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Conceden suspensión definitiva para frenar el proyecto de Grupo Posadas colindante a Xcacel-Xcacelito


02 de junio/ Cancún, Q. Roo.- El Juzgado Séptimo de Distrito, radicado en Cancún, dictó una suspensión definitiva sobre las omisiones en que incurrió la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), al eludir su obligación de atender la denuncia sobre la construcción del proyecto que el Grupo Posadas realiza en las bahías de Chemuyil y Chemuyilito, en la Riviera Maya, obras que tendrán que ser detenidas.

El acuerdo, dictado por el juez, Darío Alejandro Villa Arnaíz, indica que la dependencia federal tiene que acudir a realizar una visita de inspección al sitio e “impedir que se continúe con los trabajos de desmonte y remoción” de vegetación y en su caso, clausurar el proyecto.

Las obras incluyen la colocación de estructuras dentro del mar para forzar la creación de una playa, dragando el fondo marino, lo que impactará negativamente en todo el ecosistema de la línea de costa, con probables repercusiones al área natural protegida estatal, “Santuario de la Tortuga Marina de Xcacel-Xcacelito”.

El Grupo Ecologista del Mayab (GEMA), informó esta noche que, junto con el movimiento Salvemos Manglar Tajamar, la Red Tulum Sostenible y Moce Yax Cuxtal, lograron del Juzgado Séptimo, la suspensión definitiva respecto al recurso de queja 98/20, sin que les fuera pedida una garantía para hacerla efectiva, bajo el criterio de que la protección del medio ambiente y de los recursos naturales, es de tal importancia, que se considera de “interes social”.

“Se nos notificó que dentro de la sentencia, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el estado de Quintana Roo, fue omisa en dar respuesta, atender y dar seguimiento y/o desarrollar las actuaciones administrativas necesarias, a fin de constatar los hechos de la denuncia que presentamos el 12 de marzo del 2020, por los posible delitos ambientales en el predio ubicado en las Bahías de Chemuyil y Chemuyilito.

“La sentencia establece que hubo omisión de parte de la Profepa al no haber impedido que se continuaran los trabajos de desmonte y remoción en el predio”, detalló Araceli Domínguez, del Grupo GEMA.

Domínguez Rodríguez detalló que, conforme a la resolución del juez, no se pueden postergar los procedimientos de inspección y vigilancia en el sitio, dada la posible afectación al ecosistema ubicado en Chemuyil y Chemuyilito.

“Las organizaciones citadas logramos acreditar en nuestra queja, que es evidente que la construcción de un desarrollo en ecosistemas costeros o de anidación de tortuga marina, tiene implicaciones directas con el medio ambiente

“Por otro lado quedó pendiente la resoluión de los actos reclamados a la Semarnat, a la espera de que entregue su informe”, agregó.

El juzgador determinó también la inexistencia de otros actos reclamados, como las omisiones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado (STyPS) y a la Secretaría Estatal de Salud (SESA), que recibieron la denuncia ciudadana de que empresa mantuvo las obras durante la contigencia ambiental por el coronavirus COVID-19, pese a que el decreto federal y del propio estado, catalogaron a la construcción como una actividad no esencial que debía detenerse.

En los informes que entregaron al juez, ambas dependencias negaron tener facultades para intervenir en los hechos.

El Grupo Posadas construye palafitos de “baja densidad” en mil 496.79 metros cuadrados y un área para dos asoleaderos en una superficie de cinco mil 450 metros cuadrados, con autorización de impacto ambiental expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), encabezada por Víctor Toledo Mazur.

Las obras incluyen la colocación de estructuras de cierre dentro del mar en un área de mil 638.64 metros cuadrados para formar una caleta de 11 mil 221.08 metros cuadrados y crear playa donde no existe, para rellenarla permanentemente durante 50 años.

Los trabajos se realizan en una superficie total de 19 mil 806 metros cuadrados, es decir, 1.98 hectáreas y no se suspendieron pese a los decretos ya mencionados.

Los hechos fueron denunciados a la Profepa, de acuerdo con el expediente PFPA/29.7/2C.28.2/0031-2020; a la Semarnat, a la STyPS y a la SESA, que no actuaron, lo que dio pie a la presentación de un amparo por omisiones, el 30 de abril pasado.

El Juzgado Séptimo de Distrito negó otorgar la suspensión provisional y, en consecuencia, GEMA presentó una queja ante el Tercer Tribunal Colegiado, que otorgó una medida cautelar provisional.

Ayer se desarrolló la audiencia incidental y el Juzgado Séptimo, expidió hoy la suspensión definitiva.

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