Quintana Roo

Exhiben presunta colusión del gobierno de Quintana Roo y sindicato de taxistas en amenazas y boicot a UBER

Adriana Varillas | 02 de marzo/ Cancún, Q. Roo.

Socios operadores de UBER en Cancún denunciaron la presunta colusión entre operadores del Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo” y el Instituto de Movilidad del estado (Imoveqroo) para perseguirles, detener sus unidades, impedirles brindar el servicio y amenazarlos de muerte en sus casas, como parte de una estrategia planificada que, coincidieron, se asemeja a la “delincuencia organizada”, pero a nivel institucional.

En conferencia de prensa, más de 10 mujeres y hombres, con registro en la plataforma digital, informaron que el 29 de febrero pasado presentaron una denuncia colectiva por probable asociación delictuosa, ante la Fiscalía General del estado, independientemente de las denuncias particulares que han interpuesto decenas de socios operadores.

Los hechos han sido notificados a la presidencia de la República, a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Fiscalía General de la República (FGR), debido a la escalada de violencia que no sólo ha puesto en peligro la vida de las y los operadores, sino la seguridad de clientes, ya sea locales o turistas.

Entre los probables responsables del boicot a la plataforma UBER, las y los afectados mencionaron al secretario del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo, Erasmo Abelar Cámara; a la diputada local, ErikaAcosta; y a Jorge Pérez y Bibian Castillo, director del Imoveqroo y delegada de dicho instituto en la zona norte del estado.

“Enfrentan a la competencia actuando como delincuentes, en lugar de asegurarse de que se preste un mejor servicio y sobre todo, en lugar de garantizar la seguridad de la ciudadanía y del turismo.

“Les pedimos que paren esta ola de violencia y que se aplique la ley sin favorecer a grupos de poder”, reclamaron, Carlos, Dorian, Agueda y Yunuhet, secundados por sus compañeros.

Las personas afectadas mostraron una serie de cartas, a manera de “felicitación” recibidas durante diciembre pasado, en donde son amenazados de muerte.

“Feliz Navidad. Sabemos dónde vives, sabemos quién es tu familia, si no quieres tener problemas o que algún familiar tuyo sufra un accidente DEJA DE TRABAJAR EN UBER” y si publicas algo de esto despídete de tu gente”, se lee.

Los escritos traen su nombre completo, el número de placas y el modelo del auto que conducen; llegan a sus domicilios particulares por conducto de personas que no son carteros, llevan impresas las fotos de sus rostros y de las placas de sus vehículos, indicaron, al señalar que las autoridades son las únicas que poseen sus datos a detalle, pues cuando detienen las unidades, fotografían a las y los operadores y a los vehículos que son llevados al “corralón”.

Aunado a ello hay una estrategia para “cazar” a los operadores de UBER, en la que participan el Imoveqroo y el Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo”. Consiste en solicitar el servicio y una vez que la unidad llega por la o el cliente, aparecen los conductores de taxi para agredir o el personal del Instituto para detenerles.

Incluso, confluyen ambos, para agredir a los operadores, con la salvaguarda de la propia autoridad -de acuerdo con los afectados- quienes han visto cómo los ataques a sus unidades, las golpizas a los conductores o la simple persecución y bloqueo a los mismos, suceden frente a los ojos de la autoridad, que permanece inmóvil atestiguando los hechos y, en algunos casos, facilitándolos.

“Contratan gente que pide los servicios, uno llega a recogerlos; esas personas se ponen de acuerdo con las patrullas del Imoveqroo, que llegan al lugar escoltados con vehículos polarizados y sin placas para detener las unidades nuestras”, narró Agueda.

La detención de los vehículos, retenidos en el “corralón”, resulta un negocio para el estado.

Por cada unidad a liberar, se deben pagar hasta 60 mil pesos. Yunuhet señala que actualmente hay un promedio de 30 autos retenidos, que se suman a los muchos que corrieron con la misma suerte desde octubre de 2016, fecha cuando UBER entró a Cancún e iniciaron las persecuciones.

La autoridad estatal nunca ha transparentado o rendido un informe público sobre cuánto ha entrado a las arcas por concepto de esas detenciones.

Otro factor de preocupación es que las agresiones a las y los conductores, ocurren con los turistas a bordo o a punto de subirse a los vehículos, como narran Dorian y Carlos.

“Contratan a personas para que nos entreguen a la autoridad. En Ultramar fui agredido y amenazado de muerte. Me sacaron una pistola los taxistas, todos estaban uniformados. Me amenazaron diciendo que si me acercaba ahí o cargaba pasaje que se iba a subir conmigo, me iban a matar. Por fortuna pasó una patrulla y se dispersaron y me dejaron en paz.

“La semana pasada en la zona hotelera empezaron a agredir a todas las unidades de UBER y me agarraron a patadas el auto; afortunadamente pude escapar; pero esa misma noche a cinco compañeros les destrozaron el carro”, comentó Carlos.

“He sufrido cuatro detenciones y dos agresiones desde que regresó UBER (hace dos años). La primera fue en Plaza Las Américas. Ahí me golpearon los que estaban coludidos con Tránsito.

“La segunda fue cuando Movilidad me detuvo, no quise llevar ya al pasaje y me retiré; pero en sentido contrario se acercó una patrulla de Movilidad para cerrarme el paso y atrás me bloquean. Salí a grabar, porque me fijé que el pasaje que iba a subir (los cuatreros, les llaman) se subió a un auto azul, atrás de la patrulla y en ese momento los de Movilidad accionaron sus pistolas eléctricas”, manifestó.

Dorian añade que decidió volver a su auto, pero escuchó como David Muñoz -un funcionario que identifica como parte del Imoveqroo- ordenó a los denominados “cuatreros” de atacarlo. Su vehículo resultó dañado y no puede trabajar.

El caso de Yunuhet no es diferente, excepto porque a ella sí la contrataron turistas y el servicio solicitado, era real. Al acudir a la zona hotelera a recoger a una pareja de judíos, fue interceptada por taxistas, que no permitían que los vacacionistas abordaran.

“Taparon mi camino y al momento de querer avanzar, comenzaron a golpear la unidad, quisieron abrir las puertas y cuando fui avanzando pusieron artefactos en mis llantas y se poncharon. Seguí avanzando, los clientes venían espantados, un auto particular se nos cerraba y yo iba avanzando con las llantas casi destruidas.

“Los turistas me decían ‘vamos a meternos a cualquier hotel, tenemos miedo’. Marcamos al 911, pero estaban tardando mucho. Llegamos a un punto, los clientes se bajaron y me quedé con las llantas destruidas y pateado el carro. En otra ocasión similar, en Punta Cancún, iba a recoger a unas personas en el Mandala, pero los taxistas los zarandearon a los turistas, los jalonearon para que no subieran”, narró.

Al respecto, Agueda subrayó: “Cómo es posible que a un turista se le trate de esa manera. Se le secuestre, se le amenace, los tengan que corretear, apedreen los autos y no se dan cuenta los taxistas de zona federal, ADO y Utramar, que son los más conflictivos, la repercusión que va a tener si ellos siguen actuando de esa manera; más allá de que ganen, todos vamos a perder”.

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