Pueblos originarios, organizaciones civiles y colectivos ciudadanos participaron ayer en la Segunda Asamblea Socioambiental Peninsular, realizada en Puerto Morelos, para fijar una postura opositora al megaproyecto Tren Maya y reafirmar su honda preocupación sobre el tema hídrico, en riesgo por la operación de granjas porcícolas y la expansión del turismo mal planificado en la región.
Reunidos en el Jardín Botánico “Dr. Alfredo Barrera Marín”, en el municipio, se planteó la posibilidad de promover un amparo colectivo en la Península de Yucatán en contra de un trío de gasoductos y las dos termoeléctricas que el gobierno mexicano pretende construir en Mérida, en el vecino estado, y en Cancún, Quintana Roo.
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“Hemos propuesto llevar a cabo un litigio climático a escala peninsular con relación a los planes del gobierno federal para construir tres obras distintas de gasoducto -Cuxtal 1, Cuxtal 2 y Cuxtal 3- para aumentar en gran medida la cantidad de gas que van a poder transportar a la Península de Yucatán y construir también dos centrales termoeléctricas nuevas, una en Mérida y otra en Cancún.
“La consecuencia sería que la matriz energética de la Península quedaría comprometida en los próximos 30-40 años, con combustibles fósiles que además son sumamente contaminantes; el gas que quieren traer aquí, se plantea que se traerá de Estados Unidos y ese gas se extrae con la técnica de fractura hidráulica, que provoca muchos escapes de (gas) metano en la atmósfera”, informó Sergio Oceransky, de la fundación Yansa.
El activista alertó que, de concretarse el proyecto federal, la Península de Yucatán estaría generando emisiones más contaminantes que las de Carbono, durante más de tres décadas, para hacerse de energía.
“Para evitar que se construyan estos gasoductos, estas centrales termoeléctricas, se está proponiendo que se presente una demanda colectiva, suscrita por muchas personas, pueblos originarios y de todo tipo, porque esto afecta a todo mundo y que lo que se reclame es que se cancele la construcción de gasoductos y termoeléctricas”, explicó.
El gas producto del fracking o fractura hidráulica lo traerían de Texas, Estados Unidos, que lidera la exportación por arriba de Arabia Saudita, mediante un gasoducto que conecta con otro, en Veracruz, vía marítima. La ampliación de éste, serviría para abastecer a la Península.
“Intentamos evitar que el consumo energético de la Península de Yucatán esté contribuyendo de forma permanente a la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI)”, sostuvo.
El gobierno federal otorgó, por adjudicación directa, el contrato para el tramo de Cuxtal 1-Mayakan, a la empresa Engie, que comenzó la construcción del gasoducto a finales de enero de este año.
En esas fechas, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, declaró que las obras durarán siete meses y permitirán abastecer con gas natural a Yucatán, Campeche y Quintana Roo, importándolo a precios bajos.
El Cuxtal Fase 1 conecta con el ducto de Tuxpan, Veracruz, operado por el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagás); tendrá una extensión de 16 kilómetros y podrá transportar hasta 24 mil millones de pies cúbicos de gas; su construcción requerirá de una inversión de 25 millones de dólares.
Articulan esfuerzos en la Península, contra megaproyectos
La realización de esta segunda Asamblea responde a la convocatoria hecha por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en noviembre de 2019, a las organizaciones comunitarias de la región, para exponer ante diversas instituciones federales y estatales, los conflictos y problemáticas socioambientales que enfrenta la Península.
“Los megaproyectos, a todos niveles, están atacando nuestras formas de vida, nuestro sustento, están atacando nuestra dignidad. En la primer Asamblea que tuvimos consideramos que era necesario tener un frente común peninsular estos riesgos que ahora estamos enfrentando.
“Esta Asamblea ya tiene un proceso previo de organización que se desarrolló durante la primera Asamblea”, indicó Aurora Beltrán, integrante del movimiento “Puerto Morelos Sustentable”.
El ocho de diciembre se desarrolló la Primera Asamblea Socioambiental Peninsular, en la ciudad de Mérida, Yucatán, con 63 participantes de Campeche, Quintana Roo y el estado anfitrión, pertenecientes a 25 organizaciones comunitarias e instituciones académicas.
El tema se centró en el agua y se decidió sumarse a la iniciativa “Agua para Todos”, e incidir en los trabajos para la elaboración de la Ley General de Aguas, para lo cual se realizaron tres foros, en Mérida, en Playa del Carmen, Quintana Roo y en Holpechen, Campeche, éste último organizado por y para pueblos indígenas, explicó Sergio Oceransky, de la fundación Yansa.
Como resultado, el cuatro de febrero, temporalmente identificados como “Red Ciudadana del Agua de la Península de Yucatán” y “Consejo Ciudadano del Agua de la Península de Yucatán”, se presentó la iniciativa ciudadana de la Ley General de Aguas, para lo cual una comitiva conformada por representantes de las tres entidades, acudió a la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México.
En seguimiento a estas acciones articuladas, se desarrolló este domingo la Segunda Asamblea, que marcó entre sus objetivos el abordaje de temas como la transición energética, el agua, la defensa de los territorios y ecosistemas, los sistemas agroalimentarios y la gestión territorial sustentable, con democratización y Género como ejes transversales.
La tarde del pasado sábado se desarrolló en privado una reunión con los pueblos originarios y hoy una asamblea general, durante la cual se habló sobre litigio climático, como herramienta para encausar esfuerzos por la vía jurídica ante la amenaza que suponen diversos megaproyectos y se propuso fijar una postura frente al megaproyecto Tren Maya.
