La Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) se creó en 1973 y el 16 de diciembre de 2016 por decreto presidencial se convirtió en el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS). Asimismo, tenemos que el pasado 11 de agosto se publicó el documento sobre la Política Nacional de Suelo. Este hecho resulta de vital relevancia para los procesos de planeación territorial en México, toda vez que tuvieron que pasar casi 50 años para comprender los limitados impactos que la “regularización de la tenencia de la tierra” tuvo en los procesos de crecimiento y expansión urbana.
Si bien la historia de la planeación urbana en México es muy joven, empezamos al revés, es decir, se inició con grandes esfuerzos institucionales para componer lo que de origen estaba mal. La regularización de asentamientos “irregulares” junto con la colocación de créditos de vivienda a través del INFONAVIT desde el año 1972 y la Reforma Constitucional del 1992 que dio lugar al nuevo derecho agrario mexicano, constituyen los tres componentes perfectos que dieron lugar al caos territorial.
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Más aún si tomamos en cuenta que la mayoría de los municipios del país y como ejemplo tenemos a los de Yucatán, en donde poco más del 90% carece de instrumentos de planeación urbana y de un aparato institucional que opere dichos instrumentos y gestione el suelo de manera asertiva, da por resultado que la gran visión del territorio queda en manos de los inversionistas y desarrolladores inmobiliarios, dejando al margen la función social y ambiental del suelo.
Es decir, el suelo urbano es el activo más poderoso que tiene una sociedad y como tal, debe de ser gestionado y regulado con el mayor cuidado, porque de ello depende el buen funcionamiento de los asentamientos humanos, ya sean urbanos, costeros o rurales. En términos de recursos económicos y plusvalías, el suelo es un gran negocio para los desarrolladores, pero también debería ser un gran negocio para la ciudad y los habitantes. Ya que, si la ciudad es generadora de riqueza y plusvalías, estas deberían verse reflejadas en mejores condiciones urbanas para todos, mejores servicios, parques y equipamientos. Y ni que decir sobre poder financiar un sistema de transporte público eficiente y sustentable.
En virtud de lo anterior, aunque llevamos 50 años de atraso, hay que celebrar que por primera vez tenemos una política nacional de suelo, la cual tendrá la gran responsabilidad de uniformizar criterios y contribuir a una mejor gestión del activo más importante que tiene un municipio: su territorio. Podemos decir, que ahora sí la historia de la planeación asertiva está por empezar.
Por: Dra. en Arq. Yolanda Fernández Martínez
Directora de Habitar y más
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