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Exigen a AMLO disculpa pública y freno a campaña de criminalización de ONGs y colectivos indígenas

Por Adriana Varillas/Daniel Sánchez

Las seis agrupaciones civiles acusadas de recibir recursos del extranjero para oponerse al Tren Maya señalan que la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza fortalece la democracia, y aseguran que los opositores a megaproyectos son agredidos, intimidados, amenazados e incluso, asesinados.

Organizaciones civiles y colectivos indígenas acusaron al gobierno encabezado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y a su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, de iniciar una campaña mediática de deslegitimización, “muy sucia”, que pretende engañar a la población haciendole creer que la cooperación internacional y los fondos que reciben, son ilegales.

En conferencia de prensa virtual, representantes del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) y del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), demandaron del mandatario, una disculpa pública y lo responsabilizaron de cualquier cosa que les ocurra a sus integrantes o familias.

Las organizaciones Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil A.C., Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C., Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Diálogo y Movimiento A.C., Indignación A.C. y Fundación para el Debido Proceso Legal A.C. señalaron que la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza fortalece la democracia y no debe criminalizarse, y aseguraron que “las personas defensoras indígenas que se oponen a megaproyectos son objeto de agresión, intimidación, amenazas y en algunos casos, son asesinadas”.

Exigieron además, del gobierno loperobradorista y de autoridades estatales y municipales, respeto a los derechos humanos de las personas defensoras, especialmente de quienes defienden su autonomía y libre determinación, su territorio, su medio ambiente y sus bienes naturales.

Sara López y Jesús León Zapata, del CRIPX; Sergio Madrid, del CCMSS y Gustavo Alanís, del CEMDA, dieron a conocer que, además de las declaraciones hechas por López Obrador, el 28 de agosto, la Fiscalía General de la República y otras instituciones han recibido el pasado 17 de agosto una denuncia en contra de organizaciones que se han manifestado críticamente en contra del megaproyecto Tren Maya.

“Atacar la labor de las organizaciones de derechos humanos, no solo implica una grave violación al universal derecho a defender los derechos humanos, sino también tiene como objetivo invisibilizar que son las y los integrantes de las propias comunidades quienes se oponen a un proyecto que impactará de manera irreparable su territorio y forma de vida.

“Reiteramos que los amparos interpuestos en contra del proyecto Tren Maya por parte de personas indígenas de varias comunidades de la Península constituyen un camino dentro del marco institucional para oponerse a un proyecto que viola los derechos humanos al territorio, un medio ambiente sano, al agua, al consentimiento libre, previo e informado, a la salud, a su vivienda, a su hábitat y a la vida”, indicaron.

Defensa del territorio, mas allá del Tren Maya

Sara López agradeció el apoyo a quienes han reaccionado en contra de los ataques recibidos y dijo que deseaban aclarar que las y los defensores indígenas han participado desde hace hace más de 20 años en la defensa del territorio.

“Hemos existido mucho antes que su proyecto, mal llamado Tren Maya y otros megaproyecto. Las organizaciones hemos estado ahí acompañado y asesorando ante las agresiones del poder político hacia las comundiades y pueblos indígenas, sobre todo en el arrebato, en el despojo del territorio, de la tierra y de la vida.

“Queremos que basta ya de criminazalizar a los defensores y organizaciones sociales que estamos en defensa de la vida, capacitando a defensores (…) Le pedimos a López Obrador una disculpa pública a las y los defensores, porque nos ha ofendido, de que nosotros somos conservadores, que estamos en contra del desarrollo. No somos eso, señor presidente”, subrayó y advirtió que se mantendrán en la lucha ante los proyectos “de muerte”, de las injusticias y del despojo de la tierra.

La activista subrayó que, aunque en esta ocasión las agresiones y descalificaciones de López Obrador y Ramírez Cuevas se dirigieron a algunas organizaciones en concreto, “en realidad va para todas las organizaciones y defensores; el gobierno nos ha declarado la guerra y nosotros solo estamos ejerciendo un derecho que nos corresponde”.

Subrayaron que el Tren Maya es un megaproyecto que representa graves riesgos e impactos ambientales, sociales económicos y patrimoniales, como ha sido advertido por comunidades, académicos, organizaciones e incluso por instancias del mismo gobierno federal.

Asimismo, agregaron, no fue decidido por el pueblo maya, ni por otro pueblo indígena mexicano, sino que se realizó una consulta sin cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos; el mismo nombre busca apropiarse de la denominación cultural indígena del pueblo maya, con el propósito de hacerlo más amigable. Frente a estas violaciones de derechos humanos, han sido varias comunidades indígenas quienes, en ejercicio de su derecho a defender su territorio, han decidido impugnar, con el acompañamiento de las organizaciones civiles, este proyecto.

El 28 de agosto pasado el presidente y su coordinador de Comunicación Social mostraron una pretendida investigación -sin fuentes ni bases- que incrimina a organizaciones como el CRIPX, CCMSS, CEMDA, Indignación, Mexicanos contra la Corrupción y medios de comunicación como Animal Político, acusándoles de recibir financiamiento internacional para oponerse al Tren Maya.

