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Exige Sindicato de Taxistas frenar operación de Uber en Quintana Roo

Adriana Varillas |03 de marzo/ Cancún, Q. Roo

Foto: Cortesía del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo.

El dirigente del Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo”, Erasmo Abelar, rechazó las acusaciones hechas por socios operadores de UBER y les reprochó el haber presentado denuncias penales en contra suya y de funcionarios del Instituto de Movilidad del estado (Imoveqroo), cuando la plataforma opera presuntamente de forma ilegal.

“Encima de que son ilegales se atreven a demandar a las autoridades. La verdad es que están perdiendo la cabeza. Es el colmo que demanden a las autoridades”, declaró, al exigirles que acaten la Ley de Movilidad que les obliga a tramitar y obtener una concesión para brindar sus servicios, debido a que entran en la categoría de transporte público.

Ayer, mujeres y hombres quienes están registrados ante UBER como socios operadores, expusieron públicamente la escalada de violencia de la que han sido objeto a manos de taxistas, coludidos con personal de Imoveqroo; agresiones que van desde la persecución, pasando por la contratación simulada del servicio, para ubicarles y detenerles, hasta llegar a los daños a sus vehículos, golpizas y amenazas de muerte por escrito, enviadas a sus domicilios, con datos que sólo posee la autoridad.

Abelar Cámara eludió referirse al tema de las agresiones, pero recriminó que UBER se mantenga operando, pese a que perdió el amparo promovido en contra de las reformas a Ley de Movilidad, aprobadas por el Congreso del estado.

El seis de junio del 2019 el Juez Cuarto de Distrito, Ricardo Ruíz del Hoyo Chávez, sobreseyó y negó el amparo que UBER México Technology & Software, presentó el 25 de octubre de 2018.

El juzgador declaró constitucional la facultad de la Legislatura local para ubicar a la compañía en la categoría de transporte público, por lo que la consecuencia de esa resolución, le obliga a tramitar una concesión.

De acuerdo con el artículo 151 de la Ley de Movilidad, vigente desde el 10 de julio de 2018, quienes brinden el servicio público de transporte contratado a través de plataformas tecnológicas o digitales, deberán presentar ante el Imoveqroo la solicitud de concesión.

Inconforme con el fallo, UBER impugnó la resolución el 21 de junio de 2019 y el caso es visto por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, con número de toca 334/ 2019, en el entendido de que es una Empresa de Redes de Transporte (ERT), de carácter privado, que sólo requiere de tramitar un permiso como los establece la propia Ley de Movilidad.

En opinión de la compañía, las ERTs no pueden ser catalogadas como un servicio público, conforme a lo establecido por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y por criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) relacionados con la acción constitucional 63/ 2016.

El tema aún no está resuelto, pero la plataforma funciona, el servicio se brinda y la autoridad, junto con los taxistas, ha desarrollado una estrategia para boicotear a la empresa, de acuerdo con los socios operadores que han sufrido diversas agresiones.

Las y los afectados, coincidieron en que existen evidencias -que expusieron- para demostrar esa colusión, pues las amenazas de muerte que reciben en sus casas, traen el número y fotografía de sus placas, el modelo del vehículo y las fotos frontales que les toman cuando son detenidos por patrullas del Imoveqroo, todos, datos oficiales, sólo en poder de la autoridad.

También mencionaron que la retención de vehículos en el corralón, representa un jugoso negocio para las arcas estatales, toda vez que por cada auto detenido, se pagan 60 mil pesos de multa para liberarlo.

Ni el gobierno del estado, ni el Imoveqroo -desde su fundación- han hecho públicos los montos de lo recaudado por cada unidad detenida a socios operadores de Uber. Pero la cifra es millonaria.

En contraste, el dato lo conoce bien el líder sindical, quien como parte de su defensa, indicó que desde la entrada de Uber, en octubre de 2016, la otrora Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) y el Imoveqroo, han levantado más de cuatro mil infracciones, cada una por 60 mil pesos.

“Nada más de noviembre a la fecha han sido como 390 infracciones. La mayoría son reincidentes dos o tres veces”, dijo, al señalar que Uber es quien salda la cuenta, con pagos en efectivo. “El dinero llega desde Holanda, que es un paraíso fiscal. Pagan en efectivo”, sostuvo.

Para Erasmo Abelar la autoridad debe obligar a Uber a frenar sus servicios, en tanto se resuelve el juicio de amparo en revisión, pues su operación representa para cada operador taxista, una pérdida de 200 pesos diarios, además de que ofrecen un servicio selectivo.

“Ellos nunca van a las colonias, a la regiones, sólo quieren trabajar en el centro o en la zona hotelera y en el aeropuerto”, reprochó.

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