Quintana Roo

Mediante pintas en espacios públicos exigen en Quintana Roo despenalización del aborto

28 de septiembre/ Cancún, Q. Roo.- Paredes, banquetas, postes y edificios públicos en Cancún, Tulum y Chetumal, lucieron hoy pintas y esténciles en color verde, con la exigencia de “aborto legal y seguro en México”, a propósito de la conmemoración, hoy, del Día Internacional por la Despenalización del Aborto.

Como parte de las leyendas se puede distinguir “libertad para elegir”, “aborto gratuito y seguro ya”, “escúchame aborto seguro”, “será ley”, entre otras consignas, replicadas en las tres ciudades. Hasta el momento, ninguna colectiva se ha adjudicado esta acción.

Desde 1990, cada 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por un Aborto Legal y seguro.

Particularmente en Quintana Roo, más de una veintena de grupos de la sociedad civil organizada demandan la discusión para despenalizar la interrupción del embarazo bajo criterios científicos y laicos.

En el Congreso del estado se discuten en comisiones unidades, al menos dos iniciativas, presentadas el nueve de marzo y el dos de septiembre, por la diputada, Ana Pamplona y su par, José Luis Guillén, respectivamente, buscan reformar disposiciones de la Constitución, del Código Penal, Civil y de la Ley de Salud, para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación.

La diputada propone, por ejemplo, reformar el primer párrafo del artículo 13 de la Constitución del estado, que establece que en la entidad “se protege a la vida desde el momento de la concepción”. Con la modificación, la protección es hacia las personas, acatando la definición internacional de “persona”, o “ser humano” nacido como sujeto de derechos y obligaciones.

Actualmente, la redacción del artículo 13 establece que Quintana Roo “reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida a todo ser humano, al sustentar expresamente que, desde el momento de la concepciónentra bajo la protección de la ley y se le reputa como sujeto de derechos para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte, salvo las excepciones que establezca la ley”.

Con la reforma, el estado reconocerá, protegerá, respetará y garantizará “a todas las personas los derechos humanos reconocidos en la constitución mexicana, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en las normas generales y locales, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse, ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley”.

Pamplona y Guillén buscan también, reformar el artículo 92 del Código Penal, para que se entienda por aborto, la interrupción del embarazo “después de la décima segunda semana de gestación”; y que el embarazo es la parte del proceso de reproducción humana que comienza “con la implantación del embrión en el endometrio”.

Actualmente se establece que el aborto “es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo intrauterino”.

Lo anterior implicaría que el tipo penal de aborto se daría cuando se interrumpa el embarazo después de la semana 12 de gestación, como sucede en la Ciudad de México desde 2007 y en Oaxaca, a partir del 2019.

En la entidad existen cuatro causales por las cuales el aborto no es criminalizado: Por violación, malformación genética, si pone en riesgo la vida de la madre y si se trata de un aborto incidental.

Las dos iniciativas plantean reformas a los artículos 93, 94 y 97; Pamplona añade derogar el 96, modificar el artículo 428 del Código Civil y añadir un Capítulo VI TER de la Interrupción Legal del Embarazo a la Ley de Salud de Quintana Roo, para permitir la interrupción del embarazo hasta la 12 semana de gestación y para asegurar que las mujeres pueden efectuarlo en condiciones de salubridad sin poner en riesgo su vida.

En su exposición de motivos, Pamplona y Guillén ubican al aborto como un problema de salud pública, que pone en riesgo la vida de las mujeres, quienes quedan en manos de personas sin capacitación o experiencia o en ambientes que carecen de los estándares médicos mínimos para interrumpir su embarazo o recurren a remedios caseros que hacen peligrar su integridad.

También definen al aborto como parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que se les niega, lo que las lleva a tomar decisiones desinformadas y a optar por interrumpir su embarazo en forma clandestina.

En el mejor de los casos, quienes cuentan con recursos económicos, viajan a la Ciudad de México a practicarse un aborto, pero esto constituye también un tema de inequidad, entre las mujeres que pueden solventar el viaje y las que no, de acuerdo con académicas y activistas.

Quintana Roo ocupa el primer lugar en la Península de Yucatán, en el número de mujeres que viajan a la capital del país para abortar.

De abril de 2007 a lo que va de 2020, 142 mujeres han acudido a los servicios de la Secretaría de Salud del gobierno de la Ciudad de México, en materia de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), para abortar. En este año, hasta mayo pasado, siete usuarias han requerido de ese servicio.

Otras coincidencias entre el par de iniciativas, son que la penalización del aborto está contribuyendo al aumento de embarazos no deseados y a la mortalidad de las mujeres, sobre todo de aquellas que no cuentan con recursos económicos.

También, que criminalizar la interrupción del empbarazo, tampoco ha reducido los casos practicados, sino que ha contribuido a promover actitudes discriminatorias y ha generado un ambiente de persecución contra las niñas y mujeres que abortan, así como contra las defensoras del derecho a decidir.

Y que la laicidad es una condición imprescindible para el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, así como para el respeto a las libertades de conciencia, de religión, de convicciones éticas y de culto, esencial para la convivencia armónica y la democracia.

De 2016 a 2018 se han registrado 52 abortos en la entidad, de ellos, 30 han sido espontáneos (58%) y ninguno se ha clasificado como provocado; sin embargo, de 2016 a 2019 se han registrado 25 denuncias por el delito de aborto, la mayoría, desde el sector salud.

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