“Ante el libre ejercicio del derecho al acceso a la justicia, el gobierno federal ha iniciado una campaña de deslegitimación del trabajo de las organizaciones civiles, a través de agresiones a organizaciones defensoras e indígenas, y, de manera reciente, a través de una campaña mediática que pretende hacer ver la cooperación internacional como ilegal. La Fiscalía General de la República y otras instituciones han recibido el pasado 17 de agosto una denuncia en contra de organizaciones que se han manifestado críticamente ante el proyecto Tren Maya”, abundaron.

“Atacar la labor de las organizaciones de derechos humanos, no solo implica una grave violación al universal derecho a defender los derechos humanos, sino también tiene como objetivo invisibilizar que son las y los integrantes de las propias comunidades quienes se oponen a un proyecto que impactará de manera irreparable su territorio y forma de vida”, añadieron.

Financiamiento internacional, legal y legítimo

Jesús León Zapata, de la comunidad de los Ángeles, originario de Tabasco, pero radicado en Campeche, explicó que el CRIPX nació desde 1994-1995 para contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población y ante las fallas del Estado para responder a las necesidades de las comunidades, han buscado financiamiento externo para el desarrollo de capacidades y emprendimientos comunitarios.

“No negamos que hemos recibido recursos de fundaciones de otros países, pero tambien decimos que los recursos los aplicamos en lo que consideramos que nos hace falta, donde hay que meterle, empujar la carreta para que pueda caminar”, manifestó, al señalar que actualmente desarrollan un proyecto de educación, a través de una escuela itinerante y otro mas sobre el cuidado de la tierra y la economía.

Las organizaciones explicaron que la cooperación internacional es legal, lo mismo que los donativos de particulares, empresas y fundaciones nacionales e internacionales.

“La cooperación internacional para el desarrollo es legal, así como los donativos de particulares, empresas y fundaciones nacionales e internacionales. Es un derecho humano la solidaridad entre los pueblos y estos trascienden a sus gobiernos. En este sentido, el propio gobierno mexicano hace uso de la cooperación internacional y otorga recursos para la defensa de derechos humanos. Los recursos económicos con los que trabajamos siempre han sido transparentes y tienen como propósito fortalecer las capacidades para la exigibilidad y defensa de los derechos humanos de las personas y colectivos. Cumplimos en tiempo y forma con nuestras obligaciones fiscales, y somos frecuentemente auditados sobre el destino de estos recursos, ejercemos nuestros derechos y cumplimos nuestras obligaciones conforme al derecho mexicano”, aclararon.

“Los recursos económicos con los que trabajamos siempre han sido transparentes y tienen como propósito fortalecer las capacidades para la exigibilidad y defensa de los derechos humanos de las personas y colectivos.

“Cumplimos en tiempo y forma con nuestras obligaciones fiscales, y somos frecuentemente auditados sobre el destino de estos recursos, ejercemos nuestros derechos y cumplimos nuestras obligaciones conforme al derecho mexicano”, señalaron.

Campaña sucia pone en riesgo la vida de las y los defensores

Durante su intervención, Gustavo Alanis, del Cemda, afirmó que el presidente de la República “está muy mal informado” y consideró que es claro que las organizaciones se encuentran ante una campaña “muy sucia”, “claramente orquestada y armada desde el gobierno federal, lo cual es completamente inaceptable”.

El abogado fue más allá y calificó de “absolutamente inmoral”, salir a golpear “con mentiras” a las organizaciones civiles desde el púlpito presidencial. “Notamos mucha ignorancia y mucha insensibilidad por parte del ejecutivo federal”, agregó.

Detrás de dicha campaña -sostuvo- el objetivo es desprestigiar, desacreditar, amenazar, difamar, deslegitimizar, censurar, calumniar, estigmatizar, a las organizaciones civiles e indígenas, aumentando el riesgo en el que ya se encuentran y expondiendo a las y los defensores a otro tipo de ataques que ponen en riesgo sus vidas.

El CEMDA ha documentado más de 500 agresiones a defensoras y defensores ambientales desde enero de 2012 hasta diciembre de 2019, dijo, al señalar que al menos 18 ambientalistas han sido asesinados durante el presente sexenio y se teme que, ante la campaña de desprestigio, la violencia escale en los estados en contra de activistas, sobre todo de aquellas y aquellos que se oponen al Tren Maya, lo cual es legítimo y lícito.

“Decirle al presidente, de manera clara, frontal, directa, que no es una lucha de poder, no es politequería; lo que hay aquí es la ley, la naturaleza, las personas, su vida, su calidad de vida y es precisamente eso lo que nos mueve.

