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Aprueban “Ley Olimpia” en Quintana Roo y armonizan marco legal para tipificar y sancionar la Violencia Política de Género

05 de septiembre/ Cancún, Q. Roo.- La reforma integral para reconocer como un delito penal, la Violencia Política en contra de las mujeres, fue aprobada por el Congreso de Quintana Roo, que también votó a favor de tipificar y sancionar la Violencia Digital, como se conoce a la llamada “Ley Olimpia”.

El par de dictámenes fue aprobado por unanimidad, durante la sesión de apertura del primer periodo ordinario de sesiones, del segundo año de ejercicio de la XVI Legislatura.

De este modo, las y los diputados cumplieron con la armonización de 5 de ocho leyes reformadas en el ámbito federal, en materia de Violencia Política de Género, publicadas el 13 de abril pasado y, por otro, sumaron al estado a las otras 23 entidades en donde aplica ya la “Ley Olimpia”.

En ambos casos, las y los legisladores reconocieron la participación de las colectivas feministas, del Poder Judicial y de la Fiscalía, para integrarse en la confección de las iniciativas, en su análisis y revisión, además de resaltar que es posible trabajar conjuntamente con la sociedad civil, en bien del estado.

El dictamen sobre la Violencia Política de Género requirió de reformas hechas a 18 numerales de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 129 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales; cuatro, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en materia electoral; y 14 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, y modificaciones al Código Penal.

El objetivo es permitir la participación de las mujeres en política, garantizando que no sean objeto de ataques, antes, durante y después de procesos electorales; en el desempeño de sus cargos públicos o en todo tipo de actuación en el ámbito público, estableciendo medidas y mecanismos de protección, prevención y sanciones.

Con la reforma, se amplia a 31 conductas consideradas como Violencia Política contra las mujeres; se contempla dentro de los responsables a particulares y medios de comunicación; se contempla el uso del lenguaje incluyente, la paridad de género, los derechos humanos de las mujeres, la descripción de “discriminación”, y el contexto de la Perspectiva de Género en todas las actividades del Instituto Electoral.

También se impulsan campañas de cultura cívica, de prevención, atención y erradicación de la violencia política en contra de las mujeres y la sanción con reducción de hasta el 50 por ciento de la ministración del financiamiento público a partidos políticos que incurran en ese tipo de violencia.

Al partido que no respete los principios de paridad de género en candidaturas, le será rechazado el registro, enlistó la diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), Atenea Gómez Ricalde.

Su par, en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Reyna Durán, criticó que, históricamente, para descalificar a las mujeres se ha atribuido su ascenso e incursión dentro y fuera de la política a su belleza o a situaciones de tipo sexual, soslayando su inteligencia, conocimiento, talento, trabajo y capacidades.

“No voy a venir aquí, a tribuna, a hablar con palabras bonitas, no voy a venir aquí a decir, lo que quizá muchas mujeres allá en sus casas, en sus trabajos o en sus partidos políticos no entienden.

“Lo que hay que decirle a esas mujeres es que no podemos permitir que nos sigan diciendo pendejas, que nos sigan diciendo que no tenemos la capacidad; que no pueden venir a insultarnos y que tienen que respetarnos”, expresó, al aclarar que sus palabras devenían de experiencias atestiguadas e incluso propias.

En ese sentido, consideró que con la reforma integral aprobada se darán una herramienta de defensa para las mujeres.

Ley Olimpia, triunfo de las mujeres

En la misma sesión, el pleno aprobó las reformas al Código Penal del estado y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para tipificar y sancionar, de forma “básica”, el delito de “Violencia Digital”, conocido coloquialmente como “Ley Olimpia”.

La inclusión del dictamen en el orden del día de la sesión, fue aceptada por la Mesa Directiva, que lo sometió a votación, luego de que las Comisiones de Justicia y de Igualdad de Género lo aprobasen previamente.

Los diputados por el Movimiento Auténtico Social (MAS), José Luis Guillén y Morena, Alberto Batun, quienes presentaron originalmente las primeras iniciativas, manifestaron su beneplácito por los resultados.

Sin embargo, Gómez Ricalde añadió que “el camino aún es largo y este tipo penal aun tiene mucho que recorrer y perfeccionarse”.

Cristina Torres, del PAN, aclaró que no se trata de una reforma que busque generar “terror o miedo sino seguridad y tranquilidad” y la tecnología no sea empleada en vulnerar la vida privada e intimidad de la población, sobre todo de las mujeres.

Una vez publicada en el Periódico Oficial del estado, esta ley castigará a quien difunda, revele, publique, comparta o altere contenido audiovisual, conversaciones telefónicas, grabaciones de voz, imágenes estáticas o en movimiento, de naturaleza sexual o erótica de otra persona mayor de edad -sin su consentimiento- a través de cualquier tecnología de la información o comunicación o por cualquier medio digital o impreso.

Las penas van de cuatro a ocho años de cárcel y de 200 a 500 días multa; la sanción aumenta hasta la mitad, si el imputado se trata del cónyuge, concubino o de alguien que haya mantenido una relación afectiva o de confianza con la víctima, aún sin convivencia.

También cuando el delito se cometa en agravio de personas que viven con alguna discapacidad o no comprendan el significado del hecho o cuando la conducta sea realizada con fines de lucro. El delito será perseguido por querella de la parte ofendida.

Además se penalizará a quien empleando cualquier tipo de violencia, amenace o coaccione a otra persona mayor de 18 años, con llevar a cabo las conductas antes mencionadas con el objetivo de obtener un beneficio o lucro de cualquier índole, se le impondrá una sanción de seis años a ocho años y multa de 100 a 400 días.

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