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Austeridad paralizará el apoyo y asistencia a miles de víctimas en México: CEAV


02 de junio/ Cancún, Q. Roo.- La reducción del 75% del gasto corriente decretado por el gobierno federal, por temas de “austeridad”, paralizará las funciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), encargada de acompañar, asistir, orientar y proteger a personas vulneradas ante delitos como la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, la tortura, la detención arbitraria, el feminicidio y la trata de personas en México.

La medida trastocará la reparación de daños a víctimas e incidirá negativamente en casos seguidos por la Comisión, como el de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la llamada “Guerra sucia”, Atenco, Tanhuato, la Guardería ABC, la matanza en Tlatlaya o el Casino Royale,

La Comisión lo consignó así este martes, al exponer que el decreto por el cual se establecen las medidas de austeridad, que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicado el 23 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), “frenará sus actividades esenciales y paralizará su funcionamiento”.

El recorte del 75% del presupuesto disponible en los capítulos 2000 y 3000, correspondientes a Materiales y Suministros y a Servicios Generales -dijo- supondrá para la CEAV, la reducción del 30% de asesores jurídicos, lo que impedirá brindar asesoría jurídica y apoyo legal a mil 874 víctimas al año en todo el país, lo que incluye, por supuesto, a la Península de Yucatán.

“Perderemos el alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), con todos los datos personales de más de 34 mil 215 víctimas, así como todos los servidores, computadoras e impresoras.

“El área de traslados desaparece, por lo que será imposible tramitar 9 mil 862 traslados anuales para que las víctimas acudan a las audiencias ante el MP, Juzgados, la CNDH o diligencias de búsqueda. Los asesores jurídicos, peritos y acompañantes psicosociales tampoco podrán asistirlos durante dichas diligencias”, indicó la Comisión.

Se imposibilitará tramitar la entrega de las medidas de ayuda para más de 5 mil víctimas al mes y las 7 mil 200 víctimas que, mensualmente, son atendidas en los 32 Centros de Atención Integral que hay en México, no tendrán un sitio a dónde acudir para recibir atención psicológica, social, médica y orientación jurídica.

“El área jurídica no estará en condiciones de defender judicialmente los intereses del Estado mexicano en los 453 juicios de amparo –154 de ellos están en etapa de cumplimiento– y todos los asuntos laborales promovidos contra la CEAV.

“Sin defensa legal, la CEAV incurrirá en incumplimiento de sentencias, las cuales consumirán rápidamente el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), por lo que no habrá recursos para ayudar a las víctimas con medidas de alimentación, alojamiento, gastos funerarios, indemnizaciones ni compensaciones”, se detalló.

Sumado a lo anterior, no habrá los abogados suficientes para emitir resoluciones y hacer los análisis jurídicos técnicos de derechos humanos en indemnizaciones por daños, lo cual terminará por impedir que las víctimas puedan acceder a la compensación o reparación del daño.

Al sufrir un ajuste de personal en la Unidad de Género, quedarán pendientes los programas de sensibilización y prevención del acoso y hostigamiento sexual, así como laboral.

También quedarán pendientes las mil 100 resoluciones y 610 procedimientos judiciales en trámite, algunos de los cuales se refieren a recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana y de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en México.

En el mismo caso se postergarán las atracciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre casos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la llamada “Guerra sucia”, las protestas y violaciones a derechos humanos en Atenco; Tanhuato, el incendio en la Guardería ABC, la matanza de Tlatlaya, el Casino Royale, entre otros.

Provocará además la desaparición del área que administra el RENAVI y atiende un promedio de 500 solicitudes mensuales.

Propiciará el desmantelamiento del área que controla y vigila el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) y ello conllevará al incumplimiento de las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el fortalecimiento del control interno.

“Será imposible atender los retrasos en la atención de solicitudes en materia de transparencia, a causa de la desarticulación del área responsable.

“La Oficialía de Partes, que recibe entre 150 y 200 documentos diarios, ya no tendrá personal para atender y dar seguimiento a las notificaciones de Juzgados y Tribunales federales, CNDH, FGR, Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas estatales, organismos internacionales, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entre otras”, prosiguió.

La disminución aplicada le significará además un ajuste en la nómina debido a que la mayor parte del personal es eventual o de outsourcing y, desde 2012, sus salarios son pagados con los recursos de esas, con la autorización de la SHCP.

Sólo en las oficinas centrales, de los 388 puestos de trabajo existentes, casi el 60 por ciento está en esa situación.

Tampoco será posible pagar la renta ni los servicios de agua, luz, telefonía ni internet de las oficinas centrales, ni de los 32 Centros de Atención Integral que hay en todos los estados del país.

Se incumplirán un promedio de 43 contratos por 121.9 millones de pesos, lo que muy probablemente detonará demandas contra la institución y generará pasivos millonarios para el gobierno mexicano.

El organismo indicó que, en comparación con cualquier otra dependencia u órgano del gobierno federal, “la CEAV resentirá un impacto mayúsculo en su funcionamiento”, pues no es propietaria de ningún inmueble en los que opera, la mayoría de los servicios son subcontratados y gran parte del personal fue contratado –desde el origen de la institución– de manera irregular, con plazas eventuales y de outsourcing.

Además, heredados por administraciones anteriores, la CEAV enfrenta 453 juicios de amparo en su contra y 46 juicios laborales por montos millonarios.

Aunque la Comisión de Atención a Víctimas argumentó que se encuentra en el supuesto de excepción señalado en el numeral 38 del Decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó la reducción del 75 por ciento del gasto corriente de la Comisión Ejecutiva, el cual asciende a 139.4 millones de pesos.

La decisión se tomó “sin considerar que esa institución tiene la obligación de garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas víctimas de violaciones a derechos humanos, así como de delitos como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros”.

Tan sólo los gastos de renta, agua, luz, telefonía y otros servicios básicos contratados para la operación de la CEAV, le suponen un gasto anual de 121.9 millones de pesos.

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