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Juez suspende construcción de hotel de Riu en Cancún

Juez de Distrito suspende provisionalmente al grupo Riu, la construcción de hotel Riviera Cancún

Adriana Varillas | 02 de marzo/ Cancún, Q. Roo.

La construcción del polémico hotel Riu Riviera Cancún, en este centro vacacional, fue suspendida provisionalmente por el Juzgado Séptimo de Distrito con sede en esta ciudad, derivado del amparo promovido por un grupo de 23 menores de edad, en contra de distintas autoridades federales, estatales y municipales, por actos diversos.

Las y los demandantes reclaman “la destrucción” de la flora y la fauna endémica localizada en el sitio en donde se construye el hotel” y “la omisión de inspeccionar, verificar y sancionar el cumplimiento de la normativdad para el manejo de agua, impacto ambiental, deterioro del ecosistema, afectación a las áreas naturales protegidas inmersas en la zona”.

El 28 de febrero pasado, el Juez Séptimo, Darío Alejandro Villa Arnaiz, concedió la suspensión provisional para efectos de frenar de inmediato las obras, una vez notificado el incidente de suspensión, al no haber fijado una garantía en prenda.

Los efectos de la suspensión provisional incluyen el freno a la remoción y desmonte de tierra, vegetación y otra actividad correspondiente al proyecto.

El hotel Riviera Cancún tendrá 530 habitaciones, distribuidas en dos torres, una de siete niveles y otra de 16. Contará también con áreas recreativas, cuatro piscinas, miniclub, dos bares acuáticos, vestidores, toalleros, zona de recepción, restaurantes y servicios, área de albercas y sótanos de estacionamiento, en 63 mil 024.15 metros cuadrados.

El complejo se construye en Punta Nizuc, desde el 13 de enero pasado, con la oposición de diversos sectores de la sociedad, entre empresarios, organizaciones civiles y el propio Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

La institución se ha pronunciado en contra del proyecto, al que le fue autorizada una densidad superior a la establecida en el Plan Maestro que vio nacer a Cancún, hace casi 50 años.

El director general del Fondo, Rogelio Jimenez Pons, afirma que la realización del hotel agudiza la sobredensificación que padece la zona turística y compromete aún más la dotación de servicios.

El amparo -con número de expediente 74/ 2020- se promovió en contra de diversas autoridades que, a través de las reformas a instrumentos de planeación urbana, reglamentos y  leyes, posilibitaron que RIU obtuviera los permisos para su proyecto.

Los funcionarios demandados en el juicio son el gobernador del estado, Carlos Joaquín González; el Congreso del estado, el titular del Periódico Oficial de la entidad, el ayuntamiento de Benito Juárez; la presidenta municipal, “Mara” Lezama; el sindico, Heyden Cebada Rivas; la directora de Ecología, Guadalupe Alcantara y el director de Desarrollo Urbano, Heyden Cebada Ramírez.

A ellos se les reclama, de acuerdo con sus facultades y competencias, la aprobación de la Ley estatal de Asentamiento Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada el 16 de agosto de 2018 en el Periódico Oficial; y la modificación del Reglamento de Construcción de Cancún, publicada el 25 de octubre de 2016 en ese mismo órgano de difusión oficial.

Ello incluye la actualización del Programa de Desarrollo Urbano (PDU) 2018-2030, publicada el 17 de abril de 2019 y los efectos que devienen de esos actos, es decir, la expedición de los permisos para construir el hotel Riviera Cancún.

Otras autoridades demandadas son la titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Blanca Jimenez cisneros y el titular de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo (CAPA), Gerardo Mora, por actos u omisiones.

El antecedente

El proyecto comenzó a moverse a partir de noviembre de 2014, una vez que MX Riusa II -filial mexicana del grupo español- compró el terreno y sometió a evaluación de impacto ambiental el desarrollo planteado que, debido a las modificaciones hechas al Programa de Desarrollo Urbano de Cancún (PDU) de 2013 y 2014, poseía una densidad que había pasado de 75 cuartos por hectárea, a 270 y de menos de 10 niveles, a 20.

Desde entonces comenzaron los cuestionamientos por las irregularidades que se presentaron durante la consulta pública; surgieron litigios en contra de la licencia de construcción emitida por el municipio; se especuló sobre la probable presencia de manglares; se advirtió que la zona es altamente susceptible a los impactos del cambio climático -de acuerdo con un estudio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)- y se alertó sobre el tratamiento de las aguas residuales generadas.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), autorizó el proyecto el 18 de diciembre de 2015, luego de haberle negado el permiso ambiental el 24 de marzo de ese año.

Los litigios siguieron y, finalmente, se resolvieron a favor de la cadena española a finales del 2019, con excepción de la judicialización de la autorización de impacto abiental, que sigue vigente.

El ayuntamiento de Benito Juárez, con cabecera en Cancún emitió una nueva licencia de construcción el ocho de enero de 2020 y su Dirección de Ecología, los permisos de chapeo y desmonte y las obras arrancaron.

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