“Lo que hacemos es lícito, legítimo y siempre en el marco de la ley, reportando anualmente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y auditados por firmas conocidas y prestigiadas a nivel internacional (…) Sí hay intereses detrás de lo que hacemos y son: La naturaleza, los territorios indígenas, el medioambiente, la legalidad y el Estado de Derecho en materia ambiental y los recursos naturales de la Península de Yucatán, así como los derechos humanos de las personas”, manifestó.

Agregó que, en el caso del CEMDA, se brinda asesoría legal a organizaciones que en muchas ocasiones se oponen a proyectos como el Tren Maya “que no cumplen con la ley, que van a destruir la naturaleza y que violan los derechos humanos”.

De fondo, AMLO busca “neutralizar” a ONGs y desviar las críticas

Sergio Madrid, por el CCMSS, indicó que lo expuesto con anterioridad está contenido en un comunicado lanzado por las organizaciones hoy, que cuenta con el respaldo de más de mil 500 firmas.

Lamentó las declaraciones del presidente y destacó que sus palabras promueven la intolerancia y el deterioro del Estado de Derecho.

“Deploramos las desafortunadas afirmaciones sin sustento, en el sentido de que somos organizaciones disfrazadas de ambientalistas, disfrazadas de derechos humanos (…)”, secundó.

El activista aclaró que las organizaciones atacadas por López Obrador trabajan con comunidades campesinas e indígenas en temas como la regularización de la tenencia de la tierra, la regulación de su vida interna, la excarcelación de presos y presas indígenas, capacitación de intérpretes traductores indígenas y en derechos humanos en general.

También en torno a la contaminación del agua por glifosato, la explotación minera y afectaciones de proyectos de energía, el fortalecimiento de capacidades locales para el control de los bienes comunes y del territorio, entre muchos otros.

“Acompañamos las luchas de comunidades forestales, por ejemplo, en la década de los 80, por el derecho de manejar de manera autónoma sus bosques, proceso que ha convertido a México en un ejemplo mundial de manejo forestal comunitario, esquema que ha pemitido la conservación del bosque”, expuso.

Madrid resaltó que, en el fondo, el gobierno federal pretende “neutralizar” los esfuerzos de la sociedad civil, cerrarle el paso a la “crítica” y de defensa de los territorios para que los megaproyectos impulsados por el Estado en el sur sureste se realicen sin obstáculo, facilitando el camino a la inversión extranjera.

Aclaró que la información presentada por López Obrador, el 28 de agosto y filtrada a medios de comunicación, días antes, “es falsa”, “engañosa” y “fuera de contexto”, con cifras acumuladas en los últimos 14 años.

En austeridad gobierno federal invierte en desacreditar a sociedad civil

Edith Olivares,  jefa de Derechos Humanos de Amnistía Internacional-México, afirmó que cualquier mexicano y mexicana que considere que un acto de autoridad viola sus derechos humanos, está en su derecho de ejercer una legítima defensa legal, ya sea de forma individual o colectiva.

Estos y otros derechos no sólo están consagrados en la Constitución mexicana, sino además, son compromisos internacionales asumidos libre y soberanamente por México, que este gobierno tiene la obligación legal de cumplir y respetar.

“Desde Amnistía Internacional nos preocupa sumamente el interés que, parece haber, del gobierno de la Republica, de desacreditar la labor que realizan las organizaciones dela sociedad civil cuando nos oponemos a sus decisiones.

“Las organizaciones tenemos derecho a estar a favor o en contra de decisiones concretas, propuestas u obras que plantea el gobierno”, sostuvo, al agregar que preocupa que el gobierno destine recursos a investigar el financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil, pese a la austeridad que predica.

Las agrupaciones afirmaron que seguirán alzando la voz, cada vez que se cometen violaciones de derechos humanos, cada vez que una persona defensora sea agredida, cada vez que un ecosistema sea degradado. Nuestro trabajo nos acredita: actualmente, trabajamos con comunidades campesinas e indígenas en temas como la regularización de la tenencia de la tierra, en la regulación de su vida interna, en la excarcelación de presos y presas indígenas, en capacitación de intérpretes traductores indígenas, en la capacitación en derechos humanos en general por la contaminación del agua por glifosato, la explotación minera y afectaciones de proyectos de energía, el fortalecimiento de capacidades locales para el control de los bienes comunes y del territorio, entre muchos otros.

Exigieron del presidente de la República una disculpa pública por las agresiones directas dirigidas a las Organizaciones de la Sociedad Civil que hemos trabajado en defensa de los derechos humanos de todos y todas, emitidas por él en su conferencia de prensa.

“De su gobierno y autoridades de todos los niveles de gobierno, exigimos el respeto a las garantías a los derechos humanos de las personas defensoras, especialmente de quienes defienden su autonomía y libre determinación, su territorio, su medio ambiente y sus bienes naturales. En particular, solicitamos a la Fiscalía General de la República el estricto apego al Estado de Derecho y a los derechos humanos, en las investigaciones que se hayan eventualmente comenzado en contra de las personas defensoras, sin que sean utilizadas como mecanismos de criminalización e intimidación”, finalizaron.

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