el acceso de sus hijas e hijos a este tipo de contenidos, lo que sin duda viola los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como el derecho a la educación, a la salud sexual y reproductiva, entre otros.

“Estas iniciativas además de ser contrarias a los principios constitucionales de la laicidad, la equidad y el respeto a los derechos humanos, representan un franco obstáculo para que niñas, niños y adolescentes cuenten con herramientas para un desarrollo óptimo y libre de violencia”, se explica en el texto.

El 27 de julio de este año, el diputado por el Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Martínez Arcila, presentó una iniciativa para crear una “nueva Ley de Educación”, que, implícitamente incorpora el Pin parental en uno de su artículo séptimo.

“La autoridad educativa estatal dará a conocer de manera previa a su impartición, los programas, cursos, talleres y actividades análogas en rubros de moralidad, sexualidad y valores a los padres de familia, a fin de determinar su consentimiento con la asistencia de los educandos a los mismos, de conformidad con sus convicciones”, establece dicho artículo.

La iniciativa fue presentada por el legislador albiazul, bajo esos términos, pese a que la Secretaría de Gobernación (Segob), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud; la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), el Consejo Nacional de Población (Conapo) y el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Conapred), se pronunciaron en contra del Pin Parental.

En un documento publicado el cinco de julio, estas instituciones advirtieron que, incorporar esas restricciones al marco legal, se afectarían los derechos de progresividad y la prohibición de la regresión de los derechos, al limitar el derecho a la educación, violentando la Constitución mexicana y los tratados internacionales suscritos por México.

La iniciativa de Martínez Arcila pasa por alto, además, el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fecha del 17 de julio, que rechaza reformas similares, aprobadas en otras entidades de la república, como Chihuahua y Aguascalientes, relativas al Pin parental.

El 23 de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió a trámite un recurso de inconstitucionalidad promovido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra del Pin parental en Aguascalientes; las otras dos fueron presentadas por el organismo a nivel estatal y por 11 legisladores de esa misma entidad.

“El diputado Martínez Arcila tiene que estar consciente que esta misma iniciativa, de aprobarse, se va a ir para atrás, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya existe una acción de inconstitucionalidad. Ellos están a punto de resolver al respecto y eso lo haría quedar mal a él y obviamente a todo el Congreso”, manifestó Alzaga.

La activista mencionó que al menos dos diputados de la XVI Legislatura -Edgar Gasca, por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y José de la Peña, del Partido Verde (PVEM)- se pronunciaron en contra de la incorporación del Pin Parental.

“El Pin parental es una figura que pretende la autorización para vetar contenidos educativos sobre salud reproductiva y sexual, identidad y equidad de género, inclusión y no discriminación. La censura educativa es un retroceso”, escribió Gasca Arceo en sus redes sociales. De la Peña Ruiz de Chávez fue breve: “En contra del #PINparental”, expresó.

Paola Alcázar dijo que se pide a Martínez Arcila “pensar muy bien las iniciativas próximas que va a lanzar que vaya en contra de la Constitución y de los derechos”.

Como docente y como madre de familia, la activista explicó que así como se enseña Historia y Biología, se debe empezar a enseñar derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos que prevengan la comisión de delitos en agravio de la niñez.

Natalia Tavinson explicó que la educación sexual integral con perspectiva de género, no impone conductas, ni determina la orientación sexual de niñas, niños y adolescentes; tampoco define su identidad de género, pero les permite -a través de la información laica y científica, de acuerdo con su edad y el grado cursado- entender lo que les sucede, asumir y expresar sus sentimientos, ser tolerantes y no incurrir en actos de discriminación.

“Como docente y psicóloga, pudiera decir que los hijos no son una propiedad. Son un ente a parte, que se va desarrollando, a los cuales les inculcamos ciertos valores, en cuanto a respeto, libertad, no debemos coartar su libertad de expresión. El primer lugar en donde debemos ser aceptados, amados e informados, es en nuestro hogar.

“La educación sexual implica información, implica que se conozca la diversidad que existe”, manifestó, al añadir que ello incluye aprender sobre el derecho al placer, a la responsabilidad, el respeto y la construcción de una sexualidad sana.